La Oficina de Conflictos de Intereses registró en 2024 y 2025 las mayores cifras de autorizaciones a ex altos cargos para trabajar en empresas privadas desde 2019, con 76 y 71 expedientes respectivamente. El repunte coincide con la investigación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y reabre el debate sobre la ley de lobbies, atascada en el Congreso desde hace cuatro años pese a las advertencias del Consejo de Europa.
La investigación del juez José Luis Calama al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha iluminado un fenómeno que crece en silencio: el tránsito de ex altos cargos hacia el sector privado alcanza sus niveles más elevados en casi una década. Según datos de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, en 2024 se autorizó a 76 exfuncionarios de alto rango a trabajar en empresas antes de que transcurrieran dos años desde el fin de su mandato; en 2025 lo hicieron 71. Ambas cifras contrastan con los apenas 41 expedientes tramitados en cada uno de los ejercicios de 2022 y 2023, y solo son superadas por el pico de 87 autorizaciones registrado en 2019.
El fenómeno no es nuevo, pero su escala actual plantea preguntas que el ordenamiento jurídico español responde de forma incompleta. La frontera entre el aprovechamiento legítimo de la experiencia acumulada en la función pública y el uso indebido de relaciones e influencias adquiridas en el ejercicio del cargo es, según los propios actores del sector, difusa por naturaleza y tiende a ensancharse a medida que crece el número de expolíticos con actividad empresarial.
Las cifras de la Oficina de Conflictos de Intereses
Los datos de la OCI tienen varias limitaciones que conviene precisar. Solo recogen al Gobierno central y excluyen comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que implica que el volumen real de movimientos entre la política y la empresa privada es sensiblemente mayor. Además, la propia oficina reconoce que cuenta con medios reducidos y autoriza casi todas las peticiones que recibe, lo que ha llevado a fuentes del ámbito de las relaciones institucionales a señalar que el organismo funciona en la práctica como un registro antes que como un filtro real.
Los repuntes estadísticos siguen un patrón reconocible: coinciden con cambios de gobierno o remodelaciones ministeriales que liberan a un número elevado de cargos de sus responsabilidades públicas. El más reciente arranca tras las elecciones generales de 2023, cuando se renovaron numerosos puestos y Unidas Podemos quedó reemplazado por Sumar en la coalición. Contribuye también al alza el hecho de que el actual Ejecutivo cuenta con 22 ministerios y ha roto en varios casos la tradición de reservar las direcciones generales a funcionarios de carrera, lo que amplía el número de nombrados políticos que, al cesar, deben reincorporarse al mercado laboral sin la red de seguridad del funcionariado.
La ley de lobbies, cuatro años atascada
Solo los ministros y los secretarios de Estado tienen garantizada una indemnización económica de hasta dos años tras abandonar el cargo. El resto de los altos cargos —subsecretarios, delegados del Gobierno, directores generales y directivos de empresas estatales— debe buscarse la vida de inmediato si no pertenece a un cuerpo de funcionarios. Esa presión económica es uno de los factores que empuja hacia las consultoras y las asociaciones empresariales a perfiles que, de otro modo, podrían optar por la reincorporación al sector público.
El instrumento legal que debería ordenar este tránsito, la ley de lobbies lleva cuatro años paralizada en el Congreso. Alfonso López, presidente de la agencia de relaciones institucionales Rud Pedersen España, la describe como una «flaqueza democrática» y defiende que «la UE y la OCDE dicen que más lobby es más democracia». La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) comparte ese diagnóstico y reclama una norma que fije una incompatibilidad de dos años para el ejercicio de la actividad de lobbista por parte de quien haya ocupado un cargo público. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha advertido a España de que no cumple las recomendaciones sobre regulación de asesores políticos ni ha aprobado la mencionada ley, que entre otras disposiciones incluiría un registro de profesionales y la obligación de publicitar las reuniones con la Administración.
La frontera entre el conocimiento y las relaciones
El quid del debate lo formula con precisión la propia APRI: «La gran pregunta es si te pagan por el conocimiento o por tus relaciones». El Código Penal contempla entre los artículos 428 y 430 el delito de tráfico de influencias, pero la línea que separa la consultoría legítima de la intermediación indebida raramente llega a los tribunales. La lista de expolíticos integrados en consultoras y asociaciones empresariales incluye casos llamativos: la firma Acento fue fundada en 2019 por dos exministros, el popular Alfonso Alonso y el socialista José Blanco; el propio Zapatero trabajó durante un tiempo para la consultora Kreab, la misma empresa que figura en el auto judicial que ha desatado la controversia actual.
Las empresas del sector defienden sus protocolos internos. Desde Kreab aseguran aplicar una «rigurosa política de cumplimiento normativo» con código ético de obligado cumplimiento para trabajadores y colaboradores. En LLYC, otra consultora con presencia de expolíticos en su estructura, afirman que «cualquier cosa sobre la que no se pueda ser transparente no la hacemos». Rud Pedersen, por su parte, prohíbe expresamente el cobro de comisiones a éxito porque, en palabras de su presidente, «abre la puerta a la corrupción y a la mala praxis».
El caso Zapatero y el que protagonizó meses atrás el exministro Cristóbal Montoro han devuelto urgencia a un debate que las cifras de la OCI mantenían latente. Que el número de expolíticos con actividad privada crezca no implica, por sí solo, ninguna irregularidad: la experiencia acumulada en la gestión pública tiene un valor real en el mercado. El problema es que, sin un marco legal que garantice transparencia y trazabilidad, esa misma experiencia resulta indistinguible, desde fuera, del aprovechamiento de contactos e influencias adquiridos a costa del erario. La ley de lobbies lleva cuatro años esperando una respuesta que el Congreso no ha dado.
