El presidente de Ceuta amenaza con llevar la crisis ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, pero horas después firma con la ministra de Inclusión un acuerdo para habilitar cuatro nuevos espacios de acogida. El Gobierno interpreta que el dirigente popular sobreactúa bajo la presión de la ultraderecha y un PP en competencia directa con Vox en el discurso migratorio.
Ceuta lleva diecisiete días convertida en el epicentro de la crisis migratoria más tensa que ha vivido España en el presente ciclo político. El 30 de julio, miles de personas cruzaron irregularmente desde Marruecos, y desde entonces la ciudad autónoma acumula en torno a 9.000 migrantes en sus calles, playas y descampados. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta desde hace 25 años y dirigente del Partido Popular (PP) que siempre se distinguió por su moderación y su disposición a colaborar con el Gobierno central, ha ido endureciendo su discurso hasta protagonizar este lunes una comparecencia extraordinaria que, por momentos, rozó la provocación política.
En esa rueda de prensa, Vivas acusó al Ejecutivo de «absoluta pasividad» y de «maquillar la realidad». Amenazó con recurrir a las Cortes Generales, al poder judicial, a las comunidades autónomas, a los sindicatos y «a quien haga falta». Llegó incluso a insinuar que podría haber «una intención oculta» de La Moncloa para no restituir la situación. «Hasta la caída definitiva [de Ceuta]», deslizó, como si Pedro Sánchez quisiera, en sus propias palabras, entregarla a Marruecos. Sin embargo, pocas horas después de esas declaraciones, Vivas se sentó con Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y alcanzó un acuerdo en términos que el Gobierno calificó de «avance importante».
La presión de la ultraderecha
Las fuentes del Ejecutivo consultadas por los medios coinciden en un diagnóstico: Vivas está sobreactuando. El cambio de tono respecto a 2021 —cuando la colaboración entre ambas administraciones fue total y la ciudad autónoma cedió varios edificios públicos— se atribuye a una presión social creciente y a un contexto político radicalmente distinto. El ambiente antiinmigrante se ha endurecido en cinco años. Los agitadores ultraderechistas y la propaganda racista circulan con mucha más fuerza en las redes, y el PP compite directamente con Vox en un terreno en el que hasta hace poco mantenía cierta distancia. La batalla política sobre la migración, que ya ha enfrentado a Madrid y Roma en Europa, llega ahora a la política local española con una intensidad inédita.
Fuentes del entorno de Vivas ofrecen, en cambio, otra lectura: la situación es objetivamente peor que en 2021, con casi el triple de personas que entonces —9.000 frente a 3.500—, y el presidente ceutí tiene un único objetivo prioritario: que abandonen Ceuta quienes cruzaron el 30 de julio. El Gobierno rechaza esa equivalencia y recuerda que las expulsiones están sujetas a un marco legal muy preciso, y que dos cargos de sendas administraciones —la anterior delegada del Gobierno y la ex vicepresidenta de Ceuta— fueron inhabilitados por devolver precipitadamente a menores a Marruecos.
El acuerdo: cuatro nuevos espacios
El pacto alcanzado entre Saiz y Vivas contempla la habilitación de cuatro nuevos espacios de acogida temporal con una capacidad inicial de 1.500 camas, ampliable en los próximos días. La ciudad autónoma cede el antiguo aparcamiento de Loma Colmenar, a un lado de la carretera que conduce a la frontera del Tarajal, donde murieron al menos 141 personas en 2021. El Estado pone el antiguo campo de fútbol del Cuartel de Caballería, la Hípica y el espacio del Guano. Este último emplazamiento, frente a la playa del Trampolín, ya cuenta con duchas y baños portátiles instalados por los militares.
Saiz describió el acuerdo como «un avance importante que demuestra que tiene que haber colaboración entre las administraciones porque es la única manera de resolver los problemas». La ministra de Inclusión también anunció que el Ministerio ha aportado 6,5 millones de euros a Cruz Roja para asistencia humanitaria, que ha distribuido 4.000 kits diarios de comida e higiene. Además, el centro de internamiento temporal existente recibirá nuevos catres llegados de la península e incorporará una perspectiva de género con sectores exclusivos para mujeres, con el objetivo de reducir las agresiones sexuales. La ministra de Sanidad, Mónica García, que había visitado la ciudad el domingo, había reprochado a Vivas que no pusiera a disposición instalaciones similares a las de 2021: «A mí me duele que no haya espacios habilitados», afirmó García.
El Congreso, nuevo frente
La crisis de Ceuta ha desbordado el ámbito local y autonómico para instalarse en el centro del debate parlamentario. Al menos siete ministros comparecerán ante el Congreso a lo largo de las próximas semanas para dar explicaciones sobre la gestión de la emergencia. Mónica García ha solicitado comparecer el día 27 en la comisión de Sanidad; Saiz lo hará el 28 en la suya; y Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia de Izquierda Unida (IU), ultima también su fecha. Estos comparecerán junto a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Exteriores, José Manuel Albares; Defensa, Margarita Robles; y Presidencia, Félix Bolaños, que ya tienen fechas cerradas a partir del día 25.
En el Senado, el PP ha escenificado el reproche con otra silla vacía: Albares no acudió a la comisión correspondiente, repitiendo el gesto de Grande-Marlaska cinco días antes. La presidenta de la comisión, la popular Pilar Rojo, denunció la «marginación» de la Cámara alta, mientras senadores del PP, Junts y Vox formulaban una misma pregunta sin respuesta: «¿Qué falló el 30 de julio que no falló el 15 de agosto?». El Gobierno sostiene que el Congreso tiene prevalencia sobre el Senado en el control al Ejecutivo y que las comparecencias se producirán con el tiempo necesario para prepararlas adecuadamente. La Vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, resumió la posición del partido con contundencia desde Madrid: «No es una crisis migratoria, es una crisis de integridad territorial».
La retórica del PP, que hace suya la tesis de la «integridad territorial» para enmarcar lo que es, antes de nada, una emergencia humanitaria, ilustra hasta qué punto la competencia con Vox ha desplazado el centro de gravedad del principal partido de la oposición. Vivas, que durante un cuarto de siglo rechazó con claridad el discurso xenófobo de la ultraderecha, protagonizó este lunes una jornada que el Gobierno no dudó en leer como el resultado de esa misma presión. El hecho de que pocas horas después de sus declaraciones más duras se sentara a negociar y firmara un acuerdo abona esa interpretación.
