El partido de Carles Puigdemont ha votado en la misma línea que el Partido Popular en 13 reales decretos de contenido social y ha suscrito siete mociones o proposiciones no de ley impulsadas por los populares desde noviembre de 2025, cuando oficializó su ruptura con la mayoría de investidura. En seis de esos decretos coincidió también con Vox. El Gobierno y sus socios vinculan el giro táctico de Junts con la expectativa de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, prevista para el 16 de julio.
Junts per Catalunya (JxCat) ha transformado su posición parlamentaria de forma acelerada desde el otoño de 2025. En esta decimoquinta legislatura, el partido de Carles Puigdemont ha votado en la misma línea que el Partido Popular (PP) en 13 reales decretos de contenido social, y en seis de esos casos también con Vox. Ha suscrito además siete mociones o proposiciones no de ley firmadas por los populares, seis de ellas desde noviembre de 2025, cuando la formación independentista oficializó su ruptura con los demás integrantes de la mayoría de investidura que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa. El propio Alberto Núñez Feijóo reconoció en su entrevista en El Hormiguero que los últimos «pronunciamientos» de Junts eran «impensables hace apenas dos meses».
El giro es llamativo porque en la anterior legislatura ese tipo de coincidencias con el bloque conservador eran excepcionales. Ahora se han convertido en una pauta que varía semana a semana pero que acumula un rastro cuantificable. En el último pleno de esta semana, los siete escaños de JxCat se sumaron al bloque de investidura en dos decretos de interés general y en dos leyes, pero también suscribieron con el PP la moción sobre la debilidad del Ejecutivo en la que no se permitió votar la petición de convocatoria inmediata de elecciones. Es decir, Junts opera simultáneamente en los dos bloques, sin posturas prefijadas, lo que hace su voto imprevisible tanto para el Gobierno como para la oposición.
La ruptura de noviembre y el nuevo tablero
El punto de inflexión fue el otoño de 2025. Junts argumentó entonces que se había «hartado de esperar durante dos años» el cumplimiento de los puntos pactados a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez, y formalizó su salida de la mayoría progresista. Desde esa ruptura, la formación ha dejado de tener un comportamiento previsible en el hemiciclo: puede abstenerse en el Senado o en el Parlamento catalán ante una iniciativa y refrendar la misma propuesta en el Congreso. El partido defiende públicamente que deberían convocarse ya elecciones generales, en la misma línea que PP y Vox, pero sigue descartando cualquier moción de censura que implique a la formación ultraderechista.
En el plano económico, JxCat aparece crecientemente alineado con el PP en la demanda de reducción de impuestos, una posición que lo aleja del perfil redistributivo que había mantenido durante la primera parte de la legislatura. Las coincidencias con el bloque conservador en materia fiscal han pasado a ser recurrentes y han generado fricción con los socios del Gobierno, que interpretan ese desplazamiento como una señal de que la formación independentista está redefiniendo su espacio político más allá del eje territorial catalán. Feijóo, que en la sesión de control de esta semana volvió a interpelar con dureza a los socios del Gobierno, ha notado la evolución: «Hay cosas que se están moviendo», afirmó al valorar la situación de Junts en el Congreso.
El Gobierno mira al 16 de julio
En el Ejecutivo, en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en Sumar y entre los socios más recurrentes del Gobierno en el Parlamento, la lectura dominante es que el giro táctico de Junts está directamente vinculado al escenario que se abrirá el 16 de julio, fecha en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene previsto dictar sentencia sobre la ley de amnistía y resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la responsabilidad contable de Puigdemont y del expresidente de la Generalitat Artur Mas.
La hipótesis que manejan los aliados del Gobierno es que Junts estaría acumulando capital negociador de cara a ese momento: cuanto más incómoda sea su posición parlamentaria para el Ejecutivo, mayor será su capacidad de extraer compromisos si la sentencia del TJUE despeja el camino para una eventual regularización de la situación de Puigdemont. Es una interpretación, no un hecho establecido, y la propia opacidad táctica de JxCat la dificulta. La formación no ha confirmado ni desmentido esa lectura, y sus portavoces han evitado cualquier declaración que vincule explícitamente su comportamiento en el hemiciclo con el calendario judicial europeo.
Feijóo releva a Puigdemont de sus ataques
Un detalle del comportamiento del PP no ha pasado desapercibido en los corredores del Congreso. Cuando Feijóo o sus portavoces interpelan con dureza a los socios del Gobierno por los casos de corrupción que rodean al PSOE, sus ataques se dirigen principalmente contra Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y contra el Partido Nacionalista Vasco (PNV), pero tienden a obviar o a suavizar las críticas a Junts. La estrategia tiene una lógica: el PP necesita que JxCat materialice en votos su retórica de oposición a Sánchez, y atacar a Puigdemont dificultaría esa convergencia táctica.
El resultado de esa geometría variable quedará retratado el jueves, cuando el Congreso vote la moción sobre la cuestión de confianza. Si Junts la apoya, el PP obtiene el titular político que busca. Si la abstiene o la rechaza, el partido de Puigdemont demostrará una vez más que su voto responde a cálculos propios que no siempre coinciden con sus declaraciones públicas. «Es muy complicado extraer conclusiones inamovibles sobre el sentido de voto ahora de Junts en el Congreso», reconocen fuentes parlamentarias. Varía cada semana, por plenos y en ocasiones dentro de una misma sesión. Esa imprevisibilidad es, por ahora, su principal activo negociador.
