El Senado, con mayoría absoluta del PP, tiene previsto aprobar este jueves un requerimiento al Tribunal Constitucional sobre el tratado de amistad y cooperación entre España y Francia, lo que suspenderá su tramitación en la Cámara alta. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, acusó a los populares de jugar «un juego muy peligroso» al obstruir un acuerdo ya ratificado por el Congreso, mientras fuentes diplomáticas francesas expresan su incredulidad ante el bloqueo.
Pedro Sánchez acudirá el próximo 14 de julio a París como invitado al desfile de la fiesta nacional francesa sin poder ofrecer a Emmanuel Macron una fecha concreta para la entrada en vigor del tratado de amistad y cooperación que ambos países firmaron en Barcelona en enero de 2023. El pleno del Senado, donde el Partido Popular (PP) cuenta con mayoría absoluta, tiene previsto aprobar el jueves un requerimiento para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del acuerdo, lo que dejará bloqueada su tramitación en la Cámara alta, según fuentes del Grupo Popular. El texto ya había sido ratificado por el Congreso de los Diputados en junio.
El motivo esgrimido por el PP para cuestionar la constitucionalidad del tratado es la cláusula que prevé que un ministro español y otro francés participen, por turno rotativo, en la reunión del Consejo de Ministros del país vecino al menos una vez cada tres meses. Se trata de una fórmula similar a la que Francia aplica con Alemania, Italia o Polonia, pensada para simbolizar el carácter estratégico de la cooperación bilateral. El PP alega, sin embargo, que este artículo vulnera la Constitución española, que tasa la composición del Gobierno limitándola al presidente, el vicepresidente y los ministros.
Las cartas interpretativas y el pulso político
Para despejar esos reparos, los titulares de Exteriores español y francés, José Manuel Albares y Jean-Noël Barrot, intercambiaron en abril cartas interpretativas del tratado en las que se precisa que la incorporación del ministro del país vecino se producirá siempre «en los márgenes» de la reunión del Consejo de Ministros del otro Gobierno, es decir, en un encuentro «ad hoc» y «por separado», sin formar parte de la reunión ejecutiva propiamente dicha. El PP mantiene, no obstante, que ese intercambio postal no forma parte del texto del tratado y que, por tanto, no modifica su contenido jurídico.
El Gobierno considera que los reparos constitucionales del PP encubren en realidad el propósito de infligir una derrota internacional a Pedro Sánchez, dejando en evidencia que no está en condiciones de sacar adelante ni siquiera un acuerdo de naturaleza tan protocolaria como un tratado de amistad. Albares advirtió en declaraciones a Televisión Española (TVE) que el PP «está jugando a un juego muy peligroso».
Albares calificó de «disparate» que un partido que aspira a tener sentido de Estado esté «obstruyendo y dilatando» la entrada en vigor del primer tratado de amistad y cooperación con el principal vecino de España. El ministro recordó que 300.000 españoles viven en Francia y 1,3 millones en las zonas fronterizas, de donde llegan cada año 13 millones de turistas, y acusó a los populares de «sabotear los intereses de los españoles» al «obstruir y boicotear» un acuerdo que considera «imperativa para proteger las exportaciones españolas».
Antecedentes y consecuencias diplomáticas
No es la primera vez que el PP recurre al Tribunal Constitucional contra el llamado Tratado de Barcelona, denominado así por la ciudad donde se firmó. Los populares ya lo hicieron el año pasado, aunque en aquella ocasión el alto tribunal archivó la consulta después de que el acuerdo fuera rechazado en el Congreso, al considerar que había dejado de existir el objeto de la misma. El Gobierno volvió a enviar el texto a la Cámara baja y logró finalmente su aprobación en junio, pese al rechazo del PP y Vox, gracias a que Podemos y Junts cambiaron por el sí la abstención que habían mantenido trece meses antes.
Cuando el camino hacia la entrada en vigor del tratado parecía despejado, dado que el previsible veto del Senado podía ser revertido por el Congreso, la nueva consulta al Constitucional vuelve a dejarlo en el limbo jurídico. Albares pidió públicamente a los populares que «dejen de poner palos en las ruedas», y aseguró haber mantenido contactos con el PP para encontrar una salida que, de momento, no se vislumbra. La paralización tiene ya una consecuencia práctica constatable: España y Francia no han vuelto a celebrar ninguna reunión de alto nivel con presencia de varios ministros de ambos gobiernos desde enero de 2023, fecha de la firma original del acuerdo.
Fuentes diplomáticas francesas no ocultan su incredulidad e indignación ante el bloqueo de un tratado que debía servir de marco para impulsar la cooperación bilateral en ámbitos que van de la gestión transfronteriza a la cultural, pasando por las consultas sobre la agenda europea o las interconexiones energéticas. Esas mismas fuentes advierten de que en Francia el bloqueo se percibirá como un desaire por parte de España, sin entrar a discernir qué partido es responsable ni cuáles son las razones de política interna española que lo explican, una distinción que sí resulta central en el debate doméstico entre el Gobierno y el PP sobre el verdadero motivo del veto senatorial.
