El informe de Perspectivas Económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de junio de 2026 sitúa a España como la única economía de la zona euro que mejora sus previsiones de crecimiento en plena crisis energética por el cierre del Estrecho de Ormuz. El organismo eleva una décima su estimación del PIB español para este año, hasta el 2,2%, casi el triple de la media de la zona euro. El economista jefe de la OCDE atribuye parte del dinamismo a la política de regularización de inmigrantes, al tiempo que el informe alerta de la inflación y critica las subvenciones energéticas indiscriminadas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó esta semana su informe de Perspectivas Económicas de junio de 2026 con un dato que contrasta con el deterioro generalizado del entorno global: España es la única economía de la zona euro que ve mejorar sus previsiones de crecimiento para este año. El organismo, con sede en París, eleva una décima su estimación del Producto Interior Bruto (PIB) español respecto al informe de marzo, hasta el 2,2%, la misma cifra que maneja el Gobierno. Esa proyección casi triplica la media de la zona euro, fijada en el 0,8%, y supera con amplitud las previsiones para Alemania (0,7%), Francia (0,7%) e Italia (0,5%). La revisión al alza se produce en plena crisis energética derivada del cierre del Estrecho de Ormuz por la guerra de Irán, un contexto que ha empujado a la OCDE a revisar a la baja las perspectivas del conjunto de la economía mundial.
El organismo atribuye el dinamismo español a la demanda interna, con un consumo privado sostenido por la fortaleza del empleo y una inversión impulsada por los fondos europeos. El economista jefe de la OCDE, Stefano Scarpetta, subrayó en la presentación del informe los buenos resultados de la política migratoria española, señalando que la llegada de trabajadores inmigrantes ha contribuido a mejorar el empleo y la demanda interna «justamente cuando este tema es objeto de debate entre las fuerzas políticas». Scarpetta precisó que el organismo valora el impacto de «el mercado laboral dinámico gracias a la política de regularización», aunque añadió que la integración efectiva de esa población en el mercado laboral es tan importante como la regularización en sí para que la contribución al desarrollo sea plena.
Casi el triple que la media europea
La distancia entre el crecimiento español y el del conjunto de la zona euro refleja una divergencia que se ha acentuado desde el inicio de la crisis energética. Mientras las economías más dependientes del gas natural —Alemania en particular— han sufrido con mayor intensidad el impacto del cierre de Ormuz, España se beneficia de una estructura energética más diversificada, con mayor presencia de renovables en el mix y menor dependencia del petróleo del Golfo Pérsico. El informe de la OCDE reconoce que «la exposición de España al conflicto en desarrollo en Oriente Próximo es limitada» y que el arancel medio sobre las exportaciones españolas a Estados Unidos se mantendrá por debajo del 15%, lo que reduce el impacto de la guerra comercial respecto a otros países europeos más expuestos.
La fortaleza del turismo es otro factor que el informe apunta como favorable en el escenario actual. La OCDE señala que un conflicto prolongado en Oriente Próximo podría impulsar el turismo en España a medida que los viajeros internacionales se decanten por destinos percibidos como más seguros, lo que compensaría parcialmente los efectos negativos de la crisis energética sobre el consumo y la competitividad. Este efecto sustitución ya se observó durante otras etapas de inestabilidad en el Mediterráneo oriental y el norte de África, y podría repetirse si el conflicto iraní se extiende en el tiempo.
La migración como motor económico: lo que dice la OCDE
La referencia de Scarpetta a la política migratoria española introduce en el informe una dimensión que trasciende la economía para adentrarse en uno de los debates políticos más cargados de la legislatura. La OCDE no entra a valorar la decisión política de regularizar, sino sus efectos macroeconómicos verificables: la incorporación de trabajadores al mercado laboral ha contribuido a sostener el consumo privado y a amortiguar las tensiones de oferta en sectores con escasez de mano de obra. La advertencia del economista jefe sobre la necesidad de garantizar la «plena integración» de esa población en el mercado laboral apunta a que los beneficios del proceso de regularización dependen de las políticas de acompañamiento que se apliquen en los años siguientes.
El dato contrasta con el encuadre que la oposición y los partidos de ultraderecha han dado a la misma política: mientras Vox y sectores del Partido Popular (PP) han centrado el debate en los riesgos de la inmigración irregular para la seguridad y el acceso a los servicios públicos, la OCDE la identifica como uno de los factores que explican el diferencial de crecimiento favorable de España respecto al resto de la zona euro. La coincidencia entre la estimación del organismo y la del Gobierno —ambos en el 2,2%— añade un respaldo institucional a la lectura oficial de los datos económicos.
Las advertencias: inflación, subvenciones y permisos de renovables
El informe no está exento de señales de alerta. La OCDE incrementa su expectativa de inflación en España hasta el 3,3% para 2026, en línea con el dato del indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) de marzo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo advierte de que un conflicto prolongado en Oriente Próximo podría mantener elevadas las presiones inflacionarias durante más tiempo y reducir el crecimiento, con algunos países en riesgo de caer en recesión en el peor escenario contemplado —un cierre extendido de Ormuz que reduciría el crecimiento mundial al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027, la mitad del promedio de la última década.
La OCDE formula además dos críticas concretas a la política económica española. La primera apunta a las medidas de mitigación de los altos precios de la energía: el organismo considera que deberían dirigirse mejor hacia los grupos sociales más vulnerables, en lugar de ser indiscriminadas como han sido hasta ahora, y ser de carácter temporal para no fomentar el consumo de combustibles fósiles ni incrementar los costes fiscales de forma estructural. La segunda crítica señala que, pese a que España está bien posicionada en renovables, sería necesario simplificar los procesos de concesión de permisos y acelerar la inversión en infraestructura de red y almacenamiento, cuellos de botella que frenan la transición energética y la capacidad del país de aprovechar su ventaja comparativa en generación limpia.
