El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley del tabaco, que por primera vez sanciona directamente el consumo de cigarrillos y vapeadores por parte de menores de edad, y no solo su venta o suministro, como ocurría hasta ahora. La reforma amplía además los espacios sin humo a playas, terrazas y campus universitarios, y equipara los cigarrillos electrónicos al tabaco tradicional.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley del tabaco, que amplía los espacios sin humo para incluir playas, terrazas y campus universitarios, entre otros, y endurece la legislación para vapeadores y otros dispositivos. Hasta ahora, la normativa vigente prohibía la venta y el suministro de tabaco a los menores de edad, pero no sancionaba directamente su consumo. El texto, impulsado por el Ministerio de Sanidad, será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria, donde dependerá del apoyo de fuerzas como el Partido Popular (PP) y Junts.
La principal novedad de la reforma es que los menores que hayan cumplido menos de dieciocho años y estén consumiendo tabaco o productos relacionados podrán ser sancionados con 200 euros, una cifra que podría elevarse a 600 en caso de reincidencia. Estas cuantías se explican porque se considera una infracción leve, aunque suponen una subida considerable respecto a los 30 euros que contemplaba el régimen anterior. En caso de sanción, serán los padres y tutores quienes se hagan cargo de la multa, que podría sustituirse por alguna actividad en favor de la comunidad.
La ministra de Sanidad, Mónica García, situó «la protección de los menores» entre los grandes objetivos de la reforma y defendió la necesidad de actualizar una legislación que, según explicó, permitió hace dieciséis años sacar el humo de los espacios cerrados. «Nadie querría volver a una época en la que se podía fumar en bares», afirmó la ministra, que calificó la norma de «una gran victoria de nuestro país» pese a las críticas recibidas durante su tramitación previa en el Gobierno.
Más espacios sin humo y el fin de la excepción para los vapeadores
La futura norma amplía los espacios sin humo a playas marítimas y fluviales, terrazas de bares y restaurantes, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, espectáculos al aire libre y campus universitarios, además de los vehículos comerciales de uso no exclusivamente particular. El texto crea también entornos de protección reforzada, con la prohibición de fumar en un radio inferior a quince metros de los accesos a centros sanitarios, educativos, sociales, culturales y de investigación, museos y bibliotecas. Las bolsas de nicotina quedan fuera de estas limitaciones al no emitir humo.
Uno de los aspectos centrales de la ley es la equiparación regulatoria entre los cigarrillos electrónicos y el tabaco tradicional, con independencia de que contengan o no nicotina. Sanidad justifica la medida con los datos de la encuesta ESTUDES 2025 sobre consumo de drogas en la enseñanza secundaria: aunque la prevalencia de fumadores diarios entre los catorce y dieciocho años se sitúa en el 4,3%, la cifra más baja de toda la serie histórica, el 49,5% de ese grupo de edad ha probado alguna vez cigarrillos electrónicos.
El consumo de estos productos en el último mes prácticamente se ha duplicado desde 2019, al pasar del 14,9% al 27,1% en 2025, según la misma encuesta. La norma limita además la venta de estos productos a tiendas especializadas y prohíbe toda forma de publicidad, incluida la cartelería en escaparates y el ámbito digital, con el objetivo declarado de frenar el acceso de los más jóvenes a la dependencia de la nicotina.
Las críticas del sector y el futuro parlamentario de la norma
La futura ley fue recibida con fuertes críticas por parte del sector tabacalero y de la hostelería, que cuestionan que el borrador se haya aprobado sin el informe preceptivo del Consejo de Estado. La Mesa del Tabaco, que representa a agricultores, fabricantes y estancos, además de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y las federaciones agroalimentarias de UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.), censuró que el Ejecutivo haya iniciado la tramitación sin esperar a que la Comisión Europea concluya la revisión de las directivas que regulan esta materia. El sector sostiene además que la prohibición de fumar en terrazas supondría una «excepción en Europa», donde solo Suiza aplica una restricción similar.
El texto recupera además el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, un organismo suprimido en 2014 que regresa con el objetivo de proponer iniciativas y elaborar informes periódicos sobre la evolución del consumo. El proyecto no incluye, sin embargo, el etiquetado genérico para todas las marcas de tabaco, una medida que los responsables de Sanidad, procedentes de la formación Sumar, desean introducir durante la tramitación parlamentaria, aunque de momento no cuenta con el respaldo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La norma queda ahora pendiente de los apoyos que logre recabar durante su tramitación parlamentaria. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, pidió tiempo para «ver el texto definitivo». Fuentes parlamentarias de su partido coinciden en la necesidad de endurecer aún más las normas sobre venta de vapeadores a menores, aunque manifiestan dudas sobre el impacto de otras medidas en sectores económicos como la hostelería. En Junts, por su parte, todavía no han fijado una posición sobre el proyecto, aunque se inclinan de entrada por no apoyar ninguna iniciativa que impulse ahora el Gobierno.
