Un juez federal estadounidense declaró ilegal la tasa de 100.000 dólares impuesta por Donald Trump a las empresas que soliciten visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados. La decisión supone un nuevo revés judicial para una de las medidas más controvertidas de la política migratoria del presidente republicano y reabre el debate sobre la necesidad de talento internacional en sectores estratégicos como la tecnología y la investigación.
La justicia estadounidense ha frenado una de las iniciativas más polémicas impulsadas por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Un juez federal determinó que la tasa extraordinaria de 100.000 dólares aplicada a las solicitudes de visas H-1B carece de base legal al invadir competencias que corresponden exclusivamente al Congreso en materia fiscal.
La resolución responde a una demanda presentada por veinte estados gobernados por el Partido Demócrata, que cuestionaron la legalidad de una medida destinada a encarecer de forma drástica la contratación de profesionales extranjeros altamente cualificados. Hasta ahora, los costes asociados a estas visas rara vez superaban los 5.000 dólares.
La administración Trump justificó el recargo argumentando que muchas empresas utilizaban el programa H-1B para sustituir trabajadores estadounidenses por mano de obra extranjera más barata. Sin embargo, grandes compañías tecnológicas, universidades y organizaciones empresariales sostienen que el sistema resulta esencial para cubrir vacantes en sectores donde la oferta local de profesionales especializados sigue siendo insuficiente.
La decisión judicial no pone fin al debate. En diciembre pasado, otra magistrada federal validó la misma tasa en un procedimiento distinto, una sentencia que actualmente se encuentra recurrida. La contradicción entre ambos fallos anticipa una larga batalla legal que podría terminar en instancias superiores.
Cada año, Estados Unidos concede unas 85.000 visas H-1B mediante un sistema de lotería. Los profesionales procedentes de India representan cerca de tres cuartas partes de los beneficiarios, especialmente en áreas vinculadas a la ingeniería, la informática y la investigación científica.
Más allá del aspecto migratorio, el caso refleja una discusión de fondo sobre la competitividad de la economía estadounidense. Mientras los defensores de las restricciones consideran prioritario proteger el empleo nacional, sus detractores advierten que limitar la llegada de talento extranjero podría debilitar la capacidad de innovación del país en plena carrera tecnológica global.
