Expulsiones aceleradas, menores sin contar, miedo a la devolución, conferencia sectorial bloqueada y una ciudad fracturada en dos realidades: el balance de una emergencia que el Gobierno español trata de cerrar sin romper con Rabat.
Dos semanas después de la avalancha del 30 de julio, la crisis de Ceuta ha entrado en una fase de gestión política que es también una carrera contra el tiempo. La ciudad autónoma sigue albergando a entre 5.000 y 9.000 personas —según se utilicen las cifras del Gobierno o las del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular— en condiciones de emergencia humanitaria. Los procesos administrativos avanzan con lentitud. Las instituciones negocian, se bloquean mutuamente y exhiben sus diferencias ante la ciudadanía.
El Ejecutivo ha fijado una hoja de ruta: acelerar las expulsiones de los adultos sin derecho a protección, tramitar los expedientes de asilo caso a caso, organizar el reparto de los menores entre comunidades autónomas y devolver la normalidad a la ciudad. Los obstáculos son formidables: la ley limita las devoluciones, la derecha bloquea el reparto, las cifras reales de menores siguen sin cerrarse y la ciudad vive su propia crisis social paralela. Estas son las cinco claves.
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La prioridad del retorno
El Gobierno ha convertido la palabra «retorno» en el eje de su comunicación pública. De las aproximadamente 8.000 personas que permanecen en Ceuta, el Ejecutivo estima que unas 3.000 —migrantes económicos adultos marroquíes sin posibilidad de asilo— serán expulsadas. El ministerio del Interior ha acelerado la tramitación de todas las solicitudes de protección y ya ha resuelto más de 500, «la gran mayoría desestimatorias», según Marlaska. Quienes reciben respuesta negativa serán repatriados.
El cambio de tono en el discurso oficial ha sido notable. Varios ministros han repetido en los últimos días la misma fórmula: «Ceuta y Melilla son españolísimas» y «hasta la última persona que entró irregularmente volverá a Marruecos». Pero el ministro del Interior tuvo que matizar después que España aplica la ley «en parámetros humanitarios» —lo que excluye las devoluciones de menores y asilados—, lo que reduce los retornos posibles a una minoría del total de quienes permanecen en la ciudad. La promesa de expulsión masiva y la realidad jurídica no coinciden.
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El enigma de los menores
Quince días después de la avalancha, el Gobierno central sigue sin saber cuántos menores permanecen en Ceuta sin atención. La cifra oficial de menores identificados es de 1.898, pero el número real es muy superior y todavía no está cerrado. El director xeral de Familia de Galicia, Jacobo Rey, que participó en la reunión técnica autonómica del jueves, calificó de «absolutamente incomprensible» que a esas alturas todavía se hablara de menores escondidos en casas y sin registrar. La conferencia sectorial del 27 de agosto tendrá ese trabajo pendiente.
Los 25 millones de euros aprobados por el Ejecutivo para atender a los menores de Ceuta cubren, según el propio Gobierno, únicamente la asistencia de un millar de ellos. Los sistemas de protección de las comunidades autónomas ya están saturados: Baleares, cuya presidenta popular, Marga Prohens, comunicó que su red tiene 897 menores acogidos, más del doble de su capacidad ordinaria de 434 plazas, reclamó datos concretos antes de sentarse a negociar cuotas. Sin saber cuántos son ni cuáles son sus circunstancias, es imposible diseñar el reparto.
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El miedo a la devolución
Las palabras del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, prometiendo que «hasta la última persona» retornaría a Marruecos, se propagaron en minutos por los grupos de WhatsApp de quienes permanecen en Ceuta. «Ya han llegado a un acuerdo», escribió Siraj, de 16 años, a un amigo. Para quienes llevan dos semanas durmiendo en la playa del Trampolín o en el polígono de El Tarajal, a la espera de ser registrados en el sistema de protección de menores, la noticia llegó como la confirmación del peor de sus temores.
El miedo no afecta solo a los adolescentes. Una madre que huyó de Marruecos para escapar de un marido que la maltrataba resumió su situación ante las cámaras de El País: «Si vuelvo a Marruecos, mi marido me mata». Hamza, de 26 años, lleva días sin conciliar el sueño en el barrio de El Príncipe. «He pasado mucho frío y no me he atrevido a dormir por miedo a que llegara la policía», contó. Para ellos, el retorno anunciado no es una política migratoria administrada con criterio humanitario: es una amenaza directa que crece con cada comparecencia ministerial.
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La conferencia sectorial bloqueada por el PP
El primer intento de coordinar el reparto de los menores entre las comunidades autónomas terminó entre reproches mutuos y boicots. Las tres administraciones donde el Partido Popular gobierna con Vox —Aragón, Castilla y León y Extremadura— no asistieron a la reunión telemática del jueves: la extrema derecha, que gestiona las competencias de menores en esos territorios, se negó a participar. Las comunidades del PP presentes, por su parte, bloquearon la inclusión de la situación de los menores en el orden del día de la próxima conferencia sectorial.
El único acuerdo alcanzado fue fijar la fecha de esa conferencia —el 27 de agosto— y aprobar el crédito extraordinario de 25 millones de euros del Gobierno central. Los populares alegan que no tienen datos suficientes para sentarse a negociar cuotas. La ministra Sira Rego respondió desde las redes que «la protección de la infancia no entiende de siglas ni de fronteras» y recordó que ningún gobierno autonómico puede negarse a recibir menores sin incumplir la ley. El bloqueo, por ahora, persiste.
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La ciudad partida en dos
La playa del Trampolín es el mapa físico de la crisis. A un lado de la pasarela de madera que la atraviesa, los jóvenes marroquíes esperan en grupos la ración de comida que reparte Cruz Roja. Saben que serán expulsados y lo asumen. Al otro lado, cientos de subsaharianos han convertido el arenal en un campamento semipermanente de chabolas de caña y plástico. Guardan celosamente su documentación —el pasaporte del país del que huyeron— porque es la clave para solicitar asilo y saben que su devolución no será exprés. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, abrió ayer una actuación de oficio para conocer las medidas adoptadas ante la crisis humanitaria que vive la ciudad.
La fractura no es solo geográfica. Los barrios periféricos de Ceuta —El Príncipe, Sidi Embarek, Habú— concentran la presencia migrante y soportan la mayor parte de las tensiones generadas por estas dos semanas de emergencia. Los vecinos de esas zonas expresan un hartazgo que no tiene que ver solo con la crisis: es el resultado acumulado de años sintiéndose olvidados por el centro de la ciudad y por el Estado. «El problema es que no nos llamamos Paco ni Pepe. Ceuta es España, pero nosotros somos españoles de segunda», dice un taxista del barrio de El Príncipe. Ceuta es España. Pero no toda Ceuta es igual.
