El sector sanitario calcula que España deberá incorporar unos 261.400 profesionales adicionales antes de 2030 solo para mantener los actuales niveles de cobertura del sistema de dependencia. El envejecimiento de la población, que ya alcanza al 20,7% de los españoles mayores de 65 años, se acelerará en las próximas décadas, mientras el mercado laboral del cuidado acumula precariedad salarial, parcialidad y una escasez de personal que traslada buena parte de la responsabilidad a familiares sin contrato ni formación.
De lunes a viernes, entre las once de la mañana y las dos y media de la tarde, Yolanda Delgado deja de ser durante unas horas las manos y la voz de su marido. Es el único intervalo en el que una trabajadora entra en su casa para atenderlo. El resto del día, las noches y los fines de semana recaen sobre ella. «Yo soy su mujer, no su cuidadora», afirma Delgado, que dejó su empleo como responsable de recepción cuando la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) de su marido avanzó y este comenzó a necesitar ayuda permanente. Nadie la formó en esta enfermedad, pero aprendió a movilizarlo y a asistirlo.
La historia de Delgado muestra la otra cara de uno de los mayores yacimientos de empleo de los próximos años. España necesitará cientos de miles de profesionales para atender a una población cada vez más envejecida y a personas de cualquier edad que han perdido autonomía. El envejecimiento se acelerará durante las próximas décadas, con un crecimiento especialmente intenso entre los mayores de 80 años. La afiliación en actividades residenciales y servicios sociales sin alojamiento se ha más que duplicado desde 2009, al pasar de unos 392.000 trabajadores a superar los 814.000 en junio de 2026, un salto que refleja la rapidez con la que crece la economía de los cuidados.
Un empleo que no logra cubrirse
Que el sector genere puestos de trabajo no significa que consiga cubrirlos. Empresas y sindicatos llevan años advirtiendo de que la escasez de personal no responde únicamente al aumento de la demanda, sino también a las propias condiciones ofrecidas. «La precariedad de las retribuciones y de las condiciones laborales hace que no haya personas que quieran trabajar en este sector», sostiene Chelo Cuadra, responsable del sector de Dependencia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CC.OO.). Las últimas tablas estatales situaban los salarios base de auxiliares y gerocultoras en torno a los 1.150 euros mensuales, aunque desde este año la remuneración de una jornada completa no puede ser inferior al nuevo salario mínimo, fijado en 1.221 euros repartidos en 14 pagas.
La expansión del empleo en cuidados se ha concentrado, además, fuera de las residencias. Los servicios sociales sin alojamiento, donde se encuadra parte de la atención domiciliaria, reunían cerca de 474.000 afiliados, frente a unos 341.000 en las actividades residenciales. Esta distribución explica por qué buena parte de la tensión del sector se concentra en la ayuda a domicilio, un ámbito en el que la variabilidad de horarios y usuarios complica aún más la estabilidad de quienes trabajan en él.
Trabajo sin estabilidad económica
El problema no está solo en las tablas salariales, sino también en la jornada real de trabajo. La reforma laboral ha reducido notablemente la temporalidad, pero la estabilidad formal del contrato no siempre se traduce en estabilidad económica. Según los datos manejados por Comisiones Obreras, alrededor del 80% de la contratación en el sector es indefinida, aunque la parcialidad está aumentando, especialmente en la ayuda a domicilio. Una trabajadora puede atender a varios usuarios en un mismo día, con servicios de una o dos horas repartidos entre la mañana, el mediodía y la tarde, de modo que la desaparición o el traslado de uno de ellos puede alterar sus horas de trabajo y sus ingresos. «En cuanto una persona deja de requerir el servicio, pueden cambiarte la jornada o reducirte el contrato», explica Cuadra.
A la inestabilidad económica se suma una elevada exigencia física y emocional. Las profesionales movilizan a personas con poca autonomía, acompañan enfermedades degenerativas, detectan cambios en el estado de salud y sostienen buena parte del bienestar cotidiano de las personas dependientes. Teresa Sánchez, trabajadora de la dependencia en la Comunidad de Madrid, describe un escenario de plantillas insuficientes y sustituciones que no llegan. «En las residencias privadas y concertadas nos enfrentamos a otro verano con bajas y vacaciones sin cubrir, con unas ratios que es imposible sostener», afirma Sánchez, quien añade que las trabajadoras libran únicamente un fin de semana al mes y perciben salarios cercanos al mínimo interprofesional.
Cuando el cuidado profesional falta, entra en las casas
Cuando el servicio profesional no existe o resulta insuficiente, el cuidado entra directamente en los hogares. Es el caso de Judith Agenjo, que hace una década entró en la empresa familiar mientras buscaba una oportunidad relacionada con su formación. Poco después, su abuela comenzó a sufrir un deterioro cognitivo y, como hija y nieta única, Agenjo fue asumiendo responsabilidades de cuidado durante casi ocho años. «Tienes que estar prácticamente 24 horas. Necesitas un trabajo que te permita salir corriendo en cualquier momento», explica.
Durante ese periodo, Agenjo recibió ofertas relacionadas con su trayectoria profesional que tuvo que rechazar, consciente de que un trabajo con horarios rígidos era incompatible con las necesidades de su abuela. Tras la muerte de su familiar, creyó que podría recuperar el tiempo perdido, pero descubrió que el mercado laboral tampoco espera. Su experiencia, como la de Yolanda Delgado, ilustra el coste que recae sobre miles de familias españolas cuando el sistema de dependencia no dispone de los profesionales suficientes para sostener a una población que envejece más rápido de lo que el mercado laboral logra adaptarse.
