Seis días después de la avalancha del jueves, Ceuta sigue partida en dos. El centro presenta una tranquilidad cosmética sostenida por la presencia policial, mientras en la periferia el cementerio musulmán sirve de refugio y el sistema de acogida de menores trabaja al dos mil ochocientos sesenta y cinco por ciento de su capacidad. Una funcionaria fue cesada por publicar la cifra real y la Audiencia Nacional ha abierto diligencias.
La playa del Tarajal recibió ayer sus primeros bañistas desde que la crisis empezó. El Ejército mantiene un perímetro de exclusión no oficial alrededor del centro de la ciudad, lo que permite a los turistas volver a las calles que recorrían hace apenas cuatro días decenas de miles de migrantes. Pero a pocos kilómetros de distancia, junto a la barriada de Benítez, el cementerio musulmán de Sidi Embarek lleva días funcionando como albergue de emergencia. Sus tapias blancas están cubiertas de huellas oscuras. Sus lápidas, de colchones improvisados.
«Ahora mismo se trata de atender a la emergencia», resumió ayer Halima Ahmed, portavoz de la organización no gubernamental (ONG) Luna Blanca de Ceuta, que en los últimos días ha repartido más de doce mil comidas entre los migrantes que accedieron a la ciudad autónoma. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), situado a trescientos metros de la playa, está desbordado. Subsaharianos, bangladeshíes y sirios se apilan en su entrada a la espera de una plaza que no llegará. Los vecinos de la urbanización colindante han colocado vallas. La tensión es densa.
862 menores y 29 camas: el sistema al límite
La crisis de menores es la herida que más tiempo tardará en cerrarse. La capacidad ordinaria de acogida de Ceuta para extranjeros no acompañados, fijada por la ley de extranjería reformada hace año y medio, se estableció en veintinueve camas. La ciudad atiende ahora a 862 menores, cuatro veces más que hace dos semanas. El sistema trabaja al dos mil ochocientos sesenta y cinco por ciento de su capacidad. Decenas de adolescentes siguen en la calle sin identificar, escondidos de las batidas del Ejército que recorre los barrios periféricos.
El Gobierno ceutí amplía instalaciones a marchas forzadas: una nave industrial en el polígono de El Tarajal, el mismo espacio que acogió a los jóvenes llegados en 2021. Allí, sobre colchones, con pocas pertenencias, los chavales esperan sin saber nada de su futuro más inmediato. El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, admitió que el número «seguirá aumentando» hasta rondar el millar. Todos ellos deberán redistribuirse por la Península, lo que avecina un nuevo choque entre el Gobierno central y las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) con apoyos de Vox, donde los pactos recogen la oposición a recibir más menores extranjeros.
La funcionaria cesada por publicar la alerta
El viernes, mientras aún se contaban los cadáveres en el Tarajal, la Moncloa cesó a la funcionaria encargada de la web del Departamento de Seguridad Nacional (DSN). La destitución se hizo por teléfono, con la afectada de vacaciones. Su falta: había publicado una alerta que citaba fuentes del Ministerio del Interior e informaba de que 49.000 inmigrantes habían entrado irregularmente en Ceuta. El texto fue borrado poco después de su difusión. Era el primer reconocimiento oficial de la magnitud de la crisis y fue eliminado antes de que muchos lo leyeran.
La cifra que la funcionaria publicó resultó ser conservadora: las autoridades españolas elevaron el total a más de sesenta mil personas. El cese fue, no obstante, fulminante. La paradoja se explica sola: la persona que hizo pública antes que nadie una información que el propio Gobierno acabaría confirmando fue apartada de su puesto en menos de veinticuatro horas. El incidente se suma a la polémica ya abierta sobre los avisos de inteligencia que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó haber recibido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La Audiencia Nacional abre diligencias y Ajanuch vuela a Mallorca
La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas tras recibir una denuncia del partido Iustitia Europa, que pide investigar si la entrada masiva fue «una acción concertada o dirigida» por alguna organización criminal. La magistrada María Tardón ha solicitado a la Policía Nacional un informe sobre los hechos del 30 y 31 de julio. La denuncia incluye cargos por delitos contra la seguridad del Estado, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas. La competencia de la Audiencia para asumir la investigación está aún pendiente de resolución.
Desde Marruecos llega, entre tanto, una imagen que ha encendido la indignación popular: el primer ministro, Aziz Ajanuch, habría viajado en avión privado a Mallorca el viernes, pocas horas después de asistir a ceremonias de la Fiesta del Trono celebradas a escasos kilómetros de la frontera. «Con Ajanuch hemos alcanzado un récord de irresponsabilidad», denunció en Facebook la activista de derechos humanos Latifa Bushimi. Ajanuch regresó a Marruecos la noche del domingo, cuando el Gobierno emitió su primer comunicado oficial tras tres días de silencio. Tiene decidido no presentarse a la reelección en octubre.
