Pedro Sánchez abrió por primera vez la puerta a un posible adelanto de las elecciones generales en caso de que el Gobierno no logre aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2027, aunque fuentes de Moncloa precisaron que en ningún caso habría comicios en 2026. La declaración, formulada en Bruselas a su llegada al Consejo Europeo, llega después de que el Partido Nacionalista Vasco exigiera a Sánchez presentar las cuentas o convocar elecciones, y mientras el Partido Popular tantea una moción de censura con el apoyo aritmético de 184 diputados.
Pedro Sánchez realizó en Bruselas, a su llegada a la cumbre de líderes europeos, la declaración más explícita hasta la fecha sobre la posibilidad de un adelanto electoral. Preguntado por los medios sobre qué ocurriría si el Gobierno no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2027, el presidente respondió: «Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis». La frase, formulada en condicional, supone un reconocimiento de que la convocatoria anticipada de elecciones es un escenario que el Ejecutivo no descarta si la negociación presupuestaria fracasa. El día anterior, en el Congreso de los Diputados, Sánchez había proyectado una imagen de continuidad: «Si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más para seguir haciendo avanzar a España», dijo en su cruce con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Las dos declaraciones, separadas por menos de 24 horas, ilustran la tensión a la que el presidente somete su propio relato. Fuentes de la Presidencia del Gobierno matizaron a posteriori que, en todo caso, se trataría de un adelanto técnico de unos meses, dado que la legislatura concluye en julio de 2027 y que en ningún escenario habría elecciones en 2026. Sánchez garantizó también que el Ejecutivo cumplirá con su obligación de presentar el proyecto presupuestario ante las Cortes Generales: «Los presupuestos los vamos a presentar», afirmó, y agradeció el tono «constructivo» del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y otras fuerzas parlamentarias que, según dijo, se habían mostrado abiertas a negociar las nuevas cuentas en la víspera.
El PNV fija el ultimátum
La declaración de Sánchez en Bruselas no se produjo en el vacío. El PNV, uno de los socios parlamentarios del Gobierno, había lanzado el día anterior un ultimátum de doble filo: o el Ejecutivo presenta el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, o convoca elecciones. La formación vasca, cuyo apoyo ha sido determinante para la estabilidad parlamentaria del Gobierno en múltiples votaciones de la legislatura, eleva así la presión en un momento en que la aritmética de coalición no garantiza la aprobación de unas cuentas públicas. El PNV ha respaldado iniciativas clave del Ejecutivo, pero ha dejado claro que esa colaboración tiene como condición una agenda de gobierno activa, no la simple gestión de la prórroga presupuestaria.
La exigencia del PNV conecta con una dinámica más amplia. El Gobierno lleva la legislatura en curso sin unos presupuestos propios aprobados, prorrogando las cuentas heredadas. Sánchez reivindicó ante los medios la producción legislativa de su Ejecutivo, que ha aprobado más de 60 leyes en la presente legislatura, y apeló a la «responsabilidad» de los grupos parlamentarios para respaldar un proyecto presupuestario que, según prometió, será «coherente» con la labor de los últimos ocho años de Gobierno. El argumento trata de situar la pelota en el tejado de la oposición y de los socios, pero no neutraliza el hecho de que la ausencia de presupuestos propios debilita la narrativa de un Gobierno con agenda.
Feijóo tantea la moción de censura
Desde Bruselas, donde participó en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo, Feijóo intentó transformar la presión presupuestaria en palanca para un cambio de Gobierno. El líder del Partido Popular (PP) declaró que la «única solución» ante el «atrincheramiento» de Sánchez es «remover al Gobierno para elegir otro» y que convoque elecciones. En una rueda de prensa, Feijóo apeló directamente al PNV y a Junts per Catalunya (JxCat) para que tradujeran en votos sus declaraciones sobre la necesidad de elecciones anticipadas: «Estoy trasladando que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo», proclamó, y advirtió que en caso contrario no pueden seguir «tomando el pelo a la gente».
El líder del PP cifró en 184 los diputados que, según su cálculo, habrían manifestado la necesidad de convocar elecciones de forma inmediata, sumando desde el PNV hasta Vox, pasando por JxCat y el propio PP. La mayoría necesaria para prosperar en una moción de censura es de 176 escaños. Feijóo no presentó formalmente una moción, pero la referencia aritmética fue explícita: «El número de diputados que se necesita para obtener este respaldo son 176. Hagámoslo». El razonamiento omite que una moción de censura constructiva requiere también un candidato alternativo con el respaldo de esa mayoría, un requisito cuya viabilidad real no quedó acreditada en las declaraciones del líder popular.
La Mesa del Congreso como campo de batalla
El pulso entre Gobierno y oposición tiene también un frente parlamentario activo. El martes, los votos de los grupos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar en la Mesa del Congreso impidieron que el Pleno debatiera enmiendas presentadas por el PP y JxCat que reclamaban elecciones anticipadas. Los grupos del Gobierno argumentaron que la convocatoria electoral es una competencia exclusiva del presidente del Ejecutivo y no puede ser objeto de una resolución parlamentaria. El PP anunció que recurrirá esa decisión ante el Tribunal Constitucional.
Para la semana próxima, el PP ha registrado una moción con la misma redacción que iniciativas anteriores que la Mesa calificó sin objeciones, en la que pide que el Congreso deje constancia de la «pérdida de confianza» en el Gobierno por la corrupción y la falta de presupuestos. La estrategia del PP combina la presión mediática, la vía parlamentaria y el recurso constitucional en una ofensiva cuyo objetivo inmediato no es tanto prosperar en ninguna de esas vías como instalar en la opinión pública la imagen de un Gobierno en situación terminal. Sánchez cerró su intervención en Bruselas con una respuesta implícita a esa narrativa: «Por mucho que se hable de estas cuestiones, la vida continúa, el Gobierno actúa».
La legislatura entra en su tramo más decisivo. La presentación de los Presupuestos Generales del Estado, la negociación con los socios parlamentarios y el resultado de las elecciones andaluzas del 17 de mayo configurarán en los próximos meses el escenario en que se determinará si Sánchez agota el mandato o si el adelanto que dejó entrever en Bruselas deja de ser una hipótesis.
