El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que aprobará una ley estatal de ayudas al concebido no nacido si llega a La Moncloa, inspirada en la norma que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso en marcha en Madrid. El anuncio culmina una estrategia que PP y Vox ya aplican en cuatro comunidades autónomas: eludir la restricción directa al aborto y centrarse en el fomento de la natalidad y el reconocimiento de derechos al feto.
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, afirmó en una entrevista en Antena 3 que aprobará una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión en las ayudas públicas destinadas a la familia que lo espera. Feijóo recordó que impulsó una medida similar en Galicia en 2011 y presentó la nueva norma madrileña como el modelo a extender a toda España, en una iniciativa celebrada por la extrema derecha y cuestionada desde la izquierda y el movimiento feminista.
El anuncio no es un episodio aislado. Se inscribe en una estrategia que el PP y Vox llevan meses desarrollando en paralelo en distintos gobiernos autonómicos, centrada en el fomento de la natalidad y la maternidad como vía para acercarse al votante conservador sin asumir el coste electoral de una restricción explícita al aborto. La ley madrileña del concebido no nacido, aprobada por el Ejecutivo de Ayuso, es hasta ahora la pieza más desarrollada de ese marco compartido.
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El anuncio de Feijóo y el modelo madrileño
Feijóo defendió la medida con un argumento centrado en el reconocimiento institucional del embarazo: «Cuando una mujer está esperando un hijo, eso tiene que tener reflejo en las ayudas del sector público». El líder del PP vinculó su propuesta a la experiencia gallega y a la norma que acababa de aprobar la presidenta de Madrid, y anunció su intención de dotar de una repercusión similar al concebido no nacido en el conjunto del país.
La dirección del PP no ha precisado aún los detalles de la futura ley estatal, que continúa en fase de elaboración y no se presentará hasta después del verano. Génova no ha aclarado si tomará como referencia las catorce semanas de gestación que fija la norma madrileña o las veintiuna semanas que contempla la legislación gallega desde 2011, ni qué ocurriría con las ayudas concedidas en caso de que el embarazo no llegara a término.
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El marco común: los pactos autonómicos y la retórica de la natalidad
El anuncio de Feijóo no surge de manera aislada, sino que corona un patrón ya presente en los acuerdos de gobierno entre el PP y Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. En ninguno de esos cuatro pactos aparece la palabra aborto, pero todos incluyen medidas orientadas a fomentar la natalidad y a reconocer valor social a la familia, una fórmula que permite a ambas formaciones aproximarse al debate sin asumir el desgaste de una propuesta restrictiva.
El acuerdo andaluz es el más extenso en esta materia: contempla una ley de familia, campañas de apoyo a la maternidad y a «la cultura de la vida», un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada y un Plan de Apoyo a la Natalidad con medidas principalmente fiscales. Extremadura, Aragón y Castilla y León replican variantes de ese mismo esquema, con leyes de familia o planes de natalidad adaptados a cada territorio, en pactos suscritos por gobiernos del PP con la participación de vicepresidencias de Vox.
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Qué contempla exactamente la norma madrileña
La ley aprobada por la Comunidad de Madrid establece que el concebido no nacido dará lugar a ayudas públicas a partir de la semana catorce de gestación, un umbral notablemente más temprano que el fijado por la normativa gallega, que sitúa el reconocimiento en la semana veintiuno. Desde el momento del embarazo, acreditado mediante informe médico, las familias podrán acceder a beneficios como becas comedor, ayudas para Bachillerato o para escuelas infantiles privadas, y quienes ya tengan dos hijos podrán considerarse familia numerosa antes del nacimiento del tercero.
La norma incorpora también deducciones fiscales, como la correspondiente al impuesto sobre la renta por gastos escolares, además de exenciones de tasas y bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano. El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, resumió el sentido político de la medida al escribir que, según termina de fecundar la mujer, lo que lleva en el vientre es «una persona con derechos», una formulación que definió como parte de la respuesta frente a lo que llamó «la cultura woke e izquierdista».
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La presión de Vox: personalidad jurídica para el nasciturus
Aunque la extrema derecha aplaudió la norma madrileña como «un paso importante», Vox la considera insuficiente y presiona al PP para ir más allá. La diputada de Vox Belén González reclamó durante el debate en la Asamblea de Madrid que el reconocimiento del nasciturus no se quede en algo «parcial, limitado o meramente instrumental», y la formación de Santiago Abascal aspira a dotar de personalidad jurídica plena al concebido no nacido.
Ese paso adicional excede las competencias autonómicas, ya que requeriría una reforma del Código Civil, y tendría consecuencias que van más allá de las ayudas fiscales: podría abrir la puerta a limitar el derecho al aborto. Desde el sector provida, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, planteó esa misma lógica de fondo al sostener que, si se acepta que existe un hijo desde la concepción, no cabría mantener una ley que permita interrumpir esa vida, en lo que describió como una cuestión de coherencia.
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Las voces críticas y la lógica electoral
El movimiento feminista ha expresado su preocupación por el precedente que estas normas podrían sentar. La directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Sílvia Aldavert, advirtió de que la ley impulsada por Feijóo sienta un precedente para generar imaginarios culturales que, más adelante, podrían derivar en cambios legislativos orientados a restringir el aborto. Esa lectura es compartida por organizaciones como Mujeres Jóvenes y por sindicatos como Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
El profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos Javier Lorente atribuye esta estrategia a un cálculo electoral: en una sociedad crecientemente secularizada, centrar el debate en los derechos de quienes deciden no abortar resulta más «vendible» que plantear la discusión en términos de restricción directa, una vía que expondría a la derecha a un coste electoral significativo entre sectores moderados y mujeres. Según Lorente, esta fórmula permite al PP y a Vox reconciliarse con el electorado conservador sin generar rechazo entre los votantes progresistas, una síntesis que explica por qué ambos partidos, pese a partir de posiciones distintas sobre el aborto, han convergido en un mismo lenguaje de natalidad y familia tanto en sus pactos autonómicos como en la futura ley estatal anunciada por Feijóo.
