El Consejo Extraordinario de ministros de Interior de la Unión Europea celebra hoy una reunión de urgencia por videoconferencia. España llegará con los datos de Frontex —segunda frontera más segura del Mediterráneo, la mitad de entradas irregulares que Italia— y con la carta de Von der Leyen, que dio un giro total respecto a su posición del viernes. Las diferencias estructurales con los veintidós países que firmaron la carta de Meloni y Frederiksen persisten.
El viernes pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que Europa «no puede permitir que nadie venga a nuestra Unión sin respetar nuestras normas». El lunes, la misma Von der Leyen envió una carta a Pedro Sánchez en la que reclamaba «solidaridad» con España, felicitaba a Marruecos como «socio importante para controlar el tráfico de personas» y elogiaba la actuación del Gobierno español. Fuentes de la delegación española en Bruselas calificaron el giro de «brutal». En cuatro días, la jefa de la Comisión había pasado de la advertencia al respaldo explícito.
El cambio llegó después de que España documentara que la mayoría de las personas que cruzaron la frontera habían sido devueltas a Marruecos en menos de cuarenta y ocho horas y que ningún movimiento secundario relevante fue detectado hacia el resto del continente. Las cancillerías europeas empezaron a suavizar el tono. La reunión de embajadores celebrada ayer para preparar el Consejo Extraordinario fue, según fuentes diplomáticas, «constructiva». Pero la distancia de fondo con los veintidós firmantes no desaparece con un giro de Von der Leyen.
Los datos de Frontex que España desplegará ante sus socios
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto presentar hoy ante sus homólogos los datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), que desmienten la imagen de frontera desbordada proyectada por los signatarios de la carta Meloni-Frederiksen. En el primer semestre de este año, España registró 7.860 entradas irregulares por el Mediterráneo occidental, frente a los 16.643 de Grecia y los casi 15.000 de Italia. Las llegadas cayeron un 42% en el conjunto de 2025 y un 25% adicional en lo que va de año hasta el 16 de julio.
«No se puede dudar del compromiso de España con sus obligaciones europeas», señalaron fuentes del Ministerio del Interior. El Gobierno reclamará más «responsabilidad y compromiso» a sus socios, subrayará el contraste con la crisis bielorrusa de 2021 —cuando la solidaridad con Polonia y Lituania fue unánime— y pedirá financiación adicional para el refuerzo de la frontera sur. Marlaska no planteará, no obstante, cambios al marco legal comunitario: el Ejecutivo considera que las normas vigentes son suficientes y que el problema es de aplicación, no de legislación.
El giro de Von der Leyen y los cuatro que no firmaron
El viraje de Von der Leyen no fue espontáneo. Refleja la presión de los cuatro países que se negaron a firmar la carta de Meloni y Frederiksen: Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo. Y la constatación de que los argumentos jurídicos de España son sólidos: Ceuta no forma parte del espacio Schengen, no hubo movimientos secundarios documentados y la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno no tiene vínculo causal demostrado con la avalancha del jueves. «A pesar de que todo apunta a que fue nulo», admiten fuentes del Ejecutivo.
Pero el giro tiene sus límites. «Hay una profunda división política, con cada socio mirando a lo suyo, y un malestar generalizado con España», resumió una fuente gubernamental de un país de la eurozona. Margaritis Schinas, exvicepresidente de la Comisión, fue más directo: «Sánchez está solo, es el único líder socialista de peso en Europa». Los países escandinavos y bálticos están distanciados por lo que perciben como insuficiente compromiso español con el gasto de defensa y con el apoyo a Ucrania. El resto del continente, a izquierda y derecha, mantiene el reproche por la regularización.
Lo que Bruselas acaba de descubrir sobre su frontera sur
La crisis de Ceuta ha sido, en el análisis de quienes la siguen desde las instituciones comunitarias, «en el fondo más geopolítica que migratoria». Josep Borrell, exjefe de la diplomacia europea, critica que Italia y otros socios hayan «abusado del ordenamiento jurídico de la Unión Europea en flagrante violación del principio de cooperación leal». Y Luis Simón, investigador del Instituto Elcano, advierte de que las medias tintas en la gestión de la relación con Marruecos, tanto en Madrid como en Bruselas, «inducen a pensar que tenemos un potencial problema grave de seguridad en la frontera sur».
El Consejo Europeo de octubre tiene en el orden del día el refuerzo de los mecanismos de alerta temprana en fronteras exteriores. La crisis de Ceuta acelerará ese debate, aunque los socios llegarán también con sus propias agendas. La pregunta que queda después de la reunión de hoy es si Europa es capaz de construir una política migratoria común o si, como sugiere la reacción de estos días, prefiere utilizar las crisis ajenas como palanca de presión interna. Los precedentes, a juzgar por lo visto esta semana, no animan al optimismo.
