El Ayuntamiento de Barcelona culminará este año la primera fase de su plan para climatizar los 170 centros educativos públicos de la ciudad antes de 2030, financiado con fondos de la tasa turística. El modelo contrasta con la situación en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular y Vox frenaron hace días una iniciativa legislativa popular con más de 70.000 firmas para climatizar los colegios públicos, y con Andalucía, que al ritmo de inversión actual tardaría 47 años en completar la adaptación de sus centros.
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, avivó esta semana la polémica sobre la falta de climatización en las escuelas de la región con una declaración que generó rechazo inmediato entre sindicatos y asociaciones de familias: «El calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración». La frase resume involuntariamente la distancia entre las respuestas que distintas administraciones españolas están dando a un problema que deja de ser estacional para convertirse en estructural. Mientras Madrid descarta inversiones, Barcelona ha diseñado un plan de 100 millones de euros financiado con la tasa turística, y otras comunidades acumulan retrasos que se miden en décadas.
Las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (AFFAC) alertaron a finales de mayo de que el calor extremo en las aulas es ya un problema estructural y reclamaron medidas urgentes. Su directora, Lidón Gasull, denunció que la falta de confort térmico impacta directamente en la «concentración, el aprendizaje y el rendimiento académico» de los alumnos. La denuncia no es nueva: en Madrid, sindicatos y asociaciones de madres y padres de alumnos llevan desde 2017 señalando que las temperaturas en los colegios vulneran la normativa laboral, que fija un máximo de 27 grados en espacios con trabajo sedentario. La Inspección de Trabajo les ha dado la razón en repetidas ocasiones.
El plan Barcelona: 100 millones y fecha límite
El Ayuntamiento de Barcelona presenta el modelo más avanzado de España en materia de adaptación climática escolar. El alcalde Jaume Collboni anunció el plan al inicio de su mandato, en septiembre de 2023: «Las escuelas serán climatizadas y serán fuente de generación de energía limpia, tendrán mayor confort para alumnos y profesorado y ayudarán a la descarbonización de la ciudad». La primera fase del denominado Pla Clima Escola Barcelona, desarrollada entre 2024 y 2026, culminará este año con 84 centros educativos públicos climatizados: 24 en 2024, 30 en 2025 y otros 30 durante 2026.
La concejal de Educación, Sara Belbeida, precisa que el objetivo final es climatizar los 170 centros públicos de la ciudad, en los que estudian 55.000 alumnos, antes de 2030, con un presupuesto total de 100 millones de euros, de los cuales ya se han ejecutado más de 56 millones. La solución técnica adoptada no es el aire acondicionado convencional, sino la aerotermia, un sistema que extrae calor del aire exterior y que se complementa con placas fotovoltaicas para reducir la factura eléctrica. El plan incluye también estudios de ventilación, instalación de persianas, toldos, zonas de sombra y mejoras en el aislamiento de los edificios. La fuente de financiación es la tasa turística, un impuesto que genera hasta 120 millones de euros anuales para el consistorio barcelonés y que Madrid no aplica.
El calor como problema pedagógico y legal
El impacto del calor sobre el aprendizaje está documentado. La Asociación Española de Pediatría advierte de que el rendimiento cognitivo se deteriora a partir de los 26 grados: la comprensión lectora se resiente, la memoria falla y por encima de los 30 grados el aula deja de ser un entorno adecuado para aprender. El informe de la organización Equitat.org propone fijar 27 grados como umbral máximo legalmente exigible en las aulas, no como límite laboral sino como condición de aprendizaje, una distinción que ninguna norma española recoge actualmente.
El vacío legal afecta de forma asimétrica a trabajadores y alumnos. El Real Decreto 486/1997 protege a los trabajadores que desempeñan tareas sedentarias en espacios interiores estableciendo un máximo de 27 grados, y su incumplimiento puede derivar en inspecciones y sanciones. Para los estudiantes no existe un umbral equivalente con carácter vinculante. La directora de la escuela Mossèn Jacint Verdaguer del barcelonés barrio del Poble-sec, Natalia Fuster, describe con precisión lo que supone el cambio: «En verano, docentes y alumnos sudábamos y trabajábamos en un ambiente complicado». Tras la climatización del edificio en 2025, afirma que «el cambio se ha notado y el ambiente es mejor tanto en verano como en invierno».
La brecha entre comunidades
La situación en el resto de España refleja disparidades profundas. Andalucía, la comunidad más poblada, ha invertido 236 millones de euros en mejoras de climatización en centros educativos, combinando bioclimatización e instalación de aire acondicionado. Sin embargo, el coste medio de climatizar un centro mediante aerotermia ronda los 680.000 euros, y la inversión pendiente para completar la adaptación de todos sus colegios asciende a unos 1.500 millones de euros. Al ritmo actual, el proceso tardaría 47 años en concluir. La Generalitat de Catalunya, por su parte, destinó cinco millones de euros en 2023 para climatizar 104 centros y distribuyó 10.000 ventiladores; en 2026 invertirá 20 millones adicionales en ventiladores de techo, una solución que las propias asociaciones de familias califican de insuficiente.
En Madrid, el rechazo legislativo del PP y Vox a la iniciativa popular con más de 70.000 firmas cierra por ahora la vía parlamentaria. La diferencia entre el modelo barcelonés y la parálisis madrileña no es solo de recursos: es también de decisión política sobre qué se financia y con qué instrumentos. Barcelona optó por convertir el turismo en fuente de adaptación climática escolar. Madrid, que no aplica tasa turística, no ha articulado una alternativa equivalente. Para los alumnos que estudian en aulas sin climatizar, la consecuencia es la misma: familias comprando ventiladores mientras el debate sobre quién debe pagar la factura sigue abierto.
