El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes cierra el plazo de presentación de solicitudes con cifras que más que duplican las previsiones iniciales del Gobierno. Frente al medio millón de personas que el Ejecutivo esperaba beneficiar, la plataforma Mercurio registra en torno a 1,3 millones de candidatos. De ellos, 360.000 expedientes han sido ya admitidos a trámite. El atasco en las comisarías para obtener la tarjeta de identidad de extranjero y las denuncias de Sumar sobre cobros ilegales complican el tramo final del proceso.
El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en situación irregular puesto en marcha por el Gobierno el 15 de abril ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes con un desbordamiento de las previsiones iniciales que ningún organismo había anticipado con precisión. La plataforma digital Mercurio, dependiente del Ministerio de Política Territorial y utilizada para registrar todas las peticiones presentadas en España, arroja una cifra que se aproxima a 1,3 millones de solicitudes, más del doble del medio millón que el Ejecutivo había calculado cuando anunció la medida. A mediados de junio, la última cifra oficial disponible era de 900.000 solicitudes, de las cuales 360.000 habían sido admitidas a trámite, lo que otorga a sus titulares un permiso provisional de trabajo y residencia mientras se resuelve el expediente definitivo.
La magnitud de la respuesta sitúa este proceso como el de mayor alcance de la historia democrática española. Las seis regularizaciones anteriores sumaron conjuntamente 1,6 millones de solicitudes y se concedieron 1,2 millones de permisos. La más reciente de referencia, impulsada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, otorgó papeles a 576.506 personas de las 691.655 que presentaron solicitud. El proceso actual la supera ampliamente en volumen de demanda antes incluso de que concluya el plazo. María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, apunta que «la población irregular es difícil de medir, pero ya la Policía, que tiene mejores datos, dijo que superarían los 1,3 millones». La experta añade, no obstante, que «hay un margen de incertidumbre sobre el resultado final» y que algunas solicitudes podrían estar sustentadas en documentación falsa, circunstancia habitual en procesos de esta envergadura.
El perfil de los solicitantes: jóvenes y latinoamericanos
Los datos del proceso a 12 de junio revelan un perfil demográfico y geográfico preciso. El 53,1% de los solicitantes tiene entre 25 y 44 años, el tramo donde se concentra el grueso del mercado laboral español. Los menores de 25 años representan el 28% de las solicitudes, y los mayores de 44 años el 19% restante. En cuanto al origen geográfico, Colombia encabeza el listado con el 26,9% de las peticiones, prácticamente el doble que Marruecos, segundo país con el 13,7%. Venezuela, Perú, Honduras y Paraguay completan los primeros puestos, de modo que los solicitantes latinoamericanos representan el 65% del total. El dato ilustra una realidad que las estadísticas de llegadas irregulares suelen ocultar: los aeropuertos, y no las costas, son la principal vía de entrada de la inmigración irregular en España, a través de visados temporales que se agotan sin renovación.
La regularización ha servido también para desatascar el sistema de protección internacional, colapsado en los últimos años por una avalancha de peticiones de asilo. Muchos solicitantes que esperaban resolución de asilo han optado por acogerse al proceso extraordinario renunciando a esa vía, lo que ha aliviado parcialmente la saturación del sistema. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene previsto publicar datos actualizados a lo largo de esta semana, aunque no ha confirmado cifras definitivas hasta el cierre del plazo. La organización CEAR, una de las principales entidades de apoyo al proceso, cifró en un millón las solicitudes registradas ya el 15 de junio, con tendencia al alza hasta el cierre.
La burocracia como cuello de botella
El trámite final del proceso genera el atasco más visible: la obtención de la tarjeta de identidad de extranjero (TIE), documento físico que acredita la permanencia legal en España y que requiere cita presencial en una comisaría de la Policía Nacional. En ciudades como Madrid y Barcelona, conseguir esa cita se ha convertido, según fuentes policiales, en misión casi imposible. La normativa establece que no puede transcurrir más de un mes entre la obtención del permiso y la comparecencia en dependencias policiales para estampar la huella dactilar. El incumplimiento de ese plazo por saturación del sistema ha creado un mercado ilegal en canales de Telegram donde se comercializan citas que pueden alcanzar los 200 euros. El Gobierno central ha activado un plan de choque específico en Cataluña para reforzar las oficinas de extranjería, donde las solicitudes superarán las 150.000 previstas, según el delegado del Gobierno, Carlos Prieto.
A las dificultades con la TIE se suman los problemas con los certificados de antecedentes penales de los países de origen, que muchos solicitantes aún no han recibido. El procedimiento permite presentar la solicitud sin ese documento siempre que se acredite haberlo pedido, autorizando al Gobierno a reclamarlo por vía diplomática con un plazo de tres meses adicionales. Sin embargo, sin la aportación final del certificado de penales el expediente no podrá concluir con resolución favorable. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha denunciado que miles de personas están «atrapadas en la burocracia y pagando centenares de euros» en procesos fraudulentos, y ha pedido una ampliación de los plazos. Vidal también ha alertado de cobros ilegales en consulados españoles sin respuesta del Ministerio de Exteriores.
El debate político: PP, Sumar y el efecto llamada
La regularización partió de una iniciativa legislativa popular de 2024 que recabó más de 700.000 firmas y contó con el apoyo de organizaciones humanitarias, sindicatos, el empresariado y la Iglesia Católica a través de Cáritas. El Partido Popular (PP) anunció su respaldo entonces, pero desde que el decreto fue aprobado sin pasar por el Parlamento ha criticado duramente la medida con términos que organizaciones de derechos humanos consideran próximos a los empleados por la ultraderecha de Vox. El principal argumento del PP es el llamado efecto llamada: la regularización incentivaría nuevas llegadas irregulares.
El Gobierno rechaza ese argumento con datos. Las llegadas irregulares a España han caído un 36% en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2025, descenso que el Ejecutivo atribuye en parte a la colaboración de Mauritania, reforzada con fondos europeos, en el control de la ruta canaria. Un estudio de los economistas Joan Monràs, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), y Javier Vázquez-Grenno, de la Universitat de Barcelona (UB), sobre los flujos migratorios antes y después de la regularización de 2005 no detecta ningún incremento significativo de la inmigración asociado a aquella medida. Los analistas advierten, sin embargo, de que ligar el efecto llamada exclusivamente a las entradas por vía marítima y terrestre puede llevar a confusión, ya que esas rutas no representan más del 10% del total de la inmigración irregular, cuya principal puerta de entrada son los aeropuertos.
