La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por la Audiencia Nacional por presunto tráfico de influencias y organización criminal ha puesto bajo el foco once años de mediación entre el chavismo y la oposición venezolana. El caso conecta sus más de medio centenar de viajes a Caracas con una red de blanqueo de capitales destapada por Francia y Suiza, los rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra y una comisión rogatoria enviada a Washington.
La investigación que convierte a José Luis Rodríguez Zapatero en el primer expresidente de la democracia española imputado penalmente no surgió de una denuncia política ni de una querella partidista. Nació de una petición de cooperación judicial de Francia y Suiza en julio de 2024, que alertaba a las autoridades españolas de la existencia de una red internacional de blanqueo de capitales con ramificaciones en España y vínculos con empresarios venezolanos cercanos al régimen de Nicolás Maduro. Ese hilo condujo, trece meses después, hasta el nombre del expresidente y su declaración prevista para el 2 de junio ante el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional.
Lo que sigue es un intento de ordenar los elementos más relevantes de un caso de extraordinaria complejidad, en el que conviven una trayectoria de mediación con resultados humanitarios verificables y una investigación judicial sobre presuntos cobros irregulares a través de una consultora interpuesta. Zapatero niega los cargos y asegura que todos los pagos recibidos son legales.
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El ‘Plan Z’: la última propuesta para apartar a Maduro
En noviembre de 2024, cuando Maduro respondía con una sola palabra —«jamás»— a quienes le insinuaban que debía abandonar el poder, Zapatero se desplazó al Palacio de Miraflores acompañado de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, dos personas de la máxima confianza del presidente venezolano. En esa reunión, hasta entonces desconocida, el expresidente español presentó de viva voz lo que se conocía como el Plan Z: una reforma constitucional que acortara el mandato presidencial de seis a cuatro años, creara la figura de un primer ministro para la gobernabilidad y relegara a Maduro a una presidencia simbólica al estilo europeo. El plan incluía también una ley de amnistía.
Maduro escuchó, asintió y dio por concluida la reunión sin más ceremonia. No respondió en concreto, como tampoco lo hizo ante las propuestas paralelas de Colombia, Brasil y Estados Unidos, que le ofrecieron retiros dorados en Cuba, Rusia y Catar. El dictador no abandonó Miraflores voluntariamente: un comando militar estadounidense atacó Caracas de madrugada y se lo llevó con un chándal Nike gris camino a una prisión en Brooklyn. El Plan Z fue una de las últimas iniciativas de Zapatero en un empeño que sus allegados describen como una obsesión personal.
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Una década de viajes, presos liberados y desgaste político
La mediación de Zapatero en Venezuela arranca en 2015, cuando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la principal coalición opositora, lo invitó como observador electoral. Desde entonces ha viajado a Caracas más de medio centenar de veces: quince en 2016, catorce en 2017, más nueve a República Dominicana donde condujo una mesa de negociación, seis en 2018. En los años siguientes los desplazamientos se redujeron a poco más de dos anuales, a medida que la oposición de línea más dura comenzaba a desconfiar de su cercanía al chavismo.
El activo más difícil de rebatir de su trayectoria es la lista de presos políticos liberados por su intermediación. Entre los más recientes figuran la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, el general Miguel Rodríguez Torres y el candidato presidencial Enrique Márquez. Ricardo Albacete, empresario opositor que pasó seis meses encarcelado tras fabricar el vehículo de campaña de María Corina Machado, lo resume sin ambigüedad: «Yo adoro a María Corina, quiero que ella sea presidenta. Pero eso no me quita que le agradezca a Zapatero y piense que es un gran tipo». En el entorno de Machado, sin embargo, se le describe como el demonio.
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La investigación: tráfico de influencias y la consultora Análisis Relevante
El juez Calama sitúa a Zapatero como presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» destinada a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente de Plus Ultra. El vínculo entre el expresidente y la aerolínea no es directo: pasa por Julio Martínez Martínez, un empresario amigo con el que Zapatero salía a correr y que figura como titular de la consultora Análisis Relevante. Esa empresa recibió grandes cantidades de dinero de Plus Ultra y realizó transferencias al entorno del expresidente, incluyendo pagos superiores a medio millón de euros a Whathefav SL, la mercantil de sus dos hijas.
Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontraron en una libreta de Martínez anotaciones de sus viajes con Zapatero a Venezuela. En una página, escrito de su puño y letra: «Plan Z». El auto judicial recoge además 37 pagos por un total de 649.552 euros realizados por Thinking Heads Group SL, empresa con sucursal en Estados Unidos, como presuntos beneficios canalizados hacia Zapatero. El expresidente niega que esos pagos tengan carácter ilícito y prepara su defensa desde que se enteró de la imputación el 19 de mayo, cuando canceló un vuelo previsto a Caracas.
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El origen judicial: Francia, Suiza y el caso Plus Ultra reactivado
La causa no parte de una iniciativa española. En julio de 2024, las autoridades de Francia y Suiza solicitaron cooperación judicial a España en el marco de una investigación sobre blanqueo de capitales que conectaba América Latina, Europa y paraísos fiscales a través de una red de sociedades pantalla. Los investigadores europeos habían detectado vínculos de esa red con empresarios venezolanos y con el desvío de fondos de los programas de distribución de alimentos subvencionados del Gobierno de Maduro, conocidos como Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como con la venta de oro del Banco de Venezuela a través de una sociedad de Emiratos Árabes.
Tres meses después, la Fiscalía Anticorrupción española se dirigió a esos países para solicitar información adicional, porque había identificado conexiones con un hilo que el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid había archivado en enero de 2023 por un error de forma: las diligencias abiertas a raíz de una querella de Manos Limpias sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2020. En noviembre de 2025, Anticorrupción pedía investigar en España a varios gestores de la red y ponía el foco en Martínez Martínez y su empresa Análisis Relevante, señalada como el eslabón que llevó a los investigadores hasta Zapatero.
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La dimensión internacional: la comisión rogatoria a Washington y los vínculos financieros
El juez Calama ha enviado una comisión rogatoria a las autoridades estadounidenses para obtener información sobre varios imputados en el marco de una pieza separada que mantiene bajo secreto. No es la primera colaboración con Washington en esta causa: el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) ya había facilitado a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía española el contenido de un teléfono intervenido al empresario Rodolfo Reyes Rojas, exdueño de Plus Ultra, cuyos mensajes figuran como indicio central en el auto de imputación.
Los vínculos financieros con Estados Unidos se extienden a otros elementos de la trama. Martínez Martínez tiene fondos en una entidad financiera de Miami que registró movimientos de unos 200.000 euros en 2025, aunque los investigadores precisan que esos fondos no se vinculan de momento al rescate de Plus Ultra. El auto judicial señala además que los principales clientes de Sofgestor, otra mercantil investigada, son sociedades radicadas en Estados Unidos con vínculos con Venezuela. La comisión rogatoria busca ampliar ese mapa financiero en una causa que, por su dimensión internacional, se perfila como la más compleja instruida contra un expresidente español desde la restauración de la democracia.
