El presidente ceutí acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «pasividad casi absoluta» tras las entradas masivas registradas a finales de julio. Aunque invoca al Tribunal Supremo y al Constitucional, todavía no ha precisado qué recurso jurídico pretende presentar.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó este lunes la presión sobre el Gobierno español y le concedió un plazo de 30 días para restablecer la normalidad en la ciudad tras las entradas masivas registradas desde Marruecos a finales de julio.
En una comparecencia posterior a una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno ceutí, el dirigente del Partido Popular advirtió de que recurrirá al poder judicial si durante ese periodo no se produce un cambio sustancial.
«Mi intención es transmitir la situación a la presidenta del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quieren recibir», declaró Vivas, quien calificó la justicia de «piedra angular del Estado de derecho».
Una advertencia judicial todavía imprecisa
La formulación empleada por el presidente ceutí no equivale, por ahora, al anuncio de una demanda concreta contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni contra su Ejecutivo.
Vivas no precisó qué procedimiento podría iniciar, ante qué jurisdicción ni sobre qué fundamento legal. Su anuncio combina una advertencia política con la intención de trasladar la situación a las máximas autoridades del Tribunal Supremo y del Constitucional.
El dirigente ceutí acusó al Gobierno central de mantener una «pasividad casi absoluta» y de haber intentado presentar como normalizada una crisis que, según sostiene, continúa afectando a la seguridad, los servicios públicos, la acogida y la convivencia en la ciudad.
Críticas por la gestión de la crisis
Vivas reclamó conocer cuántas personas permanecen en Ceuta, cuántos expedientes de devolución se han iniciado y qué medidas prepara el Ejecutivo para impedir que se repitan entradas similares.
Entre sus propuestas figura el desplazamiento de unos 50 funcionarios especializados en extranjería, con el objetivo declarado de tramitar hasta 15.000 expedientes durante un mes.
También exigió una mayor implicación del Estado en la recuperación económica y social de la ciudad y pidió reforzar la cooperación con Marruecos para controlar la frontera y facilitar las readmisiones. Estas últimas afirmaciones forman parte de la posición política de Vivas y no han sido acompañadas de nuevas pruebas sobre una eventual responsabilidad marroquí en los acontecimientos.
Disputa sobre los centros de acogida
La confrontación se extiende a los lugares destinados a alojar temporalmente a los migrantes. El Gobierno ceutí asegura estar dispuesto a colaborar en la habilitación de nuevos espacios, pero rechaza utilizar la denominada Fábrica de Harinas, un inmueble perteneciente al Ministerio de Defensa situado en una zona urbana.
Vivas respondió además a las críticas de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien había reclamado soluciones urgentes ante la situación humanitaria. El presidente ceutí defendió la solidaridad de la población, aunque sostuvo que la respuesta no puede recaer exclusivamente sobre una ciudad con recursos y territorio limitados.
La advertencia abre un nuevo frente entre el Ejecutivo de Sánchez y el Gobierno local del PP. Dentro de 30 días se sabrá si se traduce en una iniciativa judicial concreta o permanece como instrumento de presión política.
