El Parlamento Europeo ha instado a la Comisión Europea a actuar de forma inmediata para proteger a los menores del impacto de las redes sociales en su salud mental, fijando los 16 años como edad mínima de acceso. Los eurodiputados reclaman que se aplique ya la Directiva de Servicios Digitales, mientras Bruselas prefiere esperar las recomendaciones de su panel de expertos, previstas para el 13 de julio. El último Eurobarómetro revela que los adolescentes pasan una media de 4,5 horas diarias en redes sociales entre semana y 6,1 los fines de semana.
El Parlamento Europeo ha abierto un pulso con la Comisión Europea por la velocidad a la que la institución responde al impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores. Los eurodiputados reclaman medidas inmediatas y han fijado los 16 años como edad mínima para el uso de plataformas como Meta o TikTok, mientras el ejecutivo comunitario prefiere esperar al informe que su panel de expertos entregará el 13 de julio antes de decidir si legisla. El comisario de Juventud, Glenn Micallef, precisó en su intervención en la Eurocámara que la propuesta legislativa, si llega, no lo hará antes de finales de año. El calendario burocrático europeo se convierte así en el principal obstáculo para una respuesta que varios grupos parlamentarios califican de urgente.
El trasfondo del debate lo proporcionan los datos del último Eurobarómetro, centrado específicamente en la salud mental de los adolescentes y su relación con el uso de redes sociales. Los resultados son inequívocos: los jóvenes de entre 13 y 18 años pasan una media de 4,5 horas diarias en estas plataformas entre semana y 6,1 horas los fines de semana. Las cifras se disparan hasta las 7,5 horas en fin de semana para quienes empezaron a usarlas antes de los diez años. Un tercio de los adolescentes de ese tramo de edad afirma sentirse estresado, triste o socialmente excluido a causa de las redes sociales. Prácticamente la mitad, el 45%, dice compararse con otros a través de estas plataformas, un mecanismo que los especialistas en salud mental asocian con el deterioro de la autoestima y el aumento de la ansiedad.
La DSA existe pero no basta
La Directiva de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) ya obliga a las plataformas a eliminar contenido ilícito y a proteger a los consumidores vulnerables, entre ellos los menores. Sin embargo, la norma deja el análisis de riesgos en manos de las propias compañías, una delegación que los procesos sancionadores ya tramitados han demostrado insuficiente. El eurodiputado socialista maltés Alex Agius fue el más explícito en el hemiciclo al calificar la situación de «pandemia que está afectando a la Unión Europea» y exigir «medidas inmediatas que pasen por la aplicación de la ley europea de servicios digitales y por garantizar su cumplimiento». La presidenta del grupo liberal, Valérie Hayer, añadió un argumento de contexto internacional: «El Reino Unido acaba de anunciar la prohibición del uso de las redes sociales para los menores de 16 años; otros países de todo el mundo ya han asumido su responsabilidad; la Unión Europea debe actuar».
El problema de fondo es que varios estados miembros han avanzado por su cuenta. Francia y España han anunciado medidas de limitación del uso de plataformas por parte de menores, pero la Comisión Europea les ha recordado que no pueden imponer obligaciones adicionales a las empresas tecnológicas al margen de la DSA: esa competencia corresponde exclusivamente a Bruselas. La tensión entre la velocidad de respuesta de los gobiernos nacionales y los plazos del proceso legislativo europeo es una de las fracturas recurrentes en la regulación digital, y el debate sobre la protección de los menores la ha vuelto a poner de manifiesto con especial nitidez.
El debate sobre la edad mínima
No todos los actores del debate comparten el diagnóstico ni la solución. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha descartado establecer una edad límite por considerar que esa medida no resuelve el problema de fondo. En la misma línea se expresó el eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Pablo Arias, que considera que existen alternativas tanto a los controles parentales como a la restricción por edad. «Europa tiene la oportunidad de marcar el camino con una tercera alternativa: una respuesta equilibrada, eficaz y proporcionada que proteja a los niños sin privarles de las oportunidades que ofrece el mundo digital», argumentó Arias, que añadió que «la protección de los niños en internet es una responsabilidad compartida entre las plataformas, las familias, los educadores y los responsables políticos».
Desde el grupo socialista, la eurodiputada Laura Ballarín defiende que todas las medidas disponibles son compatibles y complementarias entre sí. Su posición integra la DSA, el sistema europeo de verificación de edad y la futura Ley de Equidad Digital (DFA, por sus siglas en inglés), cuya presentación está prevista para finales de 2026 y que tendrá como objetivo proteger a los consumidores frente a prácticas abusivas en línea, incluidos los denominados diseños adictivos que maximizan el tiempo de exposición a las pantallas. La Comisión Europea ha optado por aguardar las recomendaciones del panel de expertos convocado por la presidenta Ursula von der Leyen, cuya última reunión tuvo lugar esta semana.
Salud mental y adicciones, el trasfondo
El debate parlamentario sobre redes sociales y menores se produce en un contexto en que los datos sobre salud mental y adicciones dibujan un panorama de creciente preocupación. Un nuevo informe de Proyecto Hombre, entidad de referencia en la prevención y tratamiento de adicciones en España, documenta que la edad media de inicio en los tratamientos ha aumentado más de dos años respecto a 2016 y se sitúa actualmente en los 40,7 años. El dato sugiere que las personas tardan cada vez más en buscar ayuda, lo que agrava el impacto acumulado de las conductas adictivas.
El informe detecta además un aumento significativo en la presencia de mujeres entre quienes acceden a tratamiento por adicción, con un incremento del 16,2% respecto a los datos de hace una década. Las mujeres inician el tratamiento a una edad más avanzada, a partir de los 42 años, y presentan perfiles de salud mental más graves: el 76,9% de los casos registra ansiedad severa, el 65,7% síntomas graves de depresión y el 46,6% pensamientos suicidas. Paula Quintana, integrante de la comisión nacional de evaluación de Proyecto Hombre, señala que estos datos reclaman «respuestas específicas» ante la diversidad de «trayectorias y necesidades» que presentan las mujeres. La presidenta de esa comisión, Marta González, subraya que «la salud mental y las adicciones requieren una atención conjunta, especialmente en el caso de las mujeres». La conexión entre el uso intensivo de redes sociales, la salud mental adolescente y los patrones de adicción en la edad adulta es uno de los ejes del debate que el Parlamento Europeo ha colocado en el centro de la agenda regulatoria.
