El caso reabre el debate sobre la transparencia en la Comisión Europea tras el precedente del «Pfizergate»
La Defensora del Pueblo Europeo, la portuguesa Teresa Anjinho, acusó este viernes a la Comisión Europea de haber incurrido en un caso de «mala administración» por no conservar un mensaje enviado por el presidente francés, Emmanuel Macron, a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en plena negociación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
La decisión supone un nuevo revés para Bruselas en materia de transparencia y vuelve a situar bajo escrutinio la gestión de las comunicaciones privadas de Von der Leyen, apenas un año después del llamado «Pfizergate», el caso de los mensajes intercambiados con el director ejecutivo de Pfizer durante la negociación de los contratos de vacunas contra la Covid-19.
La investigación fue abierta tras la denuncia presentada por el periodista de investigación Alexander Fanta, del medio especializado Follow the Money. En enero de 2024, el periodista solicitó acceso a un mensaje enviado por Macron a través de la aplicación Signal, cuando Francia intentaba frenar o modificar determinados aspectos del acuerdo entre la UE y los países del Mercosur. La Comisión reconoció posteriormente la existencia del mensaje, pero alegó que no podía facilitarlo porque había sido eliminado automáticamente mediante la función de mensajes efímeros de la aplicación.
Un mensaje desaparecido en plena batalla sobre Mercosur
El contenido exacto del mensaje nunca ha sido revelado. Sin embargo, diversas informaciones apuntan a que Macron reiteraba su oposición al acuerdo comercial con Mercosur, considerado por París una amenaza para numerosos sectores agrícolas franceses. Francia ha liderado durante años la resistencia europea al tratado, pese al apoyo de Bruselas y de varios Estados miembros favorables a una mayor apertura comercial con América Latina.
La Defensora del Pueblo concluyó que la Comisión no fue capaz de demostrar cuándo desapareció el mensaje ni si realizó una búsqueda efectiva en el momento en que recibió la solicitud de acceso. Tampoco pudo acreditar si el documento fue eliminado antes o después de la petición formulada por el periodista.
Ante esta situación, Teresa Anjinho reclamó un cambio de prácticas dentro de las instituciones europeas. En particular, pidió que los mensajes intercambiados entre comisarios, jefes de Estado y responsables políticos sean conservados durante un periodo razonable para permitir el control público y el acceso a la información. Además, recomendó que cualquier documento objeto de una solicitud de acceso quede automáticamente preservado hasta que concluya todo el procedimiento administrativo o judicial relacionado con esa petición.
Transparencia bajo presión
El caso llega en un momento especialmente sensible para las instituciones europeas. Según la propia Anjinho, cerca del 40 % de las investigaciones abiertas por su oficina durante 2025 estuvieron relacionadas con cuestiones de transparencia y acceso a documentos públicos. La Defensora ha advertido recientemente del riesgo de que las instituciones conviertan el derecho de acceso a la información en una simple cuestión de gestión administrativa, debilitando uno de los pilares fundamentales de la democracia europea.
Aunque las resoluciones del Defensor del Pueblo Europeo no son jurídicamente vinculantes, suelen ejercer una importante presión política sobre las instituciones comunitarias. La Comisión ha respondido que estudiará las conclusiones del informe y reiteró que las obligaciones de transparencia son «tan importantes como cualquier otra de sus responsabilidades».
La sombra persistente del «Pfizergate»
La controversia recuerda inevitablemente al caso que enfrentó a la Comisión Europea con The New York Times por los mensajes intercambiados entre Von der Leyen y Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, durante la pandemia. En aquella ocasión, el Tribunal General de la Unión Europea concluyó que Bruselas no había ofrecido una explicación suficientemente convincente sobre la desaparición de esos mensajes.
La repetición de episodios similares alimenta una cuestión cada vez más incómoda para las instituciones europeas: hasta qué punto las aplicaciones de mensajería instantánea están sustituyendo los canales oficiales de comunicación sin dejar un rastro documental verificable.
Más allá del contenido concreto del mensaje de Macron, el debate de fondo afecta a la capacidad de los ciudadanos, periodistas y órganos de control para supervisar cómo se toman decisiones políticas que afectan a más de 450 millones de europeos.
