El Consejo de Ministros aprobó un techo de gasto de 226.032 millones de euros para los Presupuestos Generales del Estado de 2027, un 6,6% más que el ejercicio actual y la primera cifra sin fondos europeos Next Generation. La medida llega sin mayoría parlamentaria asegurada y con la oposición de Junts a la senda de déficit.
El Consejo de Ministros aprobó este martes el mayor techo de gasto de la historia de España para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, fijado en 226.032 millones de euros, un incremento del 6,6% respecto al ejercicio actual. El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió la cifra al señalar que el Gobierno «da un paso fundamental en el camino para aprobar las cuentas públicas del próximo año», que según dijo «serán ambiciosas en lo social y responsables en lo fiscal». La aprobación llega pese a que el Ejecutivo carece de una mayoría parlamentaria clara para sacar adelante las cuentas.
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La cifra récord y el fin de los fondos europeos
El techo de gasto aprobado supone un margen adicional de 14.006 millones de euros sobre el ejercicio anterior. Su relevancia histórica radica en que será la primera gran cifra presupuestaria sin la aportación de los fondos europeos Next Generation, aprobados por Bruselas tras la pandemia, cuya aplicación expira el 31 de agosto. Sin esa inyección extraordinaria, la subida real del gasto no financiero se sitúa en 9.855 millones de euros, un 4,6% más que el año anterior.
El Gobierno respalda la cifra expansiva en la revisión al alza del crecimiento económico, que la semana pasada elevó del 2,2% al 2,6% para 2026. El titular de Hacienda subrayó que las nuevas cuentas seguirán la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que «garantiza los mayores recursos posibles para políticas sociales y ámbitos como la vivienda, la ciencia y la innovación».
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El reparto del déficit y el pulso con el PP
La senda fiscal aprobada fija el déficit conjunto de las administraciones públicas en el 1,8% del PIB para 2027, con un descenso progresivo hasta el 1,5% en 2029. La Administración Central asumirá el mayor peso del ajuste, con el 1,5% en 2027, mientras que las comunidades autónomas tendrán un objetivo de déficit del 0,1%, lo que se traduce en un margen fiscal conjunto de 5.849 millones de euros para financiar servicios públicos.
Arcadi España reprochó a las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) su rechazo a esa senda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el lunes. «Me cuesta entender la obsesión del PP contra Catalunya. Solo buscan enfrentar a los territorios entre ellos», afirmó el ministro, que se mostró abierto a plantear objetivos de déficit «asimétricos» según la situación de cada territorio para lograr su respaldo.
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La deuda pública, con una trayectoria descendente
El Gobierno prevé que la deuda pública sobre el PIB continúe su descenso en los próximos tres años, desde el 97,6% previsto para 2027 hasta el 95,3% en 2029. Por subsectores, la Administración Central y la Seguridad Social concentrarán la mayor parte de ese ajuste, mientras que las comunidades autónomas verán reducida su ratio de deuda del 18,9% en 2027 al 17,7% en 2029.
La regla de gasto, que limita el crecimiento de los desembolsos públicos descontando pensiones y desempleo, queda fijada en el 4% para 2027, con una moderación progresiva hasta el 3,6% en 2029. Las entidades locales, por su parte, deberán mantener el equilibrio presupuestario durante los tres ejercicios contemplados en la senda.
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El calendario parlamentario y el obstáculo de Junts
A diferencia del techo de gasto, que no requiere aval del Congreso, la senda de déficit y deuda sí debe someterse a votación en el pleno del 14 de julio. Si los diputados la rechazan, una circunstancia que varios grupos parlamentarios consideran probable, el Gobierno dispone de un mes para presentar nuevos objetivos, con una segunda votación prevista para el 23 de julio.
Junts per Catalunya (JxCat) ya avanzó su oposición a la senda de déficit, lo que complica la tramitación de unas cuentas que el Ejecutivo planea presentar tras las vacaciones de agosto, con el objetivo de aprobar el proyecto de ley en septiembre. El propio ministro de Hacienda reconoció que el signo del voto «se suele decidir en el mismo día» de la votación.
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El telón de fondo electoral
La aprobación del techo de gasto se produce en un año de marcado carácter electoral, en el que están previstas elecciones municipales y autonómicas en la mayoría de las comunidades, además de las generales si no se produce un adelanto. Varios grupos parlamentarios han calificado el proyecto presupuestario de «anuncio de precampaña electoral», al tiempo que han reclamado en repetidas ocasiones la convocatoria adelantada de comicios generales.
El Gobierno acumula ya tres ejercicios con las cuentas prorrogadas por falta de mayoría suficiente en el Congreso, pero insiste en que avanzará en la tramitación de los PGE de 2027. Arcadi España pidió a los grupos políticos «reflexión» y les instó a no pensar «en jugadas electorales», mientras el Ejecutivo confía en que la buena marcha de la economía, con crecimientos previstos de al menos el 2% entre 2027 y 2029, respalde su apuesta por unas cuentas expansivas de aprobación incierta.
