Los datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) muestran que Cataluña recibió en 2025 el 8,6% de la inversión estatal regionalizable, muy por debajo de su peso en el producto interior bruto (PIB) y en población, mientras que Madrid concentró el 20,9% del total. Las patronales catalanas denunciaron un «déficit estructural» que, según sus cálculos, ya supera los 50.000 millones de euros acumulados.
El Ministerio de Hacienda envió el viernes a los grupos parlamentarios los datos de inversión territorializada correspondientes a 2025, una radiografía que había dejado de actualizarse públicamente desde 2022 y que reabre un debate recurrente sobre el reparto de los recursos públicos entre comunidades autónomas, especialmente entre Cataluña y Madrid, los dos ejes económicos del país. Según los números, recopilados por la IGAE, Cataluña recibió el año pasado 1.321 millones de euros de inversión regionalizable, una cuantía muy inferior a la de Madrid y algo por debajo de la de otros cuatro territorios.
La cifra catalana supone un descenso del 6,2% respecto al año anterior y reduce el peso de la comunidad en el reparto estatal, pese a que el volumen total ejecutado por el Estado aumentó un 17,9%, al pasar de 13.037 millones de euros en 2024 a 15.368 millones en 2025. La parte que correspondió a Cataluña fue menos de la mitad de su peso en el conjunto del PIB, del 19%, y muy inferior también a su peso en la población española, del 17%.
Madrid, en cambio, se consolidó como el principal destino de los recursos ejecutados por el Estado, con 3.217 millones de euros, el 20,9% del total, un porcentaje superior a su propia contribución al PIB nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 1.738 millones, probablemente impulsada por las obras de reconstrucción tras la dana, Andalucía, con 1.620 millones, y Galicia, con 1.580 millones. Cataluña se situó en quinto lugar, con una participación en la inversión estatal que no se registraba tan baja desde 2014.
Las patronales catalanas denuncian un «déficit estructural»
Las principales organizaciones empresariales catalanas reaccionaron de forma unánime contra los datos. Fuentes de Foment del Treball lamentaron una situación que, a su juicio, «asfixia a la economía catalana» y representa «un freno a la competitividad», con un déficit inversor acumulado que la patronal cifra ya en cerca de 50.000 millones de euros. Entre las tareas pendientes citaron los 5.000 millones sin ejecutar en la red de Rodalies, los 2.000 millones en el aeropuerto de El Prat y otros 2.000 millones en el corredor mediterráneo.
Desde Pimec coincidieron en el diagnóstico y advirtieron de que Cataluña «sigue sufriendo un déficit estructural en la ejecución de las inversiones», una situación que a su juicio perjudica la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. El Col·legi d’Economistes de Catalunya calificó el problema de «crónico» y propuso la creación de un consorcio de inversiones gestionado desde Cataluña para garantizar un nivel adecuado de desembolso. Desde la Cambra de Barcelona señalaron por su parte como una mala noticia que el peso de las inversiones se mantenga en porcentajes bajos ejercicio tras ejercicio.
Esa tendencia, consideran, ya está asentada en el tiempo y responde a un problema de fondo en la planificación estatal más allá de las cifras concretas de un año determinado, un diagnóstico que comparten de manera prácticamente unánime todas las organizaciones empresariales consultadas por los medios catalanes tras la publicación de los datos oficiales de la IGAE correspondientes al último ejercicio disponible.
Deuda autonómica y nuevo modelo de financiación
Los datos llegan en un momento especialmente delicado para la política territorial y el debate financiero entre comunidades. El Gobierno pretende que el Congreso de los Diputados apruebe antes de que termine el año la condonación de parte de la deuda autonómica y, en paralelo, continúa negociando el desarrollo de un nuevo modelo de financiación, dos iniciativas que han reactivado el debate sobre el reparto de los recursos públicos entre los territorios. La inversión territorializada y sus brechas constituyen desde hace años uno de los principales argumentos del independentismo catalán, que denuncia una infraejecución crónica como prueba del déficit fiscal que, sostienen los partidos soberanistas, sufre la Generalitat.
En el caso catalán, el grueso de la inversión procedió del sector público empresarial, con 1.075 millones de euros, dentro de los cuales destacan las actuaciones de Adif y Adif Alta Velocidad, que sumaron conjuntamente 668 millones, mientras que la inversión ejecutada directamente por los ministerios alcanzó apenas 201 millones. Joan Ramon Rovira, director del servicio de estudios de la Cambra de Barcelona, subrayó no obstante que, pese a que la inversión global sigue muy por debajo del peso del PIB catalán, «el Pla de Rodalies de Adif está cogiendo velocidad de crucero» al pasar de 262 millones de euros en 2023 a 579 millones en 2025.
Las comparaciones resultan aún más desfavorables si se relaciona la inversión con la población. Cataluña es la penúltima comunidad en gasto real por habitante, con 163 euros, frente a los 590 euros que recibió Murcia, aunque los economistas advierten de que ese cálculo tiende a sobreponderar a los territorios menos densamente poblados, con más kilómetros de carretera por cada habitante. Las cifras del año pasado son, en conjunto, de las peores registradas en Cataluña de los últimos años en comparación con el resto de las autonomías españolas.
