Viena – El acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los mayores desafíos sociales de la Unión Europea. Ante el encarecimiento sostenido de los precios y la escasez de alojamientos asequibles, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) insta a los Estados miembros a reforzar la protección contra los desahucios y a abordar las políticas de vivienda desde la perspectiva de un derecho fundamental.
En su informe anual, la agencia europea advierte de que la vivienda atraviesa una crisis estructural que afecta especialmente a jóvenes, familias vulnerables y personas con bajos ingresos. Entre 2015 y 2024, el precio de la vivienda aumentó un 53,4 % en la Unión Europea, mientras que los alquileres se encarecieron cerca de un 17 %.
La FRA señala además que el fenómeno del sinhogarismo continúa creciendo. Según las estimaciones recogidas por el organismo, cerca de 1,3 millones de personas carecían de vivienda en la UE en 2025. Entre ellas, unos 400.000 menores vivían en la calle, en refugios nocturnos o en alojamientos temporales.
Para la directora de la agencia, Sirpa Rautio, la crisis habitacional ya no es únicamente una cuestión social, sino también democrática.
«Cuando las personas sienten que las instituciones no son capaces de proteger sus necesidades básicas, la confianza en el Estado y en la democracia se erosiona», advierte.
Jóvenes y hogares vulnerables, los más afectados
Aunque dos tercios de los europeos viven en una vivienda de su propiedad, la situación cambia radicalmente entre quienes se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Menos de la mitad de ellos son propietarios y muchos afrontan mayores riesgos de exclusión residencial.
La FRA recuerda que todos los Estados miembros han suscrito compromisos internacionales que reconocen el acceso a una vivienda adecuada como parte de los derechos económicos y sociales fundamentales. En ese contexto, la agencia reclama mecanismos eficaces para prevenir los desahucios y acompañar a las personas afectadas.
El informe destaca que las medidas de protección varían considerablemente entre países. España figura entre los Estados que reforzaron en 2025 las garantías para los inquilinos vulnerables, permitiendo suspender determinados desalojos mientras las autoridades buscan soluciones habitacionales alternativas.
Más vivienda social y control de los alquileres
Más allá de la prevención de los desahucios, la agencia europea pide impulsar políticas destinadas a aumentar la oferta de vivienda asequible.
Entre las medidas recomendadas figuran la regulación de los alquileres, la construcción de vivienda social mediante financiación pública y una mejor gestión de las viviendas vacías y de los alquileres turísticos de corta duración.
La FRA también llama a prestar especial atención a colectivos especialmente expuestos a la crisis, como jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y minorías étnicas.
El informe destaca igualmente experiencias como los tribunales especializados en alquileres existentes en países como Austria, Bélgica o Países Bajos, donde los inquilinos pueden reclamar compensaciones cuando se demuestra que se les ha cobrado por encima de los límites legales.
Mientras tanto, el auge de las plataformas de alquiler turístico continúa alimentando el debate. Entre 2023 y 2025, la oferta de alojamientos de corta duración en plataformas como Airbnb y Booking aumentó un 28 %, especialmente en regiones muy demandadas como Andalucía, Île-de-France o la costa adriática croata.
