El real decreto ley de vivienda, la medida con la que el Ejecutivo pretendía cerrar el curso político, no llegará al Consejo de Ministros de hoy. El Gobierno ha decidido retrasar su aprobación hasta septiembre tras constatar que no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso, debido a la división entre los socios de investidura en asuntos tan sensibles como la ley del Suelo o los incentivos fiscales a los propietarios.
El Ejecutivo había diseñado el decreto de vivienda como colofón del tramo final del curso político, en un intento de dar respuesta a una crisis habitacional que las encuestas señalan como uno de los principales problemas para la ciudadanía. Sumar adelantó la semana pasada que el contenido ya estaba consensuado con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), un anuncio que, lejos de disipar dudas, precipitó que las distintas formaciones del bloque de investidura tuvieran que fijar posición justo antes del parón veraniego. Desde el primer momento quedó patente que el pacto no contaba con los apoyos garantizados de Podemos y Junts per Catalunya (JxCat).
Fuentes del Ministerio de Vivienda sostienen que «la responsabilidad y generosidad de todos los grupos» de la investidura ha acercado el acuerdo «más que en cualquier otro momento» de la legislatura, aunque reconocen que «la premura en el calendario puede ser un obstáculo» dada la complejidad del texto. El borrador remitido a los grupos parlamentarios tiene 69 páginas y aborda un abanico de materias que incluye la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, el control del arrendamiento temporal, bonificaciones fiscales a los caseros y la modificación de la ley del Suelo.
Un decreto pensado para contentar a todos
El punto más concreto del borrador es la nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler, que podrán solicitar los inquilinos cuyos contratos venzan hasta el 30 de junio de 2028. La medida ampliaría en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias, hasta alcanzar los cuatro millones según los cálculos de Sumar, formación que más ha impulsado esta disposición. El texto incluye además la regulación de los alquileres de temporada, bonificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para propietarios que bajen o mantengan el precio del alquiler, y un incremento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al 21% para los pisos turísticos.
El Gobierno había adoptado también la visión del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para equiparar el alquiler de habitaciones con un arrendamiento de vivienda habitual, con una duración mínima de contrato de cinco años, que se eleva a siete si el arrendador es una persona jurídica, además de topes de precio en zonas tensionadas. Montse Mínguez, portavoz de la dirección del PSOE, justificó el aplazamiento como una forma de ganar margen: «Se dan unos días más para poder cerrar un texto que cuando llegue al Congreso tenga el consenso y salga adelante».
Junts y Podemos, en polos opuestos
Las mayores resistencias se concentran en los dos extremos del bloque de investidura. Junts pidió al Gobierno un cambio de estrategia, «hecho con rigor y sin improvisaciones», y calificó la reforma de la ley del Suelo de «amnistía urbanística para los grandes pelotazos». La formación independentista reclama medidas más contundentes para limitar los precios del alquiler, frenar la especulación y proteger a los inquilinos frente a los desahucios, además de bajar impuestos y desgravar alquileres e hipotecas.
Podemos, por su parte, exigió la semana pasada que el Gobierno eliminase del borrador los artículos que reforman la ley del Suelo como condición para negociar cualquier paquete de medidas. El portavoz de la formación, Pablo Fernández, calificó el decreto de «amnistía urbanística para los grandes pelotazos», en referencia a los cambios normativos previstos. Podemos recela de la intervención estatal en el mercado y considera la modificación de la ley del Suelo una línea roja que no está dispuesto a aceptar, mientras reclama cuentas de ahorro para la vivienda y mayor inversión en el parque residencial público.
La respuesta del Gobierno
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, defendió que las conversaciones «avanzan bien» y se mostró confiado en alcanzar un «gran acuerdo» con los grupos parlamentarios. «Nos han pedido un poco más de tiempo para terminar de alcanzar un gran acuerdo, y estamos dispuestos a darlo», señaló el ministro, quien exigió al mismo tiempo que el pacto llegue «lo más rápido posible, porque hay muchas familias que están esperando a que esto se apruebe». Urtasun dirigió también sus críticas al Partido Popular (PP), al que acusó de hacer «dejación completa de sus responsabilidades» al no aplicar la ley de vivienda ni declarar zonas tensionadas en las comunidades que gobierna.
El precedente inmediato explica la cautela del Ejecutivo. La prórroga de los alquileres, medida estrella de Sumar, ya decayó el 28 de abril tras el rechazo de Junts, el PP y Vox, con la abstención del PNV. Por ello, el nuevo texto había ampliado su contenido para intentar lograr su convalidación, contentando a partidos con intereses dispares y en ocasiones contrapuestos. Con el aplazamiento a septiembre, el Gobierno gana margen de negociación, aunque queda pendiente comprobar si el nuevo curso político logra cerrar las distancias que separan a Junts y Podemos, los dos extremos de un bloque de investidura cada vez más difícil de coser.
