El 12 de junio de 2026 entraron en vigor las últimas piezas del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Ese mismo día, el Papa León XIV concluía su visita a España en Tenerife con un llamamiento a los países europeos a no abandonar a los migrantes tras su llegada a tierra firme, a no consumar lo que denominó el «segundo naufragio» —el de la indiferencia institucional después del físico—. En apenas unas horas quedaron expuestas frente a frente dos respuestas al mismo fenómeno: la de un marco legal recién estrenado, que convierte la expulsión en el eje de la política migratoria europea, y la de un líder religioso que pide a esos mismos Estados que traten la venida como el principio de un proceso de integración, no como un problema a resolver con la mayor velocidad posible.
El reglamento de retornos, aprobado con 389 votos a favor y 206 en contra, es la última parte de un pacto que se negocia hace cinco años. Sus disposiciones más polémicas incluyen centros de deportación en terceros países, períodos de detención de hasta 30 meses prorrogables, la posibilidad de internar a familias con menores como «último recurso» y una orden europea de retorno para coordinar las expulsiones entre Estados. El argumento de sus impulsores es que solo se ejecuta el 28% de las deportaciones dictadas y la norma pretende reducir esa brecha. Silvia Carta, directora de Picum —red de organizaciones que defienden los derechos de los migrantes— señaló que «este reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación».
El comisario europeo de Interior, el austríaco Magnus Brunner, se mostró satisfecho y afirmó que el pacto da a la UE «un mayor control sobre quién puede venir, quién puede quedarse y quién debe marcharse». El principal negociador del texto, el eurodiputado liberal neerlandés Malik Azmani, rechazó las comparaciones con el modelo migratorio de Trump señalando que había trabajado el expediente «desde la izquierda hasta la extrema derecha» porque lo importante era el contenido. La propia frase evidencia el problema: un texto que necesita el voto de la ultraderecha inevitablemente incorpora parte de su lógica. El Consejo de Europa ya advirtió antes de la votación de que algunas disposiciones podrían vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
España queda en una posición incómoda dentro de este nuevo marco. El Gobierno de Sánchez votó en contra del reglamento y rechaza participar en los centros de deportación extraterritoriales, al tiempo que tiene en marcha un proceso de regularización que podría beneficiar a medio millón de personas. La brecha entre la política española y la dirección mayoritaria de la UE en materia migratoria no ha sido nunca tan patente. Esa excepción tiene un coste político que el Moncloa ha decidido asumir, pero también tiene un límite estructural: España forma parte de un espacio de libre circulación cuyas reglas de acceso externo las fija Bruselas, no Madrid, y las deportaciones que España rechaza ejecutar pueden producirse igualmente dentro del territorio europeo del que forma parte.
Lo que León XIV denunció en las Islas Canarias y lo que el reglamento de retornos codifica apuntan al mismo problema desde ángulos opuestos. El «segundo naufragio» que refirió el Santo Pontífice es la consecuencia lógica de un sistema diseñado para que llegar no equivalga a quedarse. Cuando el derecho convierte la expulsión en el objetivo central de las políticas migratorias, la integración pasa a ser la excepción que requiere justificación, no la norma. Esa inversión distingue al Pacto Europeo de marcos anteriores y explica que su entrada en vigor se perciba como un punto de inflexión antes que una corrección técnica. Las organizaciones humanitarias llevan años advirtiendo de que la velocidad con que se procesan los retornos es inversamente proporcional a la atención que se presta a quienes tienen razones legítimas para quedarse.
Europa ha tardado un lustro en ponerse de acuerdo sobre estas reglas. El resultado refleja dónde está el centro de gravedad político del continente en 2026, claramente mucho más a la derecha de donde estaba en 2015, cuando la crisis de los refugiados sirios generó una respuesta de emergencia que el sistema no pudo sostener. Que ese desplazamiento sea duradero depende en parte de lo que ocurra electoralmente en los países que hoy lideran el endurecimiento. En Alemania, Francia e Italia, las fuerzas que impulsaron el pacto afrontan en los próximos dos años citas con las urnas que determinarán si el giro tiene continuidad o si abre paso a posiciones aún más restrictivas. De momento, el muro no es de hormigón. Es de papel oficial con sello de la Unión Europea.
