Una encuesta de Funcas realizada a 1.127 personas revela que el 87% de los españoles se opone a elevar la edad de jubilación hasta los 70 años, una medida que Alemania estudia actualmente. El rechazo es transversal por edad, género y situación laboral. Dos tercios de los encuestados reconocen al mismo tiempo que las pensiones se convertirán pronto en un problema económico, pero también rechazan mayoritariamente todas las reformas concretas propuestas para afrontarlo.
La Encuesta Funcas 2026 sobre pensiones y educación financiera, presentada ayer con una muestra de 1.127 españoles de entre 18 y 75 años, dibuja una contradicción que resume el nudo político y social en torno al futuro del sistema público de pensiones: una mayoría amplia de ciudadanos está convencida de que el modelo se enfrenta a problemas serios, pero rechaza de forma rotunda las medidas disponibles para resolverlos. El caso más extremo es el del retraso de la edad de jubilación hasta los 70 años, una posibilidad que debate actualmente Alemania y que en España concita la oposición del 87% de los encuestados. La investigadora de Funcas Elisa Chuliá, responsable del estudio, lo define como «un rechazo casi por aclamación».
La cifra tiene una característica que la distingue de otros resultados de la misma encuesta: es homogénea en todos los segmentos de la población. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, trabajadores en activo y pensionistas ya retirados expresan el mismo rechazo con apenas variaciones estadísticas. Entre los mayores de 61 años, que no se verían afectados personalmente por la medida, la oposición alcanza el 83%. Entre las mujeres llega al 91%. El rechazo a los 70 años se produce además en un contexto en que la edad legal de jubilación en España alcanzará los 67 años en 2027, al completarse el calendario de la reforma de 2011, y en que un 70% de los encuestados ya se manifiesta en contra de ese umbral de 67 años, todavía no plenamente vigente.
Un rechazo casi por aclamación
La oposición no se limita al retraso de la edad de retiro. El estudio revela que las restantes medidas de reforma también generan mayorías en contra, aunque con intensidades distintas. Un 73% se opone a ampliar el número de años de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva, actualmente fijado en 15 años. Un 66% rechaza la creación de un impuesto específico destinado a financiar las pensiones. Un 54% se opone a elevar las cotizaciones que pagan trabajadores y empresas. La graduación del rechazo —más intenso cuanto más visible es el coste directo para el ciudadano— apunta a una lógica comprensible: la oposición crece cuando la medida implica trabajar más tiempo o recibir menos en el futuro inmediato.
El Gobierno revalorizó las pensiones contributivas un 2,7% en 2026, en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), y ha mantenido la posición de que el sistema es sostenible tras las reformas aprobadas en la legislatura anterior. Sin embargo, organismos independientes como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y expertos académicos advierten de que el envejecimiento de la población seguirá presionando las cuentas públicas durante las próximas décadas. Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad, señala que los salarios que perciben los jóvenes son ya inferiores a las pensiones que cobran los jubilados, lo que considera una desigualdad que el sistema debería corregir.
La paradoja de la reforma
El elemento más llamativo de la encuesta no es el rechazo a medidas concretas, sino su coexistencia con un diagnóstico compartido sobre la gravedad del problema. Dos tercios de los encuestados creen que las pensiones se convertirán pronto en un problema económico de primera magnitud. Y el 93% asume que el sistema experimentará cambios antes de que lleguen a la jubilación, un convencimiento que se mantiene estable por edad, género, situación laboral y nivel de estudios. Solo entre los mayores de 61 años el porcentaje desciende al 66%, un resultado lógico dado el menor horizonte temporal que les separa del retiro. «Hay un clima de opinión poco favorable a las reformas, sobre todo a alargar la carrera laboral, pero hay convencimiento de que el sistema está sometido a fuerte presión reformista», concluye Chuliá.
Esta paradoja tiene consecuencias políticas directas. Cualquier Gobierno que impulse una reforma estructural del sistema de pensiones —sea cual sea su orientación— afrontará un coste electoral elevado en una sociedad que reconoce la necesidad del cambio pero rechaza pagarlo. Un informe del Centro de Estudios Universitarios (CEU) Cefas publicado el mes pasado advertía de que «las soluciones tradicionales ya no bastan por sí solas» y que ni retrasar la jubilación, ni aumentar la inmigración, ni potenciar el ahorro privado serían suficientes sin una transformación estructural del sistema. El debate sobre la sostenibilidad a largo plazo seguirá abierto con independencia de lo que digan las encuestas de opinión.
Los jóvenes, entre el pesimismo y la inversión
La encuesta de Funcas introduce un matiz generacional que complica la lectura uniforme del rechazo. Los jóvenes son el grupo más pesimista sobre el futuro del sistema: reconocen en mayor proporción que los pensionistas actuales tienen una situación económica mejor que la suya, una percepción que los propios jubilados comparten. Pero son también los más dispuestos a actuar por su cuenta: rozando el 90% de los jóvenes encuestados se muestran favorables a realizar algún tipo de inversión privada para complementar su futura pensión, muy por encima de la predisposición que muestra cualquier otro grupo de edad.
Chuliá atribuye este dato al mayor interés de las generaciones jóvenes por los productos de inversión y al impacto de los denominados fininfluencers —creadores de contenido especializado en finanzas personales— y otras fuentes de información financiera ajenas al ámbito institucional. La encuesta detecta también una preferencia mayoritaria, de seis de cada diez encuestados, por un sistema más contributivo, es decir, más ligado a lo que cada trabajador ha aportado durante su vida laboral. «A la gente le encaja que la prestación tenga que ver con lo que se ha aportado al sistema», señaló Chuliá, aunque esa preferencia abstracta por la contributividad no se traduce en disposición a aceptar las reformas concretas que la harían viable.
