El Gobierno de coalición cerró un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar para prorrogar la congelación de los alquileres hasta junio de 2028, una medida que beneficiaría a casi cuatro millones de inquilinos. El pacto, que el Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo martes, carece todavía de los apoyos parlamentarios necesarios: Podemos exige eliminar la reforma de la ley del suelo y Junts rechaza de plano la prórroga de los contratos.
El Gobierno consensuó el nuevo decreto de vivienda, un paquete de medidas destinado a responder a la crisis residencial que atraviesa España. El texto, de más de noventa páginas, incluye la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler hasta el treinta de junio de 2028, solicitada por los inquilinos cuyos contratos venzan antes de esa fecha. Según los cálculos de Sumar, la medida podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas y hasta millón y medio de hogares. El anuncio, avanzado primero por el socio minoritario de la coalición, generó malestar entre otros grupos que negociaban de manera discreta con el Ejecutivo.
La prórroga reforzada tendrá una duración máxima de dos años y sustituye a la congelación anterior, tumbada por el Congreso de los Diputados en abril con los votos en contra del Partido Popular (PP), Vox, Junts per Catalunya y Unión del Pueblo Navarro (UPN). El decreto contempla además otras medidas ya conocidas, como la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, orientada a evitar que estas fórmulas se utilicen para eludir el régimen de vivienda habitual en zonas tensionadas. El texto también eleva al 21% el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a los pisos turísticos, actualmente en el 10%, junto con un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas digitales.
El Ministerio de Vivienda, que lidera las conversaciones, ha mantenido un perfil discreto en las semanas previas al anuncio. Fuentes del departamento remarcaron que cualquier intento de capitalizar el decreto en solitario dificultaría su aprobación: «Si alguien trata de capitalizar este decreto, no saldrá adelante, tiene que ser amplio», señalaron. El Gobierno aspira a que el texto final incorpore aportaciones de las distintas fuerzas que sostienen la investidura, con el objetivo declarado de ampliar el consenso parlamentario antes de su paso por el Congreso, previsto para septiembre.
Podemos condiciona su apoyo a la ley del suelo
La principal amenaza para la aprobación del decreto proviene de Podemos, que exigió la eliminación de los artículos que reforman la ley del suelo como condición previa para negociar cualquier otra medida. La formación de Ione Belarra calificó esa reforma de «línea roja» y «condición ineludible», y advirtió de que el borrador modificaría el sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico. Según el comunicado del partido, el cambio legalizaría proyectos urbanísticos irregulares con carácter retroactivo y limitaría la capacidad de las entidades de la sociedad civil para denunciar irregularidades.
Fuentes gubernamentales de Sumar, que en su momento presentó observaciones críticas sobre esta misma reforma en el Consejo de Ministros, reconocen que el borrador la incorpora, aunque sin la restricción a la capacidad de denuncia ciudadana que consideraban más lesiva. Podemos, sin embargo, mantiene su rechazo frontal y lo vincula a intereses empresariales concretos: «Se trata de una reforma hecha a la medida de los intereses de BBVA, la constructora San José y Merlin Properties en la Operación Chamartín», sostiene la formación, que recuerda que proyectos similares ya decayeron en el Congreso en 2024 y 2025.
Junts rechaza la prórroga y el PNV pide garantías
Junts per Catalunya, cuyo respaldo resulta imprescindible para la convalidación del decreto, adelantó su oposición tras un primer examen del borrador. La formación de Carles Puigdemont lamenta que el texto no incluya bonificaciones fiscales para la compra de vivienda ni medidas contra la ocupación ilegal, y advierte de que sin esas contrapartidas no votará a favor. Fuentes del partido matizan además que un decreto que combine cobertura a la ocupación ilegal con incentivos fiscales a los grandes fondos de inversión, en detrimento del pequeño propietario, no contará con sus votos.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV), por su parte, trasladó que la reforma de la ley del suelo debe mantenerse en el decreto para «dar mayor seguridad jurídica, agilizar planeamientos y evitar bloqueos», según señaló la portavoz del partido en el Congreso, Maribel Vaquero. La formación jeltzale pidió también acotar la prórroga del alquiler a los inquilinos que estén al corriente de pago durante al menos doce meses, una condición que abre otro frente de negociación. El Gobierno afronta así un mapa de exigencias cruzadas entre socios de investidura con intereses difícilmente conciliables.
El calendario del Ejecutivo prevé llevar el decreto al Consejo de Ministros el próximo martes con el respaldo formal del PSOE y Sumar, aunque sin garantías de que sobreviva a su paso posterior por el Congreso. La experiencia de la congelación de alquileres tumbada en abril, que estuvo en vigor solo unas semanas antes de decaer, ilustra el riesgo de que la nueva prórroga afronte un desenlace similar si Podemos, Junts o el PNV mantienen sus condiciones actuales. El resultado de esa negociación determinará si casi cuatro millones de inquilinos ven finalmente prorrogadas sus condiciones contractuales hasta 2030.
