El Partido Popular ha presentado un escrito ante la Secretaría de Estado de Justicia para pedir la nulidad de la instrucción ministerial que desarrolla la ley de nietos, después de que la Junta Electoral Central expresara dudas sobre el proceso de concesión de nacionalidades y pidiera aclaraciones al Instituto Nacional de Estadística. Vox había registrado el mismo documento días antes.
El Partido Popular (PP) presentó ayer un escrito ante la Secretaría de Estado de Justicia en el que solicita la nulidad de oficio de la instrucción ministerial que regula la aplicación de la conocida como ley de nietos. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, anunció la petición y calificó la norma de «nula clarísimamente de pleno derecho». La formación de Alberto Núñez Feijóo sostiene que el texto rebasa los supuestos que la ley habilita para conceder la nacionalidad española a descendientes de emigrados.
La ley de nietos, aprobada dentro de la Ley de Memoria Democrática de 2022, se presenta en su exposición de motivos como una «medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio». Su disposición adicional octava contempla a los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. Días después de su sanción en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno publicó el veinticinco de octubre la instrucción que ahora impugnan los populares.
El origen de la instrucción impugnada
La instrucción, elaborada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, amplía el alcance de la norma más allá de los exiliados y extiende el derecho a la nacionalidad a los «nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles», fórmula que incluye también a los descendientes de quienes emigraron por motivos económicos. El PP coincide con ese criterio de fondo, pero considera que un cambio de tal magnitud no puede regularse mediante una instrucción ministerial sin debate previo en el Congreso de los Diputados. Vox había presentado idéntica petición de nulidad el jueves anterior.
El PP dirige su escrito a la secretaría de Estado de Justicia por ser el órgano competente para declarar la nulidad de oficio, una facultad que la ley de Procedimiento Administrativo Común permite ejercer tanto a instancia de la propia Administración como de los interesados. Fuentes de la dirección del partido reconocen que albergan pocas esperanzas de que el Gobierno atienda la solicitud, aunque insisten en que la instrucción se derogue mientras continúan las iniciativas parlamentarias registradas para reclamar datos sobre las concesiones ya tramitadas.
Las dudas planteadas por la Junta Electoral
La ofensiva del PP llega pocos días después de que la Junta Electoral Central (JEC) diera un toque de atención al Gobierno. El organismo rechazó suprimir el voto por correo a los residentes en el extranjero, tal como había pedido Vox, al considerar que el sistema se aplica sin reclamaciones desde 2011. Sin embargo, la JEC exigió al Ejecutivo motivar en qué provincia se inscribe a los electores nacionalizados por la ley de nietos y pidió a la Oficina del Censo Electoral que ofrezca criterios homogéneos a los consulados sobre el lugar donde podrán votar.
Ezcurra interpretó esa resolución como un respaldo indirecto a las tesis de su partido. «La Junta Electoral Central ha dudado del proceso de concesión de estas nacionalidades», afirmó la dirigente popular, que añadió que el organismo «entiende que la instrucción se extralimita». La cuestión no es menor desde el punto de vista electoral, ya que con el sistema actual unos cientos de votos concentrados en una provincia u otra pueden decantar un escaño parlamentario a favor de una u otra formación política.
La ofensiva coordinada de PP y Vox
Más allá de la petición de nulidad, el PP reclama mayor transparencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el conjunto del proceso. «Esperamos que el Gobierno haga públicos y transparentes todos los datos de las nacionalidades», señaló Ezcurra, que exigió además paralizar la inscripción hasta que se aclaren los criterios exigidos por la JEC. La vicesecretaria insistió en que las dudas del partido no son nuevas: «Desde el principio hemos dicho que dudamos de las garantías», sostuvo en referencia tanto al proceso de concesión como al del voto exterior.
El proceso afecta a un volumen de electores potencialmente relevante, ya que la ley puede otorgar la nacionalidad y el derecho de voto a más de dos millones de descendientes de españoles. Esa magnitud explica el interés del PP y de Vox en fiscalizar los criterios de aplicación de la norma antes de que avancen nuevas convocatorias electorales. La coincidencia temporal entre ambas iniciativas, con Vox adelantándose al PP en el registro del escrito, confirma una estrategia paralela de las dos formaciones frente a la instrucción ministerial.
El Gobierno no ha respondido públicamente a la petición de nulidad presentada por los populares. La resolución de la JEC, que no cuestiona la vigencia de la ley de nietos sino el desarrollo reglamentario de su aplicación, deja abierto un margen de ambigüedad que tanto el PP como Vox aprovechan para presionar sobre la gestión del proceso. La decisión sobre si prospera o no la nulidad de oficio queda ahora en manos de la secretaría de Estado de Justicia, sin plazo público conocido para resolver.
