Meta diseñó sus plataformas para que los menores no pudieran dejar de usarlas, lo sabía y lo ocultó. Cuatro estados de EE UU arrancan en Oakland el proceso judicial más trascendental que ha afrontado la compañía fundada por Mark Zuckerberg, con una indemnización potencial que amenaza la propia supervivencia del grupo.
Meta compareció ayer ante el tribunal federal de Oakland (California) para afrontar la primera jornada del juicio más decisivo de su historia. Cuatro estados —California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey— encabezan una acusación colectiva que integra demandas de casi una treintena de territorios del país. La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, del Distrito Norte de California, preside un caso que, según los propios fiscales, podría cambiar para siempre el funcionamiento de las redes sociales en Estados Unidos. El juicio se prolongará entre seis y ocho semanas.
La acusación sostiene que Meta diseñó deliberadamente Facebook e Instagram para crear adicción entre los usuarios más jóvenes, recopiló datos de menores de 13 años sin consentimiento paterno y ocultó sus propias investigaciones sobre los daños causados. Megan O’Neill, fiscal general adjunta de California, fue directa ante el jurado de ocho personas: el modelo de negocio de Meta consistía en «enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recopilar sus datos y luego ocultar la verdad al público». Y añadió sin rodeos: «Funcionó especialmente bien con los niños».
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El diseño de la adicción
La acusación sostiene que Meta no construyó herramientas neutrales, sino mecanismos específicamente concebidos para explotar la neurología adolescente. El scroll infinito, el botón de «me gusta», los algoritmos de recomendación, las notificaciones de reenganche y la reproducción automática de vídeos son los elementos señalados por los fiscales como instrumentos de captación compulsiva. La empresa, argumentan, sabía que los cerebros juveniles buscan constantemente recompensas y son especialmente sensibles a la retroalimentación social, y diseñó sus productos en consecuencia.
O’Neill explicó ante el jurado que una empleada de la compañía llegó a estudiar las características del cerebro adolescente para optimizar el rendimiento de las plataformas. «Meta investigó y sabía mucho sobre el cerebro de los niños: cómo buscan constantemente recompensas, su gran sensibilidad a la retroalimentación social y a la opinión de los demás», afirmó la fiscal. Los menores, subrayó, no eran usuarios: eran un «producto» del que se hacía seguimiento continuo para venderles artículos y mantenerlos enganchados, pese a saber que «era malo para ellos».
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La ocultación interna
Una de las acusaciones más graves apunta a que Meta no solo conocía los riesgos, sino que impidió activamente que esa información saliera a la luz. Según la fiscal, la compañía intervino en sus propias investigaciones sobre salud mental y bienestar juvenil, bloqueó el acceso de trabajadores internos a los estudios que documentaban los daños y evitó que terceros realizaran investigaciones similares. La empresa estaba, en palabras de O’Neill, «tan preocupada por que lo que sabía sobre los niños llegara al conocimiento del público, que intervino activamente en sus propias investigaciones».
El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, lo resumió con contundencia ante los medios: «Meta sabía que sus plataformas podían perjudicar a los jóvenes, pero continuó con prácticas diseñadas para mantenerlos enganchados, sacrificando horas de sueño, distracciones en la escuela e incluso llegando a considerar el suicidio, porque más tiempo en línea significaba más dinero para Meta». Los funcionarios estatales presentarán como prueba que la compañía celebró reuniones internas para debatir cómo gestionar esos riesgos sin alterar su modelo de negocio.
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La defensa de Zuckerberg
Meta presentó sus alegaciones iniciales negando que los fiscales hayan logrado demostrar daño real causado por Facebook e Instagram. La compañía se escuda en dos pilares jurídicos: la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión, y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que exime a las plataformas de responsabilidad por los contenidos publicados por sus usuarios. La defensa arguye además que el concepto de «adicción a las redes sociales» no constituye un diagnóstico psiquiátrico oficialmente reconocido.
Liza Crenshaw, portavoz de Meta, formuló la posición de la empresa en un comunicado: «Los fiscales generales no presentan pruebas de que nadie en sus estados haya sido engañado». Y añadió que la acusación «puede calificar este caso de histórico, pero sus alegaciones son limitadas y carecen de fundamento». La compañía insiste en que funciones como tener una cuenta adicional de Instagram no perjudican a sus usuarios y en que se intenta penalizar a Meta por problemas que, según su versión, «afectan a todo el sector».
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Los testigos que pueden decidirlo todo
El jurado escuchará a lo largo de las próximas semanas los testimonios de las figuras más relevantes de la compañía. Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, y Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram, deberán responder sobre sus propios informes y comunicaciones internas, en un intento de la acusación por demostrar que la dirección conocía los efectos de sus algoritmos sobre la salud mental de los jóvenes y optó por priorizar la rentabilidad de la empresa.
El testigo potencialmente más dañino para Meta podría ser Arturo Béjar, exempleado convertido en denunciante. Exinvestigador de seguridad de la compañía, Béjar ya prestó un testimonio contundente en el juicio de Nuevo México celebrado en febrero, en el que acusó a la empresa de exponer a su propia hija adolescente a depredadores en la plataforma. Su comparecencia en Oakland podría ser determinante para acreditar que los ejecutivos de la compañía conocían los riesgos y los ignoraron de forma deliberada.
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Lo que está en juego
Las cifras son de vértigo. La reclamación conjunta podría rondar los 200.000 millones de dólares según los propios fiscales, aunque Meta calcula que la demanda máxima ascendería a 1,4 billones —cifra que representa prácticamente la totalidad de su valor bursátil— para argumentar lo desproporcionado de la acción judicial. Los títulos de la compañía han perdido ya casi un 30% de su valor en los últimos doce meses, y tiene reservados 2.400 millones de dólares para hacer frente a las demandas pendientes.
Más allá del dinero, una sentencia desfavorable obligaría a Meta a rediseñar en profundidad sus aplicaciones: eliminación del scroll infinito, verificación parental, supresión del recuento de «me gusta» para menores y fin de las notificaciones de reenganche. El proceso es el más llamativo de entre más de 1.500 demandas que afrontan las redes sociales, y los fiscales lo comparan explícitamente con la batalla legal contra las tabacaleras en los años noventa —que acabó redefiniendo una industria entera— y lo califican como «la mayor demanda en materia de protección del consumidor de la historia de Estados Unidos».
