El Congreso dará el visto bueno definitivo esta semana a tres normas devueltas por el Senado, con las que la legislatura superará las setenta leyes aprobadas, aunque cerca del 60% son reales decretos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intensificado su producción normativa en los últimos dos meses, apoyado en una vía que exige menos negociación parlamentaria pero conlleva más riesgos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador en los últimos dos meses para mejorar unos números legislativos que quedaban lejos de los registrados durante la primera legislatura de la coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos. Fruto de ese impulso, el Congreso dará esta semana el visto bueno definitivo a tres nuevas normas que elevarán la cifra de leyes aprobadas en la legislatura por encima de las setenta, aunque cerca del 60% de ese total corresponde a reales decretos, una figura que exige menos negociación parlamentaria previa y que se ha convertido en el principal instrumento del Ejecutivo para sacar adelante su agenda ante una mayoría cada vez más difícil de recomponer en el Congreso.
Con agosto a la vuelta de la esquina, la Cámara baja celebrará el próximo jueves el habitual pleno extraordinario previo a las vacaciones, en el que el Ejecutivo suele acumular los asuntos pendientes. La intención inicial del Gobierno era cargar el orden del día de normas relevantes, pero varias de ellas se han quedado en el tintero por falta de acuerdo con los socios de la investidura o por falta de tiempo para negociar, dos factores que suelen retroalimentarse entre sí a lo largo de la legislatura.
Tres leyes recuperadas del Senado y otras en trámite
El Ejecutivo ha solicitado incluir en el debate de esta semana la aprobación de tres leyes que regresan del Senado, donde el Partido Popular (PP) impuso su mayoría absoluta para modificarlas: una crea una pasarela para que los mutualistas puedan cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, otra amplía el cribado neonatal en el Sistema Nacional de Salud y una tercera transfiere la titularidad de la autopista AP-9 a la Xunta de Galicia. Con su aprobación definitiva, la legislatura alcanzará las treinta y tres leyes.
Además, en el Senado quedan pendientes otras tres normas que se aprobarían a la vuelta del verano, entre ellas la que prohíbe y sanciona las terapias de conversión dirigidas a personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI+), la que otorga el carácter de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones y una última que reforma el sistema de dependencia para ampliar las horas de ayuda a domicilio. A esto se suma que la Comisión de Trabajo del Congreso dará el visto bueno a un texto sobre la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad, que deberá remitirse después al Senado, mientras el Gobierno ultima otra iniciativa largamente demandada por Sumar para conceder la nacionalidad española a los saharauis.
Los reales decretos, la vía de escape
Solo estas siete leyes, ya a punto de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o en la recta final de su tramitación, superan las seis normas que han visto la luz desde septiembre, un balance legislativo escaso que evidencia la parálisis del último año y la debilidad parlamentaria sobre la que se sostiene el Ejecutivo. Ante un hemiciclo en el que cada votación ganada se celebra como una victoria pírrica, el Gobierno ha optado por apoyarse en los reales decretos, una vía que conlleva una negociación más sencilla, aunque también más riesgos.
En lo que va de año, el Consejo de Ministros ha aprobado diecinueve reales decretos, cuatro más que en todo 2025, y ha perdido cuatro de esas votaciones en el Congreso. El próximo jueves se debatirán los dos últimos: uno con ayudas ante la guerra de Irán y otro sobre la jubilación anticipada del personal laboral de Baleares. A este ritmo de producción, y con pocos visos de que mejore la aritmética parlamentaria, el Gobierno superaría con creces el número de decretos aprobados en prácticamente cualquier año del siglo XXI, acercándose peligrosamente a los treinta, una cifra que solo se alcanzó durante 2020 y 2021 por la necesidad de dar una respuesta rápida a la pandemia de covid-19.
Las reformas atascadas por los socios
La velocidad legislativa de los últimos dos meses también se ha topado con socios poco proclives al entendimiento. El ejemplo más claro es el rechazo a la senda de estabilidad presupuestaria, tumbada esta semana en el Congreso y que volverá a debatirse el próximo jueves. También se activará la tramitación del proyecto de ley para condonar a las comunidades autónomas la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un gesto dirigido a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), socio cuyo respaldo resulta cada vez más determinante para sostener la aritmética parlamentaria del Ejecutivo.
El Ejecutivo ha tratado además de sacar adelante reformas clave que permanecían en el tintero, como la modificación del reglamento del Congreso para regular la relación de los diputados con los lobbies. El acuerdo dentro del bloque de la investidura parecía cerca, pero se ha frenado ante las reticencias de Junts per Catalunya. Más difíciles están las negociaciones de una de las leyes estrella de Sánchez, la que prohíbe el acceso a redes sociales a los menores de dieciséis años, en la que se han producido primeros acercamientos aún lejanos a un acuerdo.
