Un tribunal federal de apelaciones ha paralizado las obras en superficie del polémico salón de baile impulsado por Donald Trump en la Casa Blanca. La sentencia establece que una intervención de semejante magnitud necesita la autorización expresa del Congreso, aunque esté financiada parcialmente mediante donaciones privadas.
La batalla por el gran salón de baile proyectado por Donald Trump ha dejado de ser una controversia arquitectónica para convertirse en un conflicto sobre los límites del poder presidencial.
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó, por dos votos contra uno, la suspensión cautelar de las obras en superficie mientras el Congreso no autorice el proyecto. La resolución permite, no obstante, continuar determinados trabajos subterráneos considerados necesarios para la seguridad del complejo presidencial.
La mayoría del tribunal subrayó que la Casa Blanca es un monumento nacional y una propiedad del pueblo estadounidense. En consecuencia, el presidente no dispone de autoridad ilimitada para reconstruirla de acuerdo con sus preferencias personales.
Trump calificó el fallo de «horrendo», «políticamente motivado» e «ilegal» y anunció que recurrirá ante la Corte Suprema. La presentación del recurso no garantiza que el alto tribunal acepte examinar el caso.
Un proyecto duplicado hasta los 400 millones
El salón ocuparía el lugar del ala este, demolida en octubre de 2025. El edificio proyectado tendría unos 8.400 metros cuadrados y capacidad para cerca de mil invitados en recepciones, cenas de Estado y actos oficiales.
Su presupuesto inicial, estimado en 200 millones de dólares, se ha elevado hasta aproximadamente 400 millones. Trump sostiene que la parte ceremonial se costeará con aportaciones privadas y empresariales.
El presidente presentó inicialmente el proyecto como una solución a la falta de un espacio suficientemente amplio para grandes actos en la Casa Blanca. Posteriormente, la Administración añadió que la construcción incorporaría un búnker, instalaciones médicas, comunicaciones protegidas y sistemas defensivos frente a posibles ataques.
Los jueces no se pronunciaron sobre la utilidad del proyecto. Su decisión se refiere al procedimiento seguido: las alegaciones de seguridad nacional no eliminan, según la mayoría, la obligación de obtener la aprobación del Congreso.
Patrimonio público y donaciones privadas
El litigio fue promovido por el National Trust for Historic Preservation, una organización sin ánimo de lucro con funciones reconocidas por el Congreso. La entidad sostiene que la demolición y reconstrucción de una parte sustancial de la residencia presidencial no podían emprenderse sin autorización legislativa y sin los controles correspondientes.
La sentencia es cautelar y no resuelve definitivamente el fondo del caso. Sin embargo, establece un límite inmediato: las obras visibles del salón no podrán continuar mientras el Congreso no dé su consentimiento o la Corte Suprema suspenda la orden.
El conflicto plantea además una cuestión más amplia. Aunque los donantes privados asuman parte del coste, el edificio resultante pertenecerá al Estado y tendrá consecuencias presupuestarias, patrimoniales y de seguridad duraderas.
La última gran reconstrucción integral de la Casa Blanca, realizada durante la presidencia de Harry Truman entre 1949 y 1952, contó con la intervención del Congreso. El tribunal considera que Trump debe seguir una vía institucional comparable.
De llegar a la Corte Suprema, el caso podría sentar un precedente sobre la capacidad de los futuros presidentes para modificar propiedades federales emblemáticas. Lo que comenzó como el proyecto personal de un gran salón se ha convertido así en una prueba de la separación de poderes en Estados Unidos.
