La patronal Seopan reclamó al Gobierno la adopción de mecanismos extraordinarios de revisión de precios para compensar el encarecimiento de los materiales de construcción derivado de la guerra en Irán y de la tensión en el estrecho de Ormuz. El sector calcula un sobrecoste irrecuperable de 327 millones de euros en obras ya licitadas, y pide una respuesta similar a la aplicada tras la invasión rusa de Ucrania.
La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) reclamó al Gobierno la adopción de medidas urgentes para mitigar el impacto del encarecimiento de los costes de construcción derivado de la guerra en Irán y de la tensión en el estrecho de Ormuz. La patronal trasladó una propuesta al Ejecutivo en la que solicita recuperar mecanismos extraordinarios de revisión de precios para evitar que el incremento de los costes comprometa la ejecución de la obra pública, en un momento marcado además por el final de los fondos europeos y la necesidad de acelerar su ejecución.
Según los datos manejados por Seopan, la escalada de los precios de la energía, las materias primas y los materiales básicos de construcción desde el inicio del conflicto ha provocado un fuerte aumento de los costes de los contratos. Datos del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) reflejan que los materiales bituminosos, empleados en el asfaltado de carreteras, se encarecieron un 42%, mientras que el coste de la energía lo hizo un 41%. También subieron el aluminio, un 14%; los productos químicos, un 10%; los materiales cerámicos, un 9,3%; los siderúrgicos, un 6,5%, y el cobre, un 6,1%.
Las obras de carretera resultan las más afectadas por esta escalada, con sobrecostes cercanos al 21,3% en los contratos de asfaltado y refuerzo de firmes. Las mayores pérdidas relativas se concentran en actuaciones portuarias, viarias, ferroviarias e hidráulicas, con sobrecostes que van del 4% en las obras hidráulicas al 8% en las portuarias. Desde Seopan aseguran que se está produciendo una «ausencia generalizada de revisión de precios», sobre todo en las comunidades autónomas y en las administraciones locales, en un contexto en el que el número de licitaciones es un 40% superior al registrado antes del inicio de la guerra en Ucrania. La patronal advierte en un comunicado de que «esta situación compromete gravemente la actividad de la obra pública», al carecer buena parte de los contratos autonómicos y municipales de mecanismos de revisión de precios.
Las cifras de sobrecoste en obras licitadas y adjudicadas
Seopan calcula que las 6.425 obras licitadas entre finales de 2025 y febrero de 2026, con un presupuesto conjunto de 6.898 millones de euros, soportarán un sobrecoste irrecuperable de 327 millones antes incluso del inicio de los trabajos. Las constructoras no cotizadas, agrupadas en la Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci), lanzaron también su mensaje de alarma, mientras que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) tiene previsto informar próximamente del listado de obras que han quedado desiertas por falta de ofertas rentables para las empresas.
Los cálculos del sector van más allá y apuntan a que el coste de ejecución de otros 33.103 contratos, adjudicados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 y valorados en 24.519 millones de euros, también está subiendo de forma significativa, con un incremento medio del 3,5% equivalente a 868 millones de euros adicionales. La preocupación del sector coincide con un estudio de la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (Apce), que sitúa en el 25,1% el incremento acumulado de los costes de construcción en España desde 2019, con las mayores alzas concentradas en las partidas de estructura y obra gruesa.
La petición del sector y el precedente de Ucrania
Tanto Seopan como Anci piden al Gobierno medidas urgentes para compensar los sobrecostes, y recuerdan que tras la invasión rusa de Ucrania las obras públicas quedaron incluidas en las medidas extraordinarias aprobadas por el Ejecutivo para hacer frente a la inflación derivada de aquel conflicto y de la pandemia. El sector reclama ahora que se incorpore de forma similar la revisión excepcional de los costes energéticos y laborales derivados de la guerra en Irán, una petición que hasta el momento no ha obtenido respuesta equivalente por parte del Gobierno, que ha decidido centrar sus medidas extraordinarias en los productos energéticos y en el transporte, sin apoyar de forma directa a otros sectores.
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, resumió la posición del sector al advertir de que «las empresas necesitan estabilidad y seguridad jurídica» frente a un marco contractual que, a su juicio, no la proporciona. La patronal advirtió además de que muchos contratos autonómicos y municipales carecen de mecanismos de revisión de precios, mientras que en los contratos estatales los actuales periodos de carencia retrasan su aplicación efectiva. Esta combinación de factores, según el sector, agrava el riesgo de que numerosos proyectos queden paralizados o resulten inviables en un momento en el que la ejecución de los fondos europeos exige mantener el ritmo de las licitaciones. La respuesta del Gobierno a esta petición determinará en buena medida si el sector de la construcción logra sostener el volumen de actividad previsto para los próximos meses sin que los sobrecostes deriven en un aumento de las obras desiertas o abandonadas.
