El Gobierno canario anunció un acuerdo con el Ministerio de Hacienda por el que su Administración contará con 1.337 millones de euros adicionales, a cambio de sumarse a la votación favorable al nuevo modelo de financiación autonómica cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El pacto rompe el aislamiento político en el que se encontraban el Gobierno central y Cataluña, mientras trece comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) piden posponer la reunión, prevista inicialmente para mañana, hasta septiembre.
El Gobierno y Cataluña no estaban solos desde el punto de vista político, pero sí lo parecían. El aislamiento con el que ambas administraciones defendían el nuevo modelo de financiación, que inyectará prácticamente 21.000 millones de euros adicionales al conjunto de las comunidades autónomas, se resquebrajó ayer cuando el Ejecutivo canario anunció el acuerdo con Hacienda. A cambio de los fondos adicionales, los canarios se sumarán al Gobierno y a Cataluña en la votación del nuevo sistema cuando se celebre la reunión del CPFF, el órgano que debe validar el reparto de recursos entre comunidades.
Esa reunión estaba prevista inicialmente para mañana mismo, pero podría aplazarse si el Gobierno atiende la petición de las comunidades gobernadas por el PP para posponer el encuentro hasta septiembre. Trece consejeros autonómicos remitieron una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que justifican su petición por la complejidad técnica del proyecto y la necesidad de dar tiempo a que todos los implicados puedan estudiarlo. Las trece comunidades expresan en el escrito su rechazo a un modelo «pactado con una sola parte y a espaldas de todas las demás», que a su juicio no puede pretender aprobarse «de forma apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen».
Un acuerdo que rompe el frente común
La carta de las trece comunidades no lleva, sin embargo, el sello de la comunidad canaria, que desde ayer se ha situado del lado del Gobierno en este debate. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quiso subrayar que la postura favorable al modelo de financiación es la posición de su Gobierno «en su integridad». «La postura del Gobierno de Canarias es la que queda plasmada aquí. Este acuerdo mejora la financiación y, tras décadas de infrafinanciación, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media», declaró Clavijo, quien matizó no obstante que esa posición no debe mezclarse con la que adopten los grupos políticos en el Congreso, donde ya intuye que los diputados canarios del PP tendrán que «tomar la posición que su grupo determine».
El pacto se anunció después de una reunión del mandatario canario con el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el titular del Ministerio de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Clavijo calificó de «altamente positivo» el acuerdo alcanzado porque cumple con sus peticiones, centradas en dejar los recursos del Régimen Económico y Fiscal canario (REF) fuera del bloque de la financiación común, así como en resolver la compensación vinculada al antiguo impuesto general del tráfico de empresas, un tributo propio de Canarias que desapareció en 1991.
Lo que gana Canarias
Los recursos vinculados a la singularidad de las islas no se integrarán, según lo pactado, en la financiación común, lo que permite al Gobierno canario presentar el acuerdo como una vía específica ajustada a su régimen fiscal diferenciado. El responsable de Hacienda celebró la posición de Canarias por «sentarse a negociar y no pedir cosas imposibles ni que perjudiquen a otras comunidades autónomas». El voto canario no era imprescindible para que el modelo se apruebe mañana en el CPFF, puesto que el Estado tiene el 50% de los votos y cuenta ya con el apoyo de Cataluña, pero la incorporación de otra comunidad refuerza un modelo al que se oponen el resto de las comunidades autónomas del régimen común, todas presididas por el PP excepto Castilla-La Mancha y Asturias, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Por su parte, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo quiso quitar relevancia a la primera brecha abierta entre los gobiernos autonómicos y, a nivel estatal, se desmarcó del acuerdo canario. La petición de aplazamiento hasta septiembre, respaldada por las trece comunidades del PP, sitúa al Gobierno ante la decisión de mantener el calendario original o conceder el margen adicional que reclaman los consejeros autonómicos, una decisión que el propio Ejecutivo debía estudiar hoy mismo.
El escenario que queda planteado tras el acuerdo canario resulta significativo de cara a los próximos meses. Con el PP, Vox y Junts per Catalunya posicionados en contra del sistema en su formulación actual, la aprobación definitiva del modelo en el Congreso, que debería entrar en vigor el 1 de enero, se presenta como un trámite complejo. El acuerdo con Canarias, sin embargo, demuestra que existe margen para sumar apoyos adicionales fuera del bloque inicial de Gobierno y Cataluña, una vía que otras formaciones de la investidura podrían explorar en las negociaciones que se avecinan tras el verano.
