El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa presentó este lunes las líneas maestras del nuevo reglamento que regulará las exportaciones españolas de armamento y productos de doble uso civil y militar, un mercado que sumó 3.491 millones de euros en 2024. El texto, que se abre a consulta pública durante quince días, busca agilizar la tramitación de licencias sin relajar los mecanismos de control y tiene como horizonte su entrada en vigor en 2027.
Casi un millar de directivos de empresas del sector de la defensa, representantes de asociaciones y abogados especializados se inscribieron para seguir el acto celebrado este lunes en la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en el que la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y el subdirector general de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso, Rafael Coloma, presentaron las bases del futuro reglamento. España es el décimo vendedor mundial de material de defensa, con un 2,3% del total de ese comercio, según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (Sipri). La expectación del sector estaba justificada: el actual marco normativo data de 2014.
El Gobierno considera que el Real Decreto 679/2014, vigente desde hace doce años, ha quedado obsoleto por una combinación de factores. La proliferación de conflictos internacionales —Ucrania, Oriente Próximo, el escenario abierto por la guerra de Irán— ha alterado de forma radical el panorama estratégico desde entonces. A ello se suma la apuesta española por la construcción de una industria de defensa europea y la irrupción de tecnologías que han transformado el campo de batalla: los drones, la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica plantean casuísticas que la norma de 2014 no contemplaba. Los sucesivos parches normativos aplicados durante este periodo ya no son suficientes, según fuentes del ministerio.
Un reglamento obsoleto desde 2014
El acto de este lunes supone el pistoletazo de salida para la elaboración del nuevo texto. A través de la web del Ministerio de Economía se abrirá un periodo de consulta pública de quince días en el que podrán participar tanto las empresas del sector como organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas al control del comercio de armas, un colectivo habitualmente alejado de estos procesos y cuya inclusión responde al propósito declarado de «realizar un esfuerzo de transparencia», en palabras de fuentes del ministerio. Tras el verano, cuando exista un borrador, se celebrará una segunda ronda de audiencia pública ya con un texto concreto.
Ese borrador deberá superar posteriormente el informe de la Abogacía del Estado, los distintos ministerios implicados, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) y el Consejo de Estado. El calendario previsto sitúa la entrada en vigor del nuevo reglamento en 2027. Las novedades que incorpore tendrán un límite legal infranqueable: la Ley 53/2007 sobre comercio exterior de material de defensa y doble uso no será modificada, y tampoco lo serán las directivas europeas ni los acuerdos internacionales suscritos por España, entre ellos el Tratado de Comercio de Armas.
Licencias generales y autonomía europea
El núcleo técnico de la reforma gira en torno a dos ejes. El primero es la simplificación de los intercambios dentro del espacio comunitario. El Gobierno pretende ampliar el uso de las licencias generales —hasta ahora minoritarias—, que permiten amparar legalmente envíos de material militar entre países de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo sin límite temporal ni de cantidad. Este tipo de autorización cubre suministros a las fuerzas armadas de un Estado europeo, envíos a empresas certificadas para demostraciones o evaluaciones, operaciones de mantenimiento y reparación, y programas financiados por el Fondo Europeo de la Defensa. «Hay que ajustar el control administrativo al riesgo real y evitar cargas innecesarias», señalaron fuentes del ministerio.
El segundo eje es la concentración de recursos en las operaciones de mayor riesgo. La lógica de la reforma establece una distinción entre el envío temporal de equipos para su exhibición en una feria de armamento en un Estado europeo y la venta de material a un país inmerso en un conflicto activo: ambas situaciones no deberían requerir los mismos trámites, argumenta el Ejecutivo. Para garantizar que los materiales exportados con carácter temporal regresen al origen, el futuro reglamento contempla verificaciones a posteriori. La avalancha de solicitudes generada por el crecimiento exponencial de los presupuestos militares en los últimos años ya ha obligado al ministerio a duplicar el personal dedicado a tramitar expedientes.
El embargo a Israel, línea roja
El nuevo marco regulatorio tiene una restricción política explícita que las fuentes consultadas subrayaron sin ambigüedad: el decreto-ley aprobado el pasado septiembre que consagró el embargo militar a Israel no será tocado. La medida, que blindó la prohibición de exportar armamento al Estado israelí en el contexto de la ofensiva sobre Gaza y la escalada en el sur del Líbano, quedará fuera del perímetro de la reforma. Su mantenimiento responde a la posición que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sostenido de forma coherente desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, y que ha sido uno de los ejes de tensión en la relación bilateral con Tel Aviv.
La reforma llega en un momento en que la industria española de defensa atraviesa una fase de expansión sin precedentes. El incremento de los presupuestos militares en Europa, impulsado por el contexto geopolítico posterior a la invasión de Ucrania, ha disparado la demanda de material y ha multiplicado las solicitudes de licencias de exportación. El reto que el Gobierno reconoce abiertamente es dual: que la simplificación burocrática no se convierta en una vía de menor vigilancia para operaciones de riesgo elevado. En palabras de fuentes del ministerio, el objetivo es que el nuevo reglamento no sea «un embudo para una industria en expansión», pero tampoco «un coladero».
