La Paz – La Fiscalía General de Bolivia ordenó este miércoles la detención del expresidente Evo Morales, investigado por su presunta participación en las protestas y bloqueos que paralizaron el país durante más de cincuenta días entre mayo y junio.
El fiscal general, Roger Mariaca, confirmó que se emitió una orden de aprehensión en el marco de una investigación por los cortes de carreteras que provocaron una grave crisis de abastecimiento, especialmente en La Paz y El Alto, donde se registró escasez de alimentos, medicamentos y combustibles.
Las movilizaciones, encabezadas por campesinos, trabajadores y diversos sectores sociales, exigían la dimisión del presidente Rodrigo Paz, al que responsabilizan de la peor crisis económica que atraviesa Bolivia en las últimas cuatro décadas.
El Gobierno denunció entonces un intento de alterar el orden democrático y acusó a Morales de promover las protestas. La investigación judicial se basa en una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz por presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado, a la que posteriormente se sumó el Ministerio de Gobierno.
Morales rechazó las acusaciones y denunció en la red social X ser víctima de una persecución política.
«No nos van a intimidar. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar la profunda crisis económica y social que vive Bolivia», escribió el exmandatario.
Las protestas comenzaron a remitir tras un acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), además de la declaración del estado de excepción para levantar los bloqueos con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Rodrigo Paz llegó a la Presidencia en noviembre, poniendo fin a dos décadas de gobiernos socialistas encabezados por Evo Morales y, posteriormente, por Luis Arce.
Esta es la segunda orden de captura vigente contra Morales. Desde octubre de 2024 permanece refugiado en la región cocalera del Chapare, donde cuenta con la protección de sus seguidores. Además, continúa siendo buscado por otro proceso judicial relacionado con una presunta trata de una menor, acusación que el exmandatario niega y considera parte de una persecución política.
