El acuerdo con la Iglesia Católica, firmado doce días después de las elecciones autonómicas, da continuidad a un convenio que se remonta al franquismo y destina fondos públicos a 117 curas en hospitales cuya atención primaria está saturada y cuya ratio de psicólogos clínicos es la peor de España.
El Gobierno andaluz de PP y Vox cerró un acuerdo con la Iglesia Católica el 29 de mayo, apenas doce días después de las últimas elecciones autonómicas, para pagar 7,4 millones de euros durante esta legislatura a cambio de mantener 117 capellanes católicos en sus hospitales públicos. El pago ascenderá a 1,8 millones de euros al año hasta 2030, y da continuidad a una presencia de curas en los hospitales andaluces cuyo primer convenio se remonta a 1986 y cuyas raíces ideológicas se hunden en el Concordato entre el Estado español y la Santa Sede de 1953, cuando España era una dictadura nacional-católica. Cuatro décadas después de la Constitución, el ejecutivo andaluz considera que financiar capellanes con dinero público es una prioridad compatible con el colapso de la atención primaria, la saturación de las urgencias y la escasez crónica de profesionales sanitarios.
La reacción de los colectivos sanitarios y laicos fue inmediata. Marea Blanca Sanitaria y Andalucía Laica —la delegación territorial de Europa Laica— calificaron el acuerdo de «insulto a la ciudadanía», un gasto superfluo que contraviene el carácter laico y la aconfesionalidad del Estado recogidos en la Constitución. El presidente de Europa Laica, José Antonio Naz, fue más directo: «En un país con el 40% de la población sin religión, estos privilegios con la Iglesia son de la Edad Media. Es de chiste solucionar los grandes problemas de la sanidad pública andaluza rezando». Solo el 17,4% de la población española se declara católica practicante, según los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Un convenio con raíces en el franquismo
El portavoz de Marea Blanca, Sebastián Martín, señaló algo que la Consejería andaluza prefiere no subrayar: los acuerdos con la Iglesia que el actual convenio perpetúa se remontan al Concordato firmado entre el Estado español y el Vaticano en 1953, trasladado a la red hospitalaria andaluza en 1986. Naz va más lejos en su caracterización histórica: «No es solo el dinero, es la sensación de estar en el mismo sitio desde hace 70 años. Desgraciadamente no se le da importancia a algo tan fundamental como este convenio y a las fuentes ideológicas del embate actual ultra: es la tradición católica romana del franquismo y el nacionalcatolicismo, que ahora viene con fuerza desde la ultraderecha».
La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias defiende el convenio argumentando que lleva cuatro décadas vigente, que también existe un acuerdo con la Iglesia evangélica desde 2011 —aunque este no implica ningún pago para la Junta— y que «ninguna otra confesión religiosa ha pedido o planteado la firma de convenio similar». El argumento de la antigüedad como justificación es, en sí mismo, una declaración política: lo que se remonta al franquismo no merece, en la lógica del ejecutivo andaluz, ningún cuestionamiento. Sencillamente se renueva.
Lo que Andalucía no tiene
La decisión de destinar 7,4 millones a capellanes adquiere su dimensión real cuando se pone al lado de lo que la sanidad andaluza no tiene. La atención primaria de la región satura los servicios de urgencia. Las listas de espera crecen. La ratio de psicólogos clínicos es de cinco especialistas por cada 100.000 habitantes, menos que la media española —seis— y muy por debajo de la media europea, que oscila entre 18 y 20 por cada 100.000 habitantes. El portavoz de Marea Blanca lo expresa con crudeza: «La Junta distorsiona la visión de la sanidad andaluza. Relega y margina los temas de salud pública, prevención y atención primaria, y amplía convenios con la religión. ¿Qué pinta un capellán, que no tiene nada que ver con la ciencia y la asistencia médica, en un hospital donde se atienden problemas de salud?».
Ambos colectivos exigen a la Junta la derogación inmediata del convenio y que los 7,4 millones se destinen a nuevas contrataciones de personal sanitario, a reducir las listas de espera y a potenciar la psicología clínica. La sanidad era, según el Centro de Estudios Andaluces —el equivalente regional del Centro de Investigaciones Sociológicas— el principal problema para los andaluces en primavera, justo antes de las elecciones. En junio cayó al cuarto puesto. El convenio con la Iglesia se firmó en ese intervalo.
El negocio de la fe pública
Los términos económicos del acuerdo son precisos. Los obispos reciben del ejecutivo autonómico 18.496 euros brutos por cada capellán a jornada completa en los hospitales, y 9.248 euros por jornada parcial. En el caso del hospital de referencia andaluz, el Virgen del Rocío de Sevilla —con 1.534 camas y 10.103 sanitarios—, el convenio estipula siete capellanes a jornada completa y uno a media jornada. Sin embargo, uno de los sacerdotes que presta servicio allí, el padre peruano Isaac Lino, confirmó que en la práctica solo hay cinco operativos, lo que significa que el Arzobispado cobra por dos religiosos y medio que no acuden a trabajar. La Consejería alega que «se paga por servicios», pero el convenio establece con claridad el número de capellanes que deben estar presentes. El Arzobispado de Sevilla no ha aclarado la discrepancia.
La Junta se protege contractualmente de las consecuencias de esa opacidad: el convenio aclara que el ejecutivo andaluz «carece de relación contractual o de prestación de servicios con los capellanes», cuyo vínculo laboral es siempre con la Iglesia. De ese modo, el Gobierno evita responsabilidades directas o subsidiarias por los actos de los curas en los hospitales. Para prevenir casos de pederastia en el contacto con niños ingresados, el acuerdo exige que todos los capellanes acrediten no haber sido condenados por delitos sexuales. Es la única cautela que la Junta ha considerado necesario introducir en un convenio que destina fondos públicos a una institución religiosa para que opere en el corazón del sistema sanitario de todos los andaluces.
