La Comunidad de Madrid publicó el viernes en su boletín oficial una medida que obliga a acreditar el empadronamiento en un municipio de la región para obtener la tarjeta de transporte público a partir del lunes. La decisión afecta a cerca de 200.000 usuarios no residentes, entre ellos miles de migrantes en proceso de regularización que habían utilizado ese certificado como prueba de arraigo. Las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes advierten de que la norma agravará su exclusión social.
La Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso publicó el viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) una modificación en las condiciones de acceso a la tarjeta de transporte público regional que entra en vigor este lunes. Desde esa fecha, la obtención del título de transporte quedará condicionada a la acreditación del empadronamiento en un municipio de la región o en un grupo seleccionado de localidades limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León. El requisito se exigirá también para los duplicados y, previsiblemente, para las renovaciones que se producen diez años después de la emisión inicial.
La medida llega en un momento de especial sensibilidad política en torno a la inmigración, pocas semanas después de que el papa León XIV visitara España con un discurso centrado en la dignidad de los migrantes y en el deber de integración de las sociedades de acogida. La Administración autonómica calcula que los usuarios no residentes ascienden a unos 200.000, lo que equivale al 3,4% del total de titulares de la tarjeta. Entre los afectados se encuentran trabajadores que residen fuera de la región y se desplazan diariamente a Madrid, estudiantes procedentes de otras provincias o países y migrantes en situación irregular que habían recurrido al certificado de transporte como documento acreditativo de arraigo para acogerse al proceso de regularización extraordinaria promovido por el Gobierno central esta primavera.
Una medida de 2011 que llega en 2026
Un portavoz de la Comunidad de Madrid rechazó que la norma responda a una motivación política vinculada al debate sobre la inmigración. Según su versión, la exigencia del empadronamiento fue aprobada en 2011 y su aplicación «se ha retrasado durante años por la implantación progresiva de la tarjeta sin contacto, limitaciones tecnológicas e integración del sistema, la pandemia de covid-19 y la alteración de la demanda». El argumento de fondo que esgrime el Ejecutivo autonómico es de sostenibilidad financiera: los precios del transporte público madrileño están fuertemente subvencionados, por lo que, a su juicio, «la finalidad es que quienes contribuyen con sus impuestos al mantenimiento del sistema sean quienes puedan beneficiarse de estas condiciones subvencionadas».
La medida se inscribe en el contexto de la llamada «prioridad nacional» impulsada por Vox, que defiende la preferencia de los ciudadanos españoles sobre los extranjeros en el acceso a servicios públicos. La Comunidad de Madrid no ha adoptado formalmente esa denominación, pero la coincidencia de la norma con ese debate ha avivado las críticas de los colectivos de defensa de los derechos de los migrantes. Por ahora, las familias numerosas quedan excluidas del requisito con «carácter excepcional, por motivos tecnológicos y mientras resulte estrictamente necesario», según el texto publicado en el boletín autonómico.
El empadronamiento como obstáculo y como negocio
El acceso al padrón municipal en Madrid no es un trámite sencillo para amplios sectores de la población migrante. Las dificultades para obtener cita, las trabas administrativas y la negativa de algunos propietarios a facilitar la documentación necesaria para acreditar el domicilio han generado un mercado negro que convierte un trámite gratuito en un negocio ilegal. En redes sociales proliferan anuncios de supuestos gestores que ofrecen empadronamientos rápidos por entre 50 y 300 euros a personas que necesitan acreditar arraigo con urgencia. A 1 de enero de 2026, el municipio de Madrid contaba con 3.527.924 empadronados, con un crecimiento de 67.433 personas solo en el último año.
Gonzalo Fanjul, director de investigaciones de la Fundación Por Causa, advirtió de que la medida puede causar un daño desproporcionado sobre los colectivos más vulnerables. «A quien puede hacer daño, y mucho, es a las familias vulnerables, especialmente a las de origen extranjero, que no han tenido la oportunidad de empadronarse en Madrid por dificultades de todo tipo, como no disponer de una vivienda que puedan acreditar», señaló. Fanjul subrayó que esas familias «se verán obligadas a renunciar a un derecho fundamental como es el del transporte, un mecanismo básico de integración, empezando por la posibilidad de trabajar».
El impacto sobre el proceso de regularización
La oficina de gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid había concentrado esta primavera largas colas de migrantes en situación irregular que necesitaban el certificado de la tarjeta como prueba de arraigo para acogerse al proceso de regularización extraordinaria promovido por el Gobierno central. Con la nueva norma, ese recurso desaparece para quienes no puedan acreditar el empadronamiento, cerrando una de las vías que muchos habían utilizado para demostrar su vinculación con la región ante la Administración.
Edith Espínola, portavoz de la plataforma Regularización Ya, consideró que la medida profundizará en la exclusión de los colectivos más vulnerables. «El padrón ya no es un derecho, es un privilegio», afirmó. Javier Baeza, de la parroquia de Entrevías, uno de los barrios con mayor presencia de población inmigrante en Madrid, fue más directo en su crítica al señalar que dirigentes como el alcalde José Luis Martínez-Almeida o la presidenta Díaz Ayuso han olvidado con rapidez el mensaje que el papa León XIV dejó durante su visita al barrio de La Laguna, cuando afirmó que «quien está en Madrid es de Madrid». La Comunidad de Madrid no ha respondido a esas críticas más allá de reiterar el argumento de la sostenibilidad financiera del sistema de transporte.
