Una semana después de la llegada masiva de migrantes, las autoridades y las entidades trabajan para identificar a los menores que permanecen en Ceuta sin cobijo, mientras las cifras de presentes, fallecidos y no acompañados difieren radicalmente según la fuente. La batalla política por el reparto entre comunidades contrasta con una realidad humanitaria en la que miles de menores siguen sin acceso a un sistema de acogida desbordado.
Una semana después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, las autoridades y las organizaciones no gubernamentales (ONG) trabajan sobre el terreno para identificar a los menores que permanecen en la ciudad autónoma sin cobijo. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, llegó ayer a la ciudad para conocer la situación de primera mano y permanecer hasta el sábado. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, admitió que las cifras de personas presentes son «cambiantes» y reconoció que hay familias con niños durmiendo en la calle.
Mientras la batalla política discurre por los canales del reparto entre comunidades, en la propia ciudad hay más incertidumbre que certeza. Desde el Gobierno central se han manejado estimaciones de unas 2.500 personas presentes —con unos 500 menores y 82 fallecidos—, mientras el Ejecutivo ceutí calculaba cerca de 6.000 personas, más de 860 menores registrados y más de cien fallecidos. La asociación de vecinos del barrio del Príncipe Alfonso realizó un recuento no oficial que alcanzó los 4.860 registros sin concluir. La organización Caminando Fronteras eleva el total de fallecidos a más de 140.
Cifras que nadie confirma
La disparidad en los datos de fallecidos resulta especialmente significativa. El Gobierno marroquí limita a once el número de muertos en su territorio durante la avalancha, mientras ONG españolas y marroquíes elevan esa cifra a más de 60 en suelo marroquí, frente a las entre 72 y 88 que manejan las fuentes oficiales de la ciudad autónoma española. En el hospital de Ceuta permanecen ingresadas 17 personas; allí se han realizado también pruebas para determinar la edad de algunos de los atendidos cuya minoría de edad suscitaba dudas. Ningún organismo ofrece por el momento un recuento definitivo.
La mayoría de los menores registrados en los recuentos no oficiales son personas de entre 15 y 17 años, aunque el censo vecinal del barrio del Príncipe Alfonso también contabilizó niños de entre 11 y 13. Save the Children estimaba ayer entre 4.000 y 6.000 los menores no acompañados en las calles de Ceuta. La portavoz de la organización Sur Acoge señaló que «resulta evidente que hay miles de personas en la calle», aunque precisó que cuantificarlas es tarea que corresponde a la Administración y no a las entidades civiles.
Las entidades, en primera línea
Ante el colapso de los centros habilitados, las ONG y los propios vecinos de Ceuta han asumido un papel de primera línea. La Cruz Roja trabaja en coordinación con las autoridades para recopilar información sobre vínculos familiares y apoyar el registro de datos personales. La organización Sur Acoge detalla que colabora en la «identificación y protección de niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a Ceuta» y, una vez localizados, los acompaña a comisaría para su filiación y posterior tutela del sistema de protección de la ciudad autónoma, que aún tiene cientos de menores sin identificar.
El Ministerio de Juventud e Infancia contempla varias vías de respuesta para los menores no acompañados: la reagrupación familiar con los progenitores cuando se garantice el interés superior del menor, la acogida vinculante por parte de otras comunidades y convenios con entidades especializadas. La presidenta de Sur Acoge considera que «lo ideal es que los menores vuelvan con sus familias siempre que sea posible», aunque advierte de que la complejidad del caso de los llegados no permite esa solución a corto plazo ni de forma generalizada para la inmensa mayoría.
Las niñas, las más expuestas
Save the Children emitió ayer una alerta sobre la situación de las niñas que han salido del sistema de protección. La organización las describe en una situación de especial vulnerabilidad, con riesgo de ser agredidas sexualmente o de caer en redes de trata. En el campo de fútbol de la barriada de La Reina, vecinos de la ciudad se han organizado espontáneamente para acoger a las menores que cruzaron el Estrecho a nado. Llegan solas, algunas descalzas, tras días durmiendo en el monte o escondidas en garajes.
La Guardia Civil mantiene un centenar de uniformados adicionales en las calles de la ciudad, mientras Frontex y Europol permanecen en alerta. Un informe preliminar elaborado a partir de publicaciones en redes sociales y conversaciones en aplicaciones de mensajería identifica una convocatoria en Marruecos que fija el 15 de agosto como fecha de un nuevo intento de paso. Según fuentes del instituto armado, el documento considera que «el riesgo de materialización es real», aunque reconoce que «su magnitud es incierta».
El Gobierno ha abierto una oficina de desaparecidos en Ceuta que registra ya 32 denuncias y trabaja para identificar a 29 personas a través de muestras de ADN. El ministerio que dirige Rego prevé habilitar las instalaciones de un segundo colegio como acogida provisional, sumándose al ya operativo con capacidad para 110 personas. En menos de un mes, la reapertura del curso escolar agotará esas soluciones temporales. Ceuta vive la gestión de la crisis al día, sin un recuento oficial definitivo y con la amenaza de una nueva llegada masiva antes de que la primera haya encontrado respuesta.
