El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha librado una comisión rogatoria a las autoridades de Caracas para recabar información sobre catorce miembros de la banda terrorista ETA que supuestamente se refugian en Venezuela, entre ellos Iñaki de Juana Chaos. El magistrado considera que el cambio político producido tras la caída de Nicolás Maduro permite inferir una colaboración que las anteriores autoridades venezolanas negaron sistemáticamente durante veinticinco años.
El juez Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, acordó el 19 de mayo librar una comisión rogatoria —petición formal de auxilio judicial— a las autoridades de Caracas para que faciliten información sobre catorce miembros de la organización terrorista ETA que presuntamente residen en Venezuela. La resolución, a la que ha tenido acceso El País, señala que el «cambio político operado recientemente en Venezuela» —en referencia a la llegada a la presidencia de Delcy Rodríguez tras la operación militar estadounidense del 3 de enero que derrocó a Nicolás Maduro— «permite inferir una colaboración» de las nuevas autoridades venezolanas para localizar a ese grupo de fugitivos. El juez tomó esta decisión a petición de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), personada en la causa como acusación popular, y en contra del criterio de la Fiscalía, que consideró las comisiones rogatorias innecesarias.
Entre los catorce investigados figura Iñaki de Juana Chaos, uno de los miembros más conocidos de ETA, junto a otros como José Luis Eciolaza Galán, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte y su pareja María Artola Echeverría, o Arturo Cubillas Fontán. El magistrado encuadra la investigación en una causa abierta en 2024 sobre el autodenominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK, en sus siglas en euskera), un órgano que la Guardia Civil describe como subordinado al aparato político de la extinta organización terrorista. Según el auto, el EIPK realizaba «un seguimiento» de los etarras asentados en terceros países y les prestaba «asistencia jurídica y económica», además de someterlos a «control». En esa misma causa figuran ya como imputadas otras siete personas desde hace más de un año.
El archivo de ETA y el expediente venezolano
La investigación se sustenta en parte en el llamado archivo de ETA, un conjunto de más de 40.000 documentos en papel y cientos de terabytes en formato digital intervenidos a miembros de la organización entre 1999 y 2010 en Francia, que París remitió a España en 2018. Ese material ha permitido reconstruir la estructura del EIPK y vincular a los catorce investigados con sus actividades. El juez también se apoya en un informe de la Guardia Civil fechado el 25 de septiembre del año pasado que situaba a ese grupo en Venezuela y los conectaba con el colectivo de huidos. Según el último informe del Departamento de Seguridad Nacional, las fuerzas de seguridad cifran en 23 los etarras en busca y captura repartidos entre Venezuela, Brasil, Cabo Verde, Cuba, Francia, México y Uruguay.
El auto precisa que el objetivo de la comisión rogatoria no es solicitar la extradición de los investigados, sino recabar información para «poder determinar la participación de las personas reseñadas en el delito de integración en organización terrorista». El juez señala que a algunos de los catorce les constan «reclamaciones judiciales pendientes» por atentados cometidos en los primeros años de la democracia española, aunque la resolución distingue con cuidado entre la condición de investigados y la de condenados. La respuesta de Caracas a la comisión rogatoria no está garantizada y su alcance real dependerá de la disposición de las nuevas autoridades venezolanas a cooperar con la justicia española.
El general Carvajal como testigo clave
El auto del juez De Jorge incluye una segunda comisión rogatoria, esta dirigida a Estados Unidos, donde se encuentra encarcelado por narcotráfico el exjefe de la contrainteligencia militar venezolana, el exgeneral Hugo Armando Carvajal. España lo extraditó a la justicia estadounidense en julio de 2023 tras ser arrestado en Madrid. El juez solicita a las autoridades de Washington que faciliten «cuanta documentación o información se halle» en el procedimiento judicial seguido contra el exmilitar en relación con los miembros de ETA fugados en Venezuela, y que le tomen declaración como testigo, para lo cual anuncia que remitiría un «pliego de preguntas» si acceden a colaborar.
La relevancia de Carvajal en esta causa no es nueva. Durante su estancia en España, y en un intento de evitar su extradición a Estados Unidos, el exgeneral aseguró tener información sobre el paradero de presuntos miembros de ETA en Venezuela amparados por el régimen de Maduro, y llegó a ofrecer un supuesto informe con datos de diecisiete de ellos. Diez de esos nombres coinciden con los que aparecen ahora en el auto del juez De Jorge. El magistrado considera que la eventual declaración de Carvajal podría servir para avalar los datos que facilite Caracas, dotando así de una doble verificación a la información que se obtenga por ambas vías.
Veinticinco años de extradiciones denegadas
La asociación Dignidad y Justicia, que impulsó las comisiones rogatorias con un escrito presentado en enero, semanas después de la caída de Maduro, ha documentado la sistemática negativa de Venezuela a colaborar con la justicia española durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Caracas alegaba que los etarras reclamados por España se encontraban amparados por un convenio bilateral suscrito en los años ochenta del siglo pasado, y rechazó de forma reiterada las solicitudes de extradición cursadas a lo largo de un cuarto de siglo. DyJ sostiene que esa actitud ha impedido que muchos de los fugitivos hayan podido ser enjuiciados y que en varios casos los delitos que se les atribuían han prescrito.
La organización confía en que el nuevo gobierno venezolano adopte una postura diferente. En su escrito, DyJ argumentaba que la caída de Maduro invitaba a «considerar el cambio de situación política en Venezuela» como detonante de una eventual colaboración de Caracas en la entrega de información o incluso en la puesta a disposición de la justicia española de los catorce investigados. El juez De Jorge ha asumido ese razonamiento en su resolución. Si las autoridades venezolanas responden a la comisión rogatoria, será la primera vez en décadas que Caracas coopera con España en una causa relacionada con miembros de ETA fugados en su territorio.
