El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea acordaron este lunes el texto final del reglamento de retornos, la última pieza del Pacto Migratorio y de Asilo que entra en vigor el 12 de junio. La norma autoriza la creación de centros de deportación en terceros países y permite enviar a ellos familias con menores. Varios Estados miembros ya negocian en grupos reducidos y con discreción los posibles países de destino, siguiendo el modelo del acuerdo entre Italia y Albania.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (UE) cerraron este lunes el texto final del reglamento de retornos tras casi tres horas de negociaciones a puerta cerrada en Bruselas. La norma, que deberá ser ratificada formalmente antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE, entrará en vigor al día siguiente de esa publicación, aunque los Estados miembros dispondrán de hasta doce meses para aplicar las provisiones más complejas. «Este nuevo reglamento acelerará el proceso de retornos y aumentará el retorno de personas que no tienen el derecho legal de permanecer en la UE», declaró el viceministro chipriota para Migración y Protección Internacional, Nicholas Ioannides, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo este semestre.
El reglamento es la última pieza de un paquete migratorio cuya negociación se ha prolongado durante más de una década. Su elemento central, el Pacto Migratorio y de Asilo propiamente dicho, entra formalmente en vigor el 12 de junio. En febrero se adoptó además la primera lista europea de países de origen seguro y se revisó el concepto de «tercer país seguro», dos medidas que ya allanaban el camino hacia la externalización de los centros de deportación. La tasa de retornos efectivos en la UE ronda el 28% de todas las órdenes de expulsión dictadas, una cifra que los impulsores del reglamento presentan como la justificación central del nuevo enfoque. En paralelo, la Comisión Europea se prepara para recibir en Bruselas a una delegación de los talibanes afganos para negociar un aumento de las deportaciones hacia Afganistán.
El modelo albanés y la Europa de dos velocidades
Sin esperar a que la norma quede formalmente en vigor, varios Estados miembros han comenzado a explorar la creación de centros de deportación propios fuera de las fronteras europeas. Lo hacen en grupos reducidos, de entre dos y cinco países afines, en los márgenes del Consejo Europeo, siguiendo la filosofía de la Europa de las dos velocidades pero aplicada esta vez a las expulsiones de migrantes, según fuentes diplomáticas consultadas por La Vanguardia. La referencia es el acuerdo entre Italia y Albania, impulsado por la primera ministra Giorgia Meloni, aunque Roma se mantiene al margen de esta iniciativa colectiva mientras aguarda que la justicia italiana despeje los obstáculos legales a su propio plan.
Entre los países que se mueven con mayor determinación en esa dirección figuran Alemania, Austria, Grecia, Dinamarca, Suecia y Malta. Países Bajos presenta un caso de interés particular: su nuevo gobierno liberal progresista, encabezado por Rob Jetten, mantiene una política migratoria tan restrictiva como la de su antecesor, aunque con una actitud menos confrontacional hacia Bruselas. El ministro neerlandés de Migración y Asilo, Bart van den Brink, envió la semana pasada una carta al Parlamento de su país en la que daba luz verde para explorar estas «soluciones innovadoras» fuera de las fronteras europeas y aseguraba que los centros de deportación han demostrado ser «legalmente viables». La danesa Mette Frederiksen, pese a encabezar un gobierno socialdemócrata, figura como una de las impulsoras más activas de este modelo.
Qué permite el reglamento aprobado
El texto acordado este lunes autoriza la creación de instalaciones de internamiento en países externos a la UE a las que podrán ser enviadas las personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, incluidas familias con menores de edad, incluso si no tienen ningún vínculo previo con el país al que son trasladadas. El único colectivo expresamente excluido es el de los menores no acompañados. El reglamento extiende además el tiempo máximo de detención hasta veinticuatro meses, con posibilidad de prórroga de otros seis, e introduce una «orden europea de retorno» para facilitar la coordinación entre Estados en los procesos de expulsión.
El principal obstáculo práctico que la norma intenta abordar es la negativa de los países de origen a readmitir a sus ciudadanos expulsados. El texto prevé consecuencias para los Estados que rechacen sistemáticamente esas devoluciones: restricciones en materia de visados, revisión de las ayudas al desarrollo que reciben y eventual deterioro de las relaciones comerciales. Las organizaciones humanitarias han advertido que algunas de estas medidas replican las prácticas más polémicas del servicio de inmigración estadounidense bajo la administración de Donald Trump, y el Consejo de Europa ha señalado posibles contradicciones con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
España, a contracorriente
El nombre de los países que podrían acoger los futuros centros de deportación se mantiene en secreto en los corrillos de Bruselas, según fuentes diplomáticas, por temor a que la mención pública los queme políticamente antes de que los acuerdos estén cerrados. Túnez ha aparecido en algunos informes extraoficiales; Uganda fue considerado en anteriores propuestas neerlandesas, aunque ese proyecto parece haber sido descartado. Los grupos que exploran estas opciones ofrecen a cambio facilidades en visados o una mayor colaboración comercial, pero encontrar un socio dispuesto a seguir el camino de Albania sigue siendo el principal problema sin resolver.
En ese contexto, España se sitúa entre los pocos Estados miembros que rema a contracorriente. El Gobierno de Pedro Sánchez se opuso al reglamento durante su tramitación en el Consejo y mantiene una postura crítica con el conjunto del giro endurecedor de la política migratoria europea. Esa posición contrasta con la de Italia, Dinamarca o los Países Bajos, que han impulsado activamente las medidas más restrictivas. Con el Pacto Migratorio y de Asilo a punto de entrar plenamente en vigor y el reglamento de retornos ya cerrado, el margen para que España modere la aplicación de estas normas en el ámbito interno será limitado: se trata de legislación de aplicación directa en todos los Estados miembros.
