El Congreso de los Diputados cerró el curso político con un balance agridulce para el Gobierno de Pedro Sánchez: salvó tres leyes, dos decretos y una reforma del Reglamento de la Cámara, pero sufrió por segunda vez consecutiva el rechazo a la senda de estabilidad fiscal, el paso previo obligado para presentar los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo asegura que seguirá adelante con el trámite presupuestario amparado en un informe de la Abogacía del Estado, en un escenario que ningún Gobierno había afrontado hasta ahora.
El Congreso de los Diputados se despidió del curso político con un pleno maratoniano cuya conclusión admite una doble lectura. El Gobierno logró sacar adelante tres leyes, dos decretos ley y una reforma del Reglamento de la Cámara, pero encajó una nueva derrota en la votación de mayor calado político de la jornada: la senda de estabilidad fiscal, el documento que fija los objetivos de déficit de las administraciones públicas y que constituye el paso previo necesario para poder presentar los Presupuestos Generales del Estado. Es la segunda vez en dos semanas que el Congreso rechaza esta senda con los votos del Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya.
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El doble rechazo a la senda de estabilidad fiscal
La votación de ayer reprodujo exactamente el resultado de la semana anterior. El Consejo de Ministros había aprobado los mismos objetivos que ya había llevado al Congreso, sin modificar su contenido: un déficit del 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB) para el conjunto de las administraciones públicas en 2027, repartido entre un 1,5% para la Administración central, un 0,2% para la Seguridad Social y un 0,1% para las comunidades autónomas, mientras que las entidades locales debían mantener el equilibrio presupuestario. Esa décima de déficit concedida a las autonomías era uno de los principales argumentos del Gobierno para defender la propuesta, ya que según sus cálculos habría permitido a las comunidades disponer de 5.849 millones de euros adicionales en tres años frente a un escenario de déficit cero.
Los partidos que tumbaron la propuesta mantuvieron sus posiciones sin apenas matices respecto a la votación anterior, con la única novedad de la abstención de los cuatro diputados de Podemos y del Bloque Nacionalista Galego (BNG), que la semana previa habían votado en contra. El diputado de Junts Josep Pagès recordó que el Ejecutivo lleva diecinueve decretos leyes aprobados desde comienzo de año, de los cuales su formación ha contribuido a tumbar seis, en un contexto en el que el ambiente preelectoral se apodera cada vez más del hemiciclo y los discursos se afanan en marcar distancias antes que en buscar coincidencias.
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La maniobra de Hacienda para seguir adelante con los presupuestos
Tras el segundo revés, el país se adentra en un escenario tan inédito como jurídicamente incierto. El Ministerio de Hacienda, que dirige Arcadi España, asegura que cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que avala la posibilidad de continuar con la elaboración de las cuentas públicas aunque no exista una senda fiscal aprobada por el Congreso. Según esta interpretación, el rechazo parlamentario de los objetivos fiscales no hace desaparecer la referencia de déficit ya comunicada a Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo; lo que cambiaría sería únicamente el reparto interno, de modo que las comunidades autónomas quedarían sujetas al principio constitucional de equilibrio presupuestario y su objetivo de déficit pasaría del 0,1% al 0%.
La argumentación del Ejecutivo se apoya en que la obligación constitucional de presentar cada año un proyecto de Presupuestos pesa más que el bloqueo parlamentario. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria obliga al Gobierno a presentar una nueva propuesta en el plazo de un mes cuando las Cortes rechazan la primera, pero no especifica qué ocurre si esa segunda propuesta también fracasa, como ha sucedido ahora. Nunca antes se había puesto a prueba esta interpretación: en 2024 el Gobierno ya exploró una vía similar apoyándose en un informe de la Abogacía del Estado, pero aquella salida no llegó a aplicarse porque el Ejecutivo terminó renunciando a presentar nuevas cuentas.
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La quita de deuda autonómica sobrevive gracias a Junts
Entre las iniciativas que sí lograron avanzar figura el proyecto de ley para que el Estado asuma parte de la deuda de las comunidades autónomas, pactado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y que asignaría a Cataluña 17.000 millones de los 83.000 millones totales contemplados. El Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox, que pretendían devolver el texto al Ejecutivo, gracias a la colaboración indirecta de Junts, que optó por no apoyar esas enmiendas pese a mantener sus propias reivindicaciones sobre la condonación completa de la deuda.
El ministro Arcadi España lamentó que las comunidades gobernadas por el PP boicotearan la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiero en la que se expuso la medida, una actitud que calificó de «gamberrismo institucional». La diputada de ERC Teresa Jordà respondió a las críticas de la derecha dirigiéndose a la bancada popular: «No están votando contra ERC, están votando contra los intereses de millones de ciudadanos». Los dos partidos de la derecha coincidieron en descalificar el proyecto por su origen bilateral con ERC y por considerar que no trata igual a todas las comunidades autónomas.
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Los decretos convalidados: Irán y jubilación parcial
El pleno convalidó también dos decretos ley pendientes. El primero prorroga por tres meses las medidas puestas en marcha por el Gobierno para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio, y salió adelante con 175 votos a favor, 33 en contra y 140 abstenciones, con el rechazo de Vox y la abstención del PP. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó que España ha desplegado el «escudo» más ambicioso de toda la Unión Europea, con un primer decreto de medidas de apoyo por 5.000 millones de euros a los que se suman los 1.825 millones del segundo decreto convalidado en esta sesión.
El segundo decreto establece las condiciones para que las administraciones públicas puedan contratar a empleados relevistas que sustituyan al personal laboral que se acoja a la jubilación parcial anticipada, y fue aprobado con 167 votos a favor gracias a la determinante abstención del PP. El Congreso también dio luz verde a otras dos leyes impulsadas por el PSOE: la pasarela para que hasta 100.000 autónomos, entre ellos abogados y procuradores, puedan trasladar el dinero aportado a sus mutualidades a la Seguridad Social, y una modificación de las normas del programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud.
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El telón de fondo: fin de ciclo y elecciones en 2027
El curso parlamentario se cierra así con la aprobación de tres leyes, dos decretos y una reforma del Reglamento de la Cámara que rebaja los requisitos para formar grupo parlamentario propio, una iniciativa impulsada por el PSOE y sus socios ante el temor a perder peso institucional si crece el bloque de la derecha en los próximos comicios. Pese a este balance, el fracaso reiterado en la senda de estabilidad fiscal certifica que Pedro Sánchez no cuenta con mayoría parlamentaria para sacar adelante unos Presupuestos, una situación que se ha ratificado precisamente el mismo día en que se cumplían tres años desde las últimas elecciones generales.
Si la operación de Hacienda para seguir adelante sin senda fiscal resulta fallida, como apunta buena parte del panorama político actual, la convocatoria electoral en los primeros meses de 2027 se perfila como la apuesta principal en los medios políticos. El diputado popular José Vicente Marí Bosó resumió la posición de su partido al sostener que la única opción que le queda al Ejecutivo es «no hacer perder el tiempo a los españoles, y convocar elecciones ante tanta corrupción y parálisis». El Gobierno, por su parte, insiste en que mantendrá su intención de llevar un proyecto de cuentas para 2027, tras tres años consecutivos de prórrogas presupuestarias.
