Japón calificó de «muy lamentables» las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, la magistrada japonesa Tomoko Akane. La medida, que también afecta al jurista senegalés Abdoulaye Seye, profundiza el enfrentamiento entre la Administración Trump y el tribunal encargado de juzgar los crímenes internacionales más graves.
«Las medidas anunciadas resultan muy lamentables», declaró el portavoz del Ministerio japonés de Asuntos Exteriores, Toshihiro Kitamura.
Tokio aseguró que mantendrá su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho dentro de la comunidad internacional, al tiempo que continuará comunicándose con Estados Unidos y otros países.
Kitamura recordó que Japón ha apoyado de manera constante los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar y sancionar los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional.
La reacción supone un reproche poco habitual de Tokio a Washington, su principal aliado estratégico. Japón es Estado parte del Estatuto de Roma desde 2007 y uno de los principales apoyos políticos y financieros de la Corte.
La presidenta y un abogado principal de la Fiscalía
El Gobierno estadounidense incluyó el martes en su lista de sanciones a Tomoko Akane y Abdoulaye Seye.
Akane, presidenta de la CPI desde marzo de 2024, es una magistrada japonesa con una larga trayectoria como fiscal. Seye es un abogado senegalés que ejerce como senior trial lawyer, o abogado principal de litigación, dentro de la Fiscalía de la Corte.
El jurista formó parte del equipo que solicitó la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. También ha sido propuesto como candidato a juez de la CPI.
Las sanciones bloquean los bienes que ambos puedan poseer dentro de la jurisdicción estadounidense o que pasen por el sistema financiero de Estados Unidos. También prohíben, con carácter general, las transacciones de ciudadanos y entidades estadounidenses con las personas designadas.
Sus efectos pueden extenderse fuera de Estados Unidos, ya que bancos, aseguradoras y empresas internacionales suelen restringir operaciones con personas sancionadas para evitar riesgos dentro del sistema financiero estadounidense.
Washington acusa a la Corte de exceder sus competencias
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Akane y Seye participaron directamente en iniciativas de la CPI destinadas a «investigar, detener o procesar» a funcionarios de países cuyos gobiernos no han aceptado la jurisdicción del tribunal.
«La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y excedido su mandato», sostuvo Rubio.
El Departamento de Estado ha presentado su campaña como un esfuerzo para «desmantelar la amenaza» que, según Washington, representa la Corte para la soberanía estadounidense y sus aliados.
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI. Israel tampoco ha ratificado el instrumento y rechaza la jurisdicción del tribunal.
La Administración Trump se opone especialmente a las investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos por personal estadounidense en Afganistán y a las actuaciones relacionadas con la guerra de Gaza.
La disputa sobre la jurisdicción
El argumento estadounidense parte de que la CPI no debería investigar o procesar a ciudadanos de países que no han aceptado su jurisdicción.
La Corte mantiene una interpretación diferente. El Estatuto de Roma le permite investigar presuntos delitos cometidos en el territorio de un Estado parte, aunque los sospechosos sean nacionales de un país que no reconoce al tribunal.
Esta es la base jurídica invocada en los casos de Afganistán y Palestina. Afganistán pertenece a la Corte y Palestina fue admitida como Estado parte en 2015.
Washington sostiene que esa interpretación vulnera su soberanía y la de Israel. Los defensores de la CPI responden que la nacionalidad de los sospechosos no excluye la jurisdicción territorial de la Corte.
La controversia se ha intensificado desde que los jueces de la CPI emitieron en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant.
La CPI advierte de un ataque al orden jurídico internacional
La Corte rechazó las sanciones y aseguró que continuará desempeñando su mandato «con independencia e imparcialidad», de acuerdo con el Estatuto de Roma.
«Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional», declaró la institución.
La CPI considera que las medidas socavan el Estado de derecho y pueden intimidar a jueces, fiscales, abogados y organizaciones que colaboran con sus investigaciones.
Las consecuencias no se limitan a las personas sancionadas. La dependencia de servicios bancarios, aseguradores, informáticos y de telecomunicaciones vinculados a empresas estadounidenses puede dificultar el funcionamiento cotidiano del tribunal y el contacto con víctimas y testigos.
Akane ya había advertido que la acumulación de sanciones podía poner en peligro la propia existencia de la institución.
Japón eleva el tono
Hasta ahora, Japón había defendido la CPI mediante una diplomacia prudente. El Gobierno japonés había planteado sus inquietudes en contactos privados con Washington, pero evitó sumarse a varias declaraciones internacionales de condena.
Esta cautela motivó críticas de Human Rights Watch y otras organizaciones japonesas, que reclamaron a Tokio una defensa pública más firme del tribunal y de su presidenta.
La declaración del miércoles supone un cambio de tono, aunque Japón no ha anunciado medidas concretas para neutralizar los efectos de las sanciones.
Human Rights Watch calificó la decisión estadounidense como un intento de proteger de la justicia a funcionarios estadounidenses e israelíes presuntamente implicados en crímenes graves.
La organización pidió a los 125 Estados miembros de la CPI que condenen las sanciones y adopten medidas para garantizar que el tribunal pueda seguir funcionando.
El conflicto coloca a Japón ante un delicado equilibrio: preservar su alianza con Estados Unidos y, al mismo tiempo, defender una institución internacional de la que forma parte y cuya Presidencia ocupa una ciudadana japonesa.
