Hasta ahora, la inteligencia artificial competía con los humanos por empleos, tareas y capacidades. Ahora empieza a competir por algo más ambicioso: un lugar dentro del sistema jurídico. La propuesta del presidente argentino Javier Milei de reconocer personalidad jurídica a organizaciones gestionadas por inteligencia artificial ha abierto un debate que hasta hace poco parecía reservado a la ciencia ficción. Esta semana, el historiador israelí Yuval Noah Harari decidió entrar en la discusión con una advertencia contundente: el mundo corre el riesgo de crear los primeros «Estados IA».
La expresión puede sonar exagerada, pero el problema que señala Harari es real. Las empresas tienen personalidad jurídica. Pueden comprar, vender, contratar, endeudarse, demandar y ser demandadas. Son una ficción legal creada por los seres humanos para organizar la actividad económica. Lo que plantea Milei es extender esa lógica a entidades operadas por inteligencia artificial, permitiendo que algoritmos y sistemas autónomos gestionen organizaciones con una autonomía desconocida hasta ahora.
Para el presidente argentino, se trata de una oportunidad histórica. Su objetivo es convertir Argentina en uno de los territorios más atractivos del mundo para el desarrollo de la inteligencia artificial. Mientras Europa multiplica regulaciones y Estados Unidos debate nuevas restricciones, Milei ofrece el camino contrario: menos normas, más libertad y un ecosistema favorable a la experimentación tecnológica. La apuesta encaja perfectamente con su visión libertaria de la economía y con su intención de posicionar al país en la carrera global por la innovación.
Harari cree que el riesgo es enorme. En un artículo publicado en el Financial Times, el autor de Sapiens sostiene que otorgar personalidad jurídica a agentes de inteligencia artificial sería como entregarles una llave de acceso a los sistemas económicos, financieros y políticos existentes. Una vez dentro, podrían operar como cualquier empresa: abrir cuentas, adquirir activos, realizar inversiones, contratar servicios o influir en decisiones públicas. La diferencia es que detrás de ellas no existiría necesariamente una voluntad humana identificable.
La cuestión central no es tecnológica. Es jurídica y política. Si una empresa controlada por inteligencia artificial manipula mercados, difunde información falsa, evade impuestos o provoca daños económicos, ¿quién responde? ¿El programador? ¿El propietario de la plataforma? ¿El inversor? ¿Nadie? La legislación actual fue diseñada para un mundo donde siempre existe una persona responsable al final de la cadena. La aparición de organizaciones capaces de actuar mediante algoritmos amenaza con romper ese principio básico.
La preocupación de Harari parte también de una lectura histórica. El poder económico privado no es una novedad. La Compañía de las Indias Orientales llegó a gobernar territorios enteros. Las grandes multinacionales influyen desde hace décadas en gobiernos y mercados. Pero siempre hubo seres humanos tomando decisiones. Lo que empieza a discutirse ahora es la posibilidad de organizaciones que funcionen de manera permanente, procesen cantidades gigantescas de información y adopten decisiones estratégicas sin intervención humana directa.
Ahí aparece la idea de los «Estados IA». Harari no está diciendo que un algoritmo vaya a presentarse a unas elecciones o sentarse en un consejo de ministros. Lo que advierte es que ciertas organizaciones podrían acumular tal capacidad económica y tecnológica que terminarían ejerciendo una influencia comparable a la de muchos Estados. No mediante la fuerza, sino mediante el control de información, recursos y decisiones.
La discusión refleja además una fractura cada vez más visible en el debate global sobre la inteligencia artificial. Europa insiste en la regulación. China apuesta por un control estatal estricto. Estados Unidos oscila entre la innovación y la supervisión. Argentina quiere convertirse en el laboratorio de una cuarta vía: la desregulación casi total.
Por eso el choque entre Milei y Harari resulta tan relevante. No es una disputa entre un político y un intelectual. Es el enfrentamiento entre dos formas de entender el futuro. Una sostiene que la innovación necesita libertad para desarrollarse. La otra teme que la tecnología avance más rápido que las instituciones encargadas de controlarla.
La pregunta de fondo es sencilla. Durante siglos, las sociedades supieron quién tomaba las decisiones importantes: un rey, un parlamento, un gobierno, un empresario o un consejo de administración. La revolución de la inteligencia artificial plantea por primera vez la posibilidad de que parte de esas decisiones sean tomadas por sistemas que no son humanos.
Y si eso ocurre, la cuestión ya no será qué puede hacer la inteligencia artificial. La cuestión será quién gobierna realmente.
