El informe anual de Seguridad Nacional identifica más de 600 narcolanchas operando en el Estrecho de Gibraltar, organizaciones que no dudan en embestir a las fuerzas de seguridad y que han causado cinco muertes de agentes en dos años. El decomiso anual de cocaína se triplicó entre 2019 y 2024, de 37.000 a 124.000 kilos, pero el precio del kilo cayó a su mínimo histórico de 14.000 euros. Las mafias sudamericanas han pasado de ejercer un papel logístico a controlar directamente la distribución minorista en España.
El capitán Jerónimo Jiménez Molero y el guardia civil Germán Pérez González murieron el mes pasado en aguas de Huelva mientras perseguían una narcolancha. Son los últimos de una serie que suma cinco agentes de las fuerzas de seguridad fallecidos en dos años en enfrentamientos con el narcotráfico en el sur de España: los dos guardias civiles de Barbate en febrero de 2024 y un gendarme de Portugal en el río Guadiana en 2025 completan el recuento. El informe anual de Seguridad Nacional, publicado seis días después de la última muerte, cifra en al menos 600 las planeadoras que operan en el área del Estrecho de Gibraltar sin que las organizaciones que las dirigen «duden en embestir vehículos terrestres y embarcaciones» cuando se ven acorraladas.
El documento, elaborado con datos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM), señala que las zonas del Estrecho de Gibraltar y del arco Canarias-Atlántico presentan «una vulnerabilidad creciente para España» y alerta del uso de «armas de guerra» por parte de las organizaciones criminales. El número de grupos asentados en España descendió ligeramente entre 2019 y 2024, de 504 a 451, pero el diagnóstico de los expertos es unánime: son algunas menos pero más poderosas y violentas, con fusiles de asalto y armamento automático para proteger sus alijos de robos entre bandas y patrullas policiales.
Cinco muertos en dos años: la violencia normalizada
La imagen que mejor resume la quiebra de autoridad del Estado en la costa sur no la ofrece ningún informe oficial sino una escena documentada por los medios: los vecinos de Barbate jaleando al piloto de una narcolancha que acababa de asesinar a dos guardias civiles en febrero de 2024. Esa aceptación social del narco en determinadas comunidades costeras es, para los analistas policiales, una consecuencia directa de años de presencia sin respuesta efectiva del Estado. Las narcolanchas que esperaron el invierno pasado a que amainara el temporal alineadas frente a las playas de Cádiz y Huelva, a plena vista de los ciudadanos, son otro síntoma del mismo fenómeno.
La violencia tiene también una dimensión nueva: el petaqueo, el suministro de combustible a las embarcaciones en alta mar para que no tengan que tocar puerto y arriesgarse a ser interceptadas, ha generado un «incremento exponencial» de la peligrosidad de las operaciones, según el informe de Seguridad Nacional. El manejo masivo de sustancias inflamables en alta mar añade un riesgo ambiental y de seguridad que las fuerzas policiales de Cádiz y Huelva ven crecer sin que lleguen los medios para atajarlo. «Suelen hacerlo al anochecer, a partir de las 23.00 horas», explican fuentes de la Guardia Civil.
Más decomisos, más droga y más barata
La paradoja central que describe el bloque de informes disponibles es que los decomisos récord no reducen el volumen de droga disponible en el mercado. El 7 de mayo, la Guardia Civil firmó la mayor interceptación de cocaína de la historia de España: 30.000 kilos en la bodega de un solo barco en el Atlántico. El decomiso anual de cocaína pasó de 37.000 kilos en 2019 a 124.000 en 2024, una triplicación que debería reflejar una presión creciente sobre el mercado. Sin embargo, el precio del kilo de cocaína en Madrid y Barcelona ha caído de 33.000 euros en 2015 al mínimo histórico de 14.000 euros actuales.
La explicación está en el volumen: la estrategia de trabajo por inundación del corredor Huelva-Portugal introduce tanta mercancía que los decomisos, por abultados que sean, no logran reducir la oferta. En Colombia, las autoridades incautaron en 2025 la cifra récord de 445,9 toneladas de cocaína, un 59% más que el año anterior, lo que indica que la producción crece más rápido que la capacidad de interceptación. A este volumen se añade la ruta de la costa occidental de África, donde los países de la zona actúan como bodegas de almacenamiento con la connivencia de la corrupción institucional local, según los informes de Europol y las agencias antidroga de Estados Unidos y el Reino Unido.
Saturados y sin medios: el mantra de impotencia policial
En las comisarías de Huelva y Cádiz circula un mantra que resume la situación de los cuerpos sobre el terreno: «No investigamos toda la información que recibimos por falta de personal». Las patrulleras que deben perseguir embarcaciones que navegan a 60 nudos no logran en demasiadas ocasiones ni arrancar, o sus motores gripan con frecuencia. Frente a ellas, organizaciones que disponen de vehículos de última generación, inmuebles, telecomunicaciones avanzadas y efectivo suficiente para comprar voluntades.
El informe de Seguridad Nacional añade una dimensión que agrava el horizonte a medio plazo: las organizaciones criminales están reclutando a jóvenes y adolescentes para la comisión de delitos que van desde los ilícitos más leves hasta la subcontratación de actos violentos, incluyendo asesinatos a cambio de remuneración. Las mafias sudamericanas, que hasta hace pocos años se limitaban a ejercer un papel logístico, han pasado a implicarse directamente en la importación, distribución y control del mercado minorista en España. La combinación de ese avance estructural con la saturación de los cuerpos policiales y la ausencia de refuerzos de fiscales y jueces dibuja un escenario en el que la escalada de los últimos tres años no encuentra aún respuesta institucional a la altura.
