La vicesecretaria de regeneración institucional del PP registra en el Congreso una proposición no de ley con once medidas que sitúan la entrada masiva de migrantes en el terreno de la seguridad nacional. La iniciativa reclama devoluciones generalizadas, incluidos menores, en una posición que choca con la legalidad vigente y con dos inhabilitaciones recientes por exactamente la misma razón.
El Partido Popular (PP) ha decidido que la crisis de Ceuta no es una emergencia humanitaria. Es un problema de seguridad nacional, soberanía e integridad territorial. Esa reencuadre no es accidental ni improvisado: es la columna vertebral de la proposición no de ley (PNL) registrada ayer en el Congreso por la vicesecretaria de regeneración institucional, Cuca Gamarra, con once medidas que van desde la activación de la Ley de Seguridad Nacional hasta la puesta en marcha de un mando único del Estado para coordinar la respuesta. La iniciativa no tiene carácter vinculante, pero su objetivo político es nítido: fijar el relato y someter al Gobierno a una presión creciente desde unas coordenadas en las que el PP se siente más cómodo que en el debate humanitario.
Gamarra situó el foco en la incapacidad del Ejecutivo para restablecer la normalidad en Ceuta, donde, a su juicio, la situación sigue sin resolverse diecinueve días después de la entrada masiva que causó más de un centenar de muertos. «Tenemos que blindar la seguridad en la ciudad», defendió en un tono que mezcla la urgencia con la acusación directa al Gobierno de Pedro Sánchez. El elemento más político de la propuesta, sin embargo, no es el mando único ni el refuerzo de las fuerzas de seguridad, sino la exigencia de «retorno inmediato» a Marruecos de todos los que entraron irregularmente el 30 de julio. «Sean menores o adultos. Es el único camino. No hay otra vía», enfatizó Gamarra.
La PNL y el reencuadre de la crisis
El PP ha optado por desplazar la discusión desde la asistencia migratoria hacia la capacidad soberana del Estado para custodiar una frontera que es, al mismo tiempo, el límite exterior de la Unión Europea (UE). En ese reencuadre, la propuesta apela a que la UE califica a Marruecos de «país seguro», lo que, según los populares, permitiría rechazar las solicitudes de asilo de quienes accedieron a territorio español desde allí. Una tesis que coincide con la defendida por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, partidario de anular las concesiones de protección internacional desde la ciudad autónoma, y que el Gobierno rechaza por incompatible con la legalidad vigente.
La propuesta incluye además el despliegue inmediato de todos los medios tecnológicos y materiales necesarios en la frontera, la activación de la agencia europea Frontex en la zona, y el fin de lo que Gamarra tachó de «regularizaciones masivas». En el plano normativo, el PP aboga por un «refuerzo jurídico y estructural» de la frontera a través de la reforma de la Ley de Extranjería para blindar el rechazo de quienes accedan a nado. La doble lectura de la iniciativa es clara: responder a un escenario que los populares perciben como colapsado y, al mismo tiempo, arrebatar al Gobierno el control del relato sobre qué tipo de crisis es esta.
El problema de los menores y la legalidad
El punto más problemático de la propuesta es la exigencia de devolución de los menores no acompañados. Gamarra planteó que regresen con sus familias o, en su defecto, con los servicios sociales de Marruecos, de los que aseguró que «además dicen que los están esperando». La propia dirigente popular reconoció que la aplicación de esta medida depende de Rabat, y reclamó al Gobierno que exija el cumplimiento de los acuerdos bilaterales en materia de control fronterizo y readmisión.
Lo que Gamarra no mencionó es que la legalidad española e internacional impone restricciones muy precisas a las devoluciones de menores. De hecho, la anterior delegada del Gobierno en Ceuta y la ex vicepresidenta de la ciudad autónoma fueron inhabilitadas por devolver de forma precipitada a menores a Marruecos en la crisis anterior. El PP sitúa al Ejecutivo en una posición más maximalista que la suya propia, pero lo hace desde una propuesta cuya aplicación real choca con el marco legal que el mismo Gobierno está obligado a cumplir.
Mando único y presión política
El tercer eje de la iniciativa popular es la creación de un mando único del Estado que asuma la coordinación de la respuesta, con refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluyendo el Ejército, y más especialistas en la lucha contra las mafias de tráfico de personas. La PNL plantea también incorporar a Frontex de forma operativa en la zona fronteriza, una demanda que el PP lleva semanas introduciendo en el debate como forma de europeizar la crisis y esquivar la responsabilidad bilateral con Marruecos.
Que la proposición no tenga carácter vinculante no resta utilidad política a la maniobra. Sirve a la dirección popular para documentar su posición, forzar votaciones incómodas en el Congreso y mantener al Gobierno en una posición defensiva. El debate que el PP quiere imponer ya no discurre sobre los flujos migratorios ni sobre la atención humanitaria que reclama la ministra Elma Saiz, sino sobre seguridad nacional, soberanía e integridad territorial. Un terreno en el que la competencia con Vox empuja al principal partido de la oposición hacia posiciones cada vez más difíciles de distinguir de las de la ultraderecha.
