España se convirtió este jueves en el 34º Estado en firmar el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de Abogado, un instrumento jurídico destinado a garantizar la independencia de los letrados y a reforzar las garantías necesarias para el ejercicio libre de una profesión considerada esencial para el Estado de derecho.
La firma tuvo lugar en Estrasburgo y estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien defendió la necesidad de que los abogados puedan desempeñar su labor «sin injerencias» y con plena libertad.
«Se trata de un convenio fundamental para la protección de una profesión básica para cualquier democracia y para el correcto funcionamiento del Estado de derecho», afirmó el ministro.
El texto establece estándares comunes para los países firmantes en ámbitos como el acceso a la profesión, la libertad de expresión de los abogados, la protección frente a presiones externas y el funcionamiento independiente de los colegios profesionales.
Asimismo, obliga a los Estados a garantizar que los abogados puedan ejercer su actividad sin amenazas, intimidaciones, acoso o interferencias indebidas, además de investigar de forma efectiva cualquier agresión o vulneración de sus derechos profesionales.
Una garantía para la democracia
Para el Gobierno español, la firma del convenio supone un paso más en el fortalecimiento de las garantías democráticas y del derecho de defensa.
Bolaños destacó que, aunque la labor de los abogados se desarrolla habitualmente en defensa de intereses particulares, su función contribuye de forma directa a preservar los derechos fundamentales y la calidad del sistema democrático.
«La protección de la abogacía es también la protección de los ciudadanos», subrayó.
El ministro recordó además que España aprobó en 2024 la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, considerada una de las normativas más avanzadas de Europa en materia de garantías para el ejercicio profesional de la abogacía.
Digitalización de la justicia
Durante su visita a Estrasburgo, Bolaños puso igualmente en valor los proyectos de modernización impulsados por el Ministerio de Justicia.
Entre ellos destacó la denominada «Carpeta Justicia», una plataforma digital que permitirá a abogados, procuradores y ciudadanos acceder electrónicamente a expedientes y procedimientos judiciales.
Según el ministro, el Ejecutivo ha destinado más de 800 millones de euros a la transformación digital de la administración de justicia con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad del sistema.
Respaldo de la Abogacía Española
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, presente en la ceremonia de firma, celebró la adhesión de España al convenio europeo.
A su juicio, el texto constituye un avance significativo para reforzar la independencia de la profesión y proteger una actividad que desempeña un papel esencial en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
«Proteger a los abogados y a sus instituciones significa también proteger el derecho de la ciudadanía a una defensa independiente y efectiva», señaló.
La firma del convenio se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por las presiones y amenazas que enfrentan profesionales del derecho en distintos países, lo que ha llevado al Consejo de Europa a impulsar mecanismos específicos de protección para garantizar la independencia de la justicia y de quienes participan en ella.
