La acumulación de nuevas obligaciones normativas —sistema de facturación electrónica Verifactu, reglamento europeo de inteligencia artificial y registro horario— ha elevado a 226 horas anuales el tiempo medio que cada autónomo dedica a trámites, un 13% más que en diciembre. El impacto económico del colectivo al completo supera los 11.700 millones de euros, según la Federación de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos.
Los 3,5 millones de autónomos españoles destinan de media 226 horas al año a gestiones burocráticas, a un coste medio de 15 euros la hora, lo que arroja un gasto individual anual de 3.390 euros. Sumado al conjunto del colectivo, el acumulado asciende a 780 millones de horas y un impacto económico total de 11.770 millones de euros, según las conclusiones del informe presentado ayer por la Federación de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA). La cifra representa un incremento del 13% respecto a diciembre del año pasado, un aumento que la patronal atribuye directamente al aluvión de nuevas obligaciones normativas que ha entrado en vigor o se encuentra en fase de implementación en los últimos meses.
«La burocracia y los trámites están ahogando al colectivo. Llevamos años oyendo hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero es algo que nunca llega a hacerse realidad porque cada vez hay más normas y obligaciones», denunció el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante la presentación del informe. La consecuencia directa, argumentó, es que «los autónomos deben dedicar más horas fuera de su negocio y actividad a cumplimentar trámites y obligaciones fiscales de todo tipo», un tiempo que se sustrae a la generación de valor y a la vida personal. El 90% de los profesionales del colectivo constata, según la propia organización, que las cargas administrativas, tributarias y de Seguridad Social están aumentando.
Las 226 horas robadas al negocio
Las estimaciones de ATA apuntan a que cada trabajador por cuenta propia dedica al menos cuatro horas semanales de su tiempo de descanso a trámites burocráticos. No son horas de trabajo habitual: son horas que se restan al tiempo libre, a la familia o al descanso necesario para mantener la actividad. El 41% de los autónomos considera que reducir este tipo de gestiones es su prioridad principal, por encima incluso de otras demandas económicas, precisamente porque percibe la carga burocrática como un obstáculo directo a su capacidad de generar ingresos y de conciliar vida laboral y personal.
La situación se agrava de forma notable para quienes tienen empleados a cargo, un segmento que ronda el millón de personas dentro del colectivo. ATA advirtió que para este grupo el sistema actual «es insostenible», ya que a las obligaciones propias del trabajador autónomo se suman las derivadas de ser empleador: cotizaciones, contratos, registros, comunicaciones con la Seguridad Social e inspecciones de trabajo. La doble condición de empresario unipersonal y empleador convierte la carga administrativa en un problema que puede comprometer la viabilidad del negocio más allá de la productividad del trabajador.
El aluvión normativo
Tres novedades regulatorias concentran la crítica de la patronal. La primera es Verifactu, el sistema obligatorio de facturación electrónica impulsado por la Agencia Tributaria con el objetivo de incrementar el control y la transparencia en la operativa diaria con facturas y tickets. El sistema estaba previsto para entrar en vigor en julio de este año para autónomos y pymes, pero el Gobierno lo ha retrasado hasta 2027, una postergación que ATA interpreta como reconocimiento implícito de la complejidad de su implantación pero que no resuelve la incertidumbre sobre los plazos definitivos.
La segunda es el nuevo reglamento de inteligencia artificial (IA) de la Unión Europea (UE), cuya implementación se está realizando de manera gradual hasta agosto de 2028 y que introducirá obligaciones específicas para quienes utilicen herramientas de IA en sus negocios. La tercera es la obligación de registrar el horario de los trabajadores, una normativa que está en proceso de reforma pero que ya genera costes de adaptación para los autónomos con empleados. Las tres convergen en el mismo momento, amplificando una carga que la patronal considera estructuralmente desproporcionada para un colectivo que, por definición, no puede distribuir esas tareas entre un equipo administrativo.
Las propuestas de la patronal
ATA plantea medidas concretas para reducir la presión burocrática. La principal es pasar del modelo actual de cuatro declaraciones fiscales anuales a una o como máximo dos. «No solo supone un coste añadido, sino que merma drásticamente su capacidad de conciliación», argumentó Amor, que añadió: «Cada día dedicamos más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza». La reducción del número de declaraciones permitiría, según la organización, liberar tiempo productivo sin comprometer la recaudación ni la trazabilidad fiscal, siempre que se mantengan los mecanismos de control telemáticos.
La federación también recuerda su colaboración con el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública a través de un buzón digital de incidencias donde los profesionales pueden registrar los problemas encontrados en su relación con las distintas administraciones. El mecanismo existe, pero ATA considera que sus aportaciones no se traducen con suficiente rapidez en cambios reales. El diagnóstico de la patronal es claro: la voluntad política de simplificar existe en el discurso, pero la tendencia real va en sentido opuesto. Y mientras el debate institucional sobre la carga administrativa sigue abierto, las 226 horas anuales de burocracia siguen siendo tiempo que no se dedica a trabajar.
