El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, agita tres frentes a la vez: la soberanía de Ceuta y Melilla, la cooperación judicial y la política de regularización, mientras el Gobierno español sigue sin articular una respuesta de Estado.
El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, lleva días construyendo una presión diplomática en múltiples frentes que el Gobierno español no ha sabido o no ha querido responder con la contundencia que la situación exige. La última amenaza llegó ayer en declaraciones a la agencia EFE: si España no respeta los procedimientos de entrega de personas reclamadas por Marruecos, Rabat podría suspender el acuerdo bilateral de extradición.
«Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos», afirmó Ouahbi. No era una advertencia abstracta. Era la culminación de una semana en la que el mismo ministro había declarado que la soberanía de Ceuta y Melilla es un asunto «pendiente» para Marruecos y había anunciado reuniones bilaterales en septiembre para abordar las reivindicaciones territoriales del reino alauí.
La amenaza sobre el acuerdo de extradición tiene una lógica interna que Ouahbi explicó con detalle. Según el ministro, cuando Marruecos solicita a España la entrega de una persona, las autoridades españolas la detienen inicialmente, pero en ocasiones la transferencia no llega a producirse pese a que los agentes marroquíes ya se han desplazado para hacerse cargo de ella.
«Nosotros también aplicamos el mismo procedimiento, mientras que sí entregamos a todas las personas cuya entrega solicitan los españoles», argumentó. El agravio comparativo que construye Ouahbi mezcla hechos reales —las entregas entre países vecinos nunca son automáticas— con una instrumentalización política evidente: la amenaza llega en el peor momento posible para España, cuando el Gobierno necesita la cooperación marroquí para gestionar la crisis de Ceuta.
La amenaza sobre la extradición
La suspensión del acuerdo de extradición sería un golpe significativo para la cooperación judicial entre ambos países, aunque sus efectos prácticos serían más limitados de lo que la retórica sugiere. Los acuerdos de extradición no son el único mecanismo para la entrega de personas entre Estados, y su suspensión no impediría que Marruecos siguiera cooperando en materia de seguridad cuando le interesara políticamente. Lo que sí haría es privar a España de un instrumento legal y enviar una señal política de primer orden: Rabat está dispuesto a deteriorar la relación bilateral de forma activa si Madrid no cede en otras cuestiones.
El timing de la declaración no es casual. Ouahbi habló mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitaba Ceuta y advertía de que las ciudades autónomas «no se tocan». La simultaneidad de mensajes opuestos —firmeza española, escalada marroquí— refleja una partida en la que Rabat mide constantemente la capacidad de respuesta de Madrid. Lo ha hecho históricamente con incidentes de baja intensidad, como la crisis de la isla de Perejil en 2002, y lo vuelve a hacer ahora con una crisis de una dimensión muy superior. La diferencia es que esta vez hay 141 muertos, miles de menores en situación de desamparo y una presión política interna que el Gobierno español no puede ignorar.
La crítica a la regularización
El segundo frente abierto por Ouahbi afecta a la política migratoria española. El ministro marroquí criticó abiertamente la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, argumentando que genera un efecto llamada que Marruecos tiene que gestionar en su propio territorio. «Nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación», denunció. Y añadió la queja que, según él, le trasladan los propios migrantes: «Nos dicen: «¿Por qué nos paráis si España nos acepta?»».
El argumento de Ouahbi es políticamente conveniente para Rabat y factualmente parcial. La regularización española tiene criterios estrictos y no equivale a una política de puertas abiertas. Pero la crítica tiene una utilidad interna para el régimen de Mohamed VI: desplaza la responsabilidad de la avalancha del 30 de julio desde la permisividad deliberada de las autoridades marroquíes —que, según testigos y servicios de inteligencia españoles, facilitaron activamente el paso— hacia las políticas del Gobierno de Sánchez. Es un ejercicio de ingeniería narrativa que el Ejecutivo español no ha desmentido con la eficacia necesaria.
La escalada en clave geopolítica
La acumulación de presiones marroquíes —soberanía, extradición, regularización— responde a una estrategia que los historiadores de las relaciones hispano-marroquíes conocen bien: Rabat utiliza los momentos de debilidad política española para recalibrar los términos de la relación bilateral. El Gobierno de Sánchez atraviesa el tramo final de la legislatura con una mayoría parlamentaria fragmentada y una oposición que lleva días exigiendo su dimisión por la gestión de la crisis de Ceuta. Es el momento que Marruecos ha elegido para presionar.
A ese contexto se suma el fortalecimiento de la posición internacional de Rabat. La creciente sintonía del reino alauí con Washington y Tel Aviv —Estados Unidos e Israel son grandes aliados de Marruecos— añade peso geopolítico a sus reivindicaciones. La Unión Europea, por su parte, tiene sus propias tensiones internas sobre la política migratoria, con países como Italia o Suecia adoptando posiciones cada vez más hostiles hacia los modelos de acogida mediterráneos. En ese escenario, España no puede contar con la solidaridad intracomunitaria automática que resolvió crisis anteriores. Lo que el Gobierno tiene a su disposición son instrumentos diplomáticos y legales que, hasta ahora, ha preferido no utilizar con la contundencia que la situación requiere.
