El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía no resuelve la situación personal de Carles Puigdemont, condicionada por la interpretación restrictiva que el Tribunal Supremo ha hecho del delito de malversación. La orden de detención contra el expresident sigue vigente, y su suerte depende ahora del calendario del Tribunal Constitucional, que prevé pronunciarse a partir de septiembre sobre los recursos de amparo de los líderes del procés.
La sentencia dictada ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelve un obstáculo jurídico de primer orden para la ley de amnistía, pero no despeja el camino de regreso a España de Carles Puigdemont. El expresident de la Generalitat lleva casi una década fuera del país, primero huido tras la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017 y, desde hace dos años, a la espera de que la amnistía aprobada por el Congreso le permita retornar sin causas judiciales pendientes. El fallo europeo no cambia esa situación de forma inmediata.
Por qué Puigdemont sigue sin poder volver
El obstáculo principal no proviene de Luxemburgo, sino del Tribunal Supremo español. La Sala de lo Penal dictaminó que los altos cargos catalanes que organizaron el referéndum del 1 de octubre de 2017 se lucraron personalmente al utilizar dinero público para esos fines, y que ese enriquecimiento excluye el delito de malversación del ámbito de la amnistía. La propia ley recogía esa excepción para quienes se hubiesen enriquecido con fondos públicos, aunque el legislador no pensaba específicamente en Puigdemont al redactarla, según reconocen fuentes jurídicas consultadas por la prensa.
El TJUE no ha entrado a valorar esa interpretación, porque no le correspondía hacerlo en las dos cuestiones prejudiciales que resolvió ayer. Fuentes del Alto Tribunal citadas por la prensa apuntan que la sentencia europea no afecta en nada a las medidas cautelares vigentes contra el expresident. Mientras la interpretación del Supremo no cambie, la orden nacional de detención dictada por el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, sigue plenamente activa, lo que obliga a Puigdemont a permanecer en Bélgica si quiere evitar ser arrestado al pisar suelo español.
El calendario judicial pendiente
Tras conocer la interpretación del Supremo, Puigdemont presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que prevé resolverlo a partir de septiembre. El primer recurso que se abordará será el del secretario general de Junts, Jordi Turull, cuya ponencia recae en el magistrado conservador José María Macías, uno de los más críticos con la ley de amnistía. Fuentes del propio tribunal señalan que, salvo que la sentencia del TJUE le haga cambiar de criterio, es previsible que su propuesta sea rechazar el recurso del dirigente independentista.
La doctrina que fije ese primer fallo valdrá tanto para los condenados por malversación, entre ellos Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, como para los procesados en rebeldía, entre ellos Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por la prensa admiten división de opiniones entre sus magistrados sobre si conceder el amparo obligaría al Supremo a aplicar la amnistía de oficio a todos los afectados, o si cada caso deberá resolverse de forma individual, lo que alargaría considerablemente el proceso. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, urgió al Constitucional a actuar sin más demora y advirtió que «el Constitucional ya llega tarde a resolver esto».
El efecto en la relación con el Gobierno
La sentencia europea llega, además, en uno de los momentos de mayor debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, y abre un nuevo escenario en su relación con Junts, aunque está por ver si el aval se traduce en una mayor estabilidad política. Los puentes entre posconvergentes y socialistas permanecen cerrados desde hace meses: los dos interlocutores que en su día negociaron el acuerdo, Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero, están imputados por casos de corrupción, y el diálogo entre ambas formaciones se limita a lo estrictamente necesario en el ámbito parlamentario.
En el Gobierno se sienten defraudados por lo que califican de deslealtad de Junts, visible en votaciones clave del Congreso. Con todo, algunas fuentes del Ejecutivo señalan que el regreso de Puigdemont podría ser la «ventana de oportunidad» para recomponer una relación deteriorada. Esa lectura no es unánime dentro del independentismo: el líder de ERC, Oriol Junqueras, planteó una vía distinta al proponer trabajar por «un horizonte de país, de futuro compartido, con más fuerza y más soberanía», una fórmula que no descarta explícitamente la negociación con el Estado.
Junts, en cambio, no ha dado ninguna señal de que su bloqueo actual a las principales iniciativas del Gobierno en el Congreso vaya a cambiar. El propio Puigdemont enfrió esa posibilidad al advertir que «el camino para acabar con la represión no ha terminado», y dejó claro que su prioridad sigue siendo la independencia de Cataluña, no la normalización de sus relaciones con el PSOE. La sentencia despeja un obstáculo jurídico, pero la vuelta del expresident a la política activa en España sigue, por ahora, sin fecha.
