Los números que maneja el Ejecutivo desmontan las promesas de expulsión masiva: solo unas 3.000 personas serán devueltas, mientras la ciudad autónoma sigue acogiendo a unas 8.000 en condiciones precarias.
Dos semanas después de la avalancha del 30 de julio, el Gobierno dispone por fin de una cifra concreta para gestionar la crisis de Ceuta. El Ejecutivo estima que hasta 5.000 personas de las que permanecen en la ciudad autónoma tienen derecho a algún tipo de acogida en España: unos 2.500 son menores no acompañados —unos 1.000 más de los calculados inicialmente— y otros 2.500 son potenciales solicitantes de protección internacional, en su mayoría ciudadanos subsaharianos. El resto, aproximadamente 3.000 personas —migrantes económicos adultos marroquíes sin posibilidad de asilo—, serán expulsados. No los 8.000 que siguen en la ciudad. No los 80.000 que cruzaron. Tres mil.
La cifra desnuda la distancia entre el discurso político y la realidad jurídica. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, prometió el martes que «todos los que entraron en Ceuta de forma irregular serán devueltos a Marruecos». La afirmación, técnicamente correcta como aspiración, es prácticamente inviable como política: la legislación española e internacional obliga a tramitar expedientes individualizados para cada menor, protege a los solicitantes de asilo mientras se resuelve su situación y prohíbe los retornos colectivos. El propio titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que ya hay en marcha «más de 400 expedientes de protección internacional» y que quienes tengan derecho a asilo lo obtendrán. Las expulsiones masivas prometidas se reducen, en la práctica, a quienes no tienen ninguna de esas opciones.
Quién puede quedarse y quién no
La legislación española e internacional establece criterios claros sobre quién tiene derecho a permanecer en territorio español. Tienen derecho al asilo quienes sufren persecución, violencia grave o proceden de países inmersos en conflictos armados. El Parlamento Europeo considera a Marruecos país seguro, lo que excluye automáticamente a los nacionales marroquíes de esa vía, aunque no a quienes proceden de terceros países y llegaron a través de él. Entre los que siguen en Ceuta hay palestinos en El Tarajal —que sí entrarían en la categoría de asilados— y subsaharianos de Mali, Siria, Afganistán o Venezuela, países cuyas situaciones de conflicto o persecución son reconocidas internacionalmente.
Los datos que maneja el Gobierno permiten afinar el perfil de los que permanecen en la ciudad. De los 8.000 que no han regresado a Marruecos —la gran mayoría de los 80.000 que cruzaron lo hizo voluntariamente en las primeras horas—, una altísima proporción son marroquíes adultos mayores de edad, el grupo que constituye los 3.000 candidatos a la expulsión. El resto —los 5.000 acogibles— son principalmente menores y ciudadanos de países terceros con opciones reales de protección. La Administración ha abierto expedientes caso por caso, como subrayó Marlaska, porque no hay otra forma legal de proceder.
El peso real de los menores
El grupo más sensible y políticamente más explosivo es el de los menores. El Gobierno maneja una horquilla de hasta 2.500, aunque la filiación sigue en curso y el número exacto no está cerrado. De ellos, hay en torno a 600 niñas y unos 400 menores de 13 años, según fuentes del Ejecutivo consultadas, lo que demuestra que el perfil de las entradas irregulares «está cambiando», como describió la ministra de Infancia, Sira Rego. La edad y el género de quienes cruzan ya no responden al estereotipo del joven adulto en busca de oportunidades económicas.
La legislación es categórica en este punto: ningún menor no acompañado puede ser retornado sin una evaluación individualizada de su situación y sin las garantías de protección previstas por la ley española e internacional. UNICEF España lo recordó ayer al Gobierno con toda la claridad posible, añadiendo que cualquier decisión sobre el futuro de esos niños y niñas debe basarse en su interés superior, «no en la voluntad de dos gobiernos». La organización abre la puerta a la reunificación familiar —quienes tengan padres o familiares directos en su país de origen o en algún punto de España o la Unión Europea serán conducidos junto a ellos— pero insiste en que esa opción solo es válida si la familia puede efectivamente hacerse cargo.
Presión sobre las comunidades autónomas
El horizonte inmediato del Ejecutivo pasa por dos hitos. El primero es un Consejo de Ministros previsto para el 25 de agosto, en el que se habilitará la partida de 25 millones de euros comprometida por la ministra Elma Saiz para la atención de los menores no acompañados; el Gobierno estudia elevar esa cifra en función de las necesidades reales. El segundo es una conferencia sectorial a finales de mes para organizar el reparto de los menores entre las comunidades autónomas, un proceso que ya encuentra una resistencia organizada antes incluso de haberse convocado.
La derecha y la ultraderecha llevan días preparando su oposición. Vox, con sus cuatro vicepresidentes autonómicos en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, ha anunciado que impugnará judicialmente el reparto. El Partido Popular acepta un sistema de distribución solidaria pero discrepa de las cuotas fijadas por el Gobierno y exige que los menores sean devueltos a Marruecos. La ministra Rego sabe que la reunión técnica de hoy —presidida por el secretario de Estado Rubén Pérez en lugar de por ella misma, señal de su carácter preliminar— no resolverá nada sustantivo: su único objetivo declarado es fijar la fecha de la conferencia sectorial y aprobar el orden del día.
