El Consejo de Ministros aprueba un nuevo paquete de medidas anticrisis para suceder al plan de choque activado en marzo, pese a que el precio del barril de brent ha vuelto a situarse en torno a los 72 dólares, por debajo de los niveles previos al inicio de la guerra de Irán el 28 de febrero. El Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, la Comisión Europea y los técnicos del Ministerio de Hacienda han advertido del elevado coste fiscal y del carácter regresivo de las rebajas impositivas generalizadas.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprueba un segundo paquete de medidas anticrisis en un contexto que ha cambiado de forma significativa desde que se diseñó el primero. El precio del barril de brent, referencia del petróleo en Europa, cotiza en torno a los 72 dólares, por debajo de los niveles previos al inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, y muy lejos de los 126 dólares que llegó a alcanzar a finales de abril en el momento de máxima tensión. La gasolina encadena cuatro semanas de caídas y se sitúa en 1,46 euros por litro, su nivel más bajo desde febrero. El gasóleo baja hasta 1,538 euros, mínimos desde la primera semana de marzo. Desde los máximos recientes, el diésel acumula un abaratamiento del 8,7% y la gasolina del 6,8%, según el último Boletín Petrolero de la UE.
En este contexto de normalización de precios, el Gobierno mantiene su posición. El presidente Sánchez ha argumentado que, aunque la guerra pueda cerrarse en los próximos días, sus efectos «van a perdurar durante meses» y ha comprometido que «ninguna familia, empresa o autónomo va a quedar desprotegido». El Ejecutivo sostiene que por el Estrecho de Ormuz circula en torno al 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado, y que cualquier amenaza sobre ese corredor se traslada a precios, fletes, contratos energéticos e inversiones. La normalización de las cotizaciones, argumenta el Gobierno, no elimina la factura acumulada por los sectores más expuestos durante los tres meses de conflicto.
Los precios se normalizan pero el Gobierno insiste
La decisión de prorrogar las medidas ha generado tensiones con los principales organismos económicos internacionales y nacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió en mayo a España retirar los subsidios energéticos para recomponer los colchones fiscales y evitar distorsiones en los precios. Solo contempla prolongarlos si la situación se agrava y siempre que se transformen en ayudas quirúrgicas dirigidas a los sectores y hogares más expuestos, no de forma universal. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) también ha lanzado un mensaje de cautela: su director general, el español Pablo Hernández de Cos, advirtió en la asamblea general anual celebrada en Basilea de que «incluso si se confirma la reapertura del estrecho de Ormuz, no deberíamos ser complacientes. Los efectos del conflicto podrían persistir».
El Banco de España calcula que España es el país de la UE que más recursos ha movilizado por esta crisis, en torno al 0,25% del PIB, y advierte de que las medidas vuelven a apoyarse en rebajas impositivas poco focalizadas, como ya ocurrió en 2022 y 2023 para paliar los efectos de la guerra de Ucrania en los precios energéticos. La Comisión Europea, que ha abierto la puerta a conceder a los Estados miembros un margen fiscal adicional, insiste al mismo tiempo en que las ayudas deben ser temporales, específicas y fiscalmente sostenibles. El mensaje de Bruselas es coherente con el de las demás instituciones: la dirección es correcta, pero el instrumento debe afinarse.
Las críticas de FMI, Gestha y Bruselas
Los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en Gestha se sumaron el viernes pasado a ese coro crítico con un paquete de trece propuestas. El sindicato de funcionarios sostiene que las bajadas indiscriminadas de impuestos en electricidad y carburantes son «regresivas» y «poco eficientes», y pide al Gobierno que no reedite ese modelo y lo sustituya por ayudas directas a los sectores más afectados. La crítica de fondo es compartida por todos los organismos consultados: las rebajas generalizadas no solo son caras para las arcas públicas sino que también son regresivas porque benefician proporcionalmente más a los hogares de mayor renta, que consumen más energía en términos absolutos, y reducen los incentivos al ahorro energético en un momento en que la transición hacia fuentes renovables debería acelerarse.
El Gobierno ha recibido esas advertencias y las ha incorporado, al menos en el discurso, al diseño del segundo paquete. Fuentes del Ejecutivo han señalado en repetidas ocasiones que las nuevas medidas tendrán un carácter más selectivo que las anteriores. Sin embargo, la prórroga de las rebajas fiscales a los carburantes sigue sobre la mesa pese a la bajada del precio del crudo, y el Gobierno ha evitado concretar públicamente qué medidas sobrevivirán. Los sectores afectados reconocen no haber recibido información precisa: «Solo nos cuentan que toman nota y que aguardemos a este lunes», señalan fuentes del sector energético.
La industria pide más que un puente hasta octubre
Las empresas más expuestas al choque energético reclaman que el nuevo escudo no sea simplemente un puente hasta octubre. La gran industria electrointensiva advierte de que el coste eléctrico del segundo trimestre se sitúa un 20% por encima de lo previsto antes de la guerra, una sobreimposición que afecta directamente a su competitividad frente a competidores europeos y extraeuropeos que operan con energía más barata. La automoción reclama oxígeno ante la presión combinada de los costes energéticos y logísticos, el encarecimiento del circulante y el retraso del Plan Auto+, dotado inicialmente con 400 millones de euros y que el sector ya sitúa para agosto. La siderurgia alerta de una doble presión: energía cara en el mercado interior e importaciones competidoras procedentes de países con menores costes de producción.
El decreto que el Consejo de Ministros aprueba deberá equilibrar todas esas presiones simultáneamente: sostener a los sectores vulnerables, evitar un repunte inflacionista en verano, responder a las advertencias de los organismos internacionales y aprovechar el margen fiscal adicional que Bruselas pueda conceder sin tensar más las cuentas públicas. El déficit público se estabilizará en el 2,4% del PIB en 2026, según las previsiones del Gobierno, frenando la senda de reducción que venía recorriendo. La paz en Irán puede estar más cerca, pero la economía española seguirá operando durante meses con una factura energética, industrial y fiscal heredada de la guerra que ningún decreto puede cancelar de forma inmediata.
